Fiscal de Brasil quiere reabrir juicios de la dictadura e "irrita" a jefes militares

La fiscal general de Brasil, Raquel Dogde, provocó la "irritación" de comandantes del Ejército brasileño a raíz del pedido hecho ante la Corte Suprema para que se reexamine la Ley de Amnistía, que impide la apertura de juicios contra militares acusados de crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985), informó hoy la prensa local.

15 FEB 2018 - 11:21 | Actualizado


Así lo reveló en su portada el diario O Estado de Sao Paulo, que cita que los principales comandantes del Ejército planean una reunión para posicionarse frente al caso, al que consideran "un capítulo superado" de la historia del país.

La fiscal general Dodge pidió la semana pasada al Supremo Tribunal Federal (STF) "reexaminar la Ley de Amnistía", una norma autodictada por el dictador Joao Figueiredo en 1979 que impidió juicios por torturas y asesinatos políticos y que marcó el tono de la transición brasileña a la democracia.

El pedido de Dodge se basa en el caso del asesinato y ocultación del cadáver del diputado federal Rubens Paiva, en enero de 1971 en Río de Janeiro.

La corte había archivado el caso en vigor de la Ley de Amnistía, que fue ratificada en 2010 por el máximo tribunal.

En el caso Paiva están acusados el general retirado José Antônio Nogueira Belham, los coroneles retirados Rubens Paim Sampaio y Raymundo Ronaldo Campos y los ex sargentos Jurandyr Ochsendorf e Souza y Jacy Ochsendorf e Souza, por homicidio triplemente calificado, ocultación de cadáver, asociación ilícita y fraude procesal.

Paiva fue asesinado en la sede del Destacamento de Operaciones e Informaciones (DOI, policía política) en el edificio del Ejército en el barrio de Tijuca, según determinó la Comisión de la Verdad montada en el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

La fiscal general pide al supremo tribunal "reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de tortura" y destacar que el delito de ocultación de cadáver "aleja por completo cualquier indicio de prescripción" del delito.

En Brasil todos los procesos aceptados en la primera instancia chocaron contra la Ley de Amnistía de 1979, cuya derogación fue reclamada por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, entre otros órganos internacionales.

La Comisión de la Verdad provocó el rechazo de los ex generales de las Fuerzas Armadas debido a que también recomendó derogar la ley.

Según esta comisión, fueron documentados 434 casos de muertes y desapariciones en los centros de la policía política del régimen militar brasileño.

De todos modos, la cifra es considerada mayor, teniendo en cuenta apenas que unas 8.000 personas, la mayoría indígenas, fueron matadas en conflictos para la 'colonización' agrícola y obras de infraestructura que la dictadura emprendió en la selva amazónica.

Luego del pedido de Dodge hecho en un escrito la semana pasada, pero revelado en las últimas horas, el gobierno de Michel Temer le otorgó mayor poder al Ejército, al destacar a un general al frente de la operación frente a la ola inmigratoria de venezolanos en el estado norteño de Roraima.
 

15 FEB 2018 - 11:21


Así lo reveló en su portada el diario O Estado de Sao Paulo, que cita que los principales comandantes del Ejército planean una reunión para posicionarse frente al caso, al que consideran "un capítulo superado" de la historia del país.

La fiscal general Dodge pidió la semana pasada al Supremo Tribunal Federal (STF) "reexaminar la Ley de Amnistía", una norma autodictada por el dictador Joao Figueiredo en 1979 que impidió juicios por torturas y asesinatos políticos y que marcó el tono de la transición brasileña a la democracia.

El pedido de Dodge se basa en el caso del asesinato y ocultación del cadáver del diputado federal Rubens Paiva, en enero de 1971 en Río de Janeiro.

La corte había archivado el caso en vigor de la Ley de Amnistía, que fue ratificada en 2010 por el máximo tribunal.

En el caso Paiva están acusados el general retirado José Antônio Nogueira Belham, los coroneles retirados Rubens Paim Sampaio y Raymundo Ronaldo Campos y los ex sargentos Jurandyr Ochsendorf e Souza y Jacy Ochsendorf e Souza, por homicidio triplemente calificado, ocultación de cadáver, asociación ilícita y fraude procesal.

Paiva fue asesinado en la sede del Destacamento de Operaciones e Informaciones (DOI, policía política) en el edificio del Ejército en el barrio de Tijuca, según determinó la Comisión de la Verdad montada en el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

La fiscal general pide al supremo tribunal "reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de tortura" y destacar que el delito de ocultación de cadáver "aleja por completo cualquier indicio de prescripción" del delito.

En Brasil todos los procesos aceptados en la primera instancia chocaron contra la Ley de Amnistía de 1979, cuya derogación fue reclamada por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, entre otros órganos internacionales.

La Comisión de la Verdad provocó el rechazo de los ex generales de las Fuerzas Armadas debido a que también recomendó derogar la ley.

Según esta comisión, fueron documentados 434 casos de muertes y desapariciones en los centros de la policía política del régimen militar brasileño.

De todos modos, la cifra es considerada mayor, teniendo en cuenta apenas que unas 8.000 personas, la mayoría indígenas, fueron matadas en conflictos para la 'colonización' agrícola y obras de infraestructura que la dictadura emprendió en la selva amazónica.

Luego del pedido de Dodge hecho en un escrito la semana pasada, pero revelado en las últimas horas, el gobierno de Michel Temer le otorgó mayor poder al Ejército, al destacar a un general al frente de la operación frente a la ola inmigratoria de venezolanos en el estado norteño de Roraima.
 


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