Chubut negociará que Nación absorba toda su deuda y pagarla a 20 años
El nuevo equipo de Economía planea un canje de acreedores para que Nación absorba toda la deuda de Chubut y hacer un pago a 20 años, con tasas preferenciales. Sería una alternativa similar a 2002, cuando el Gobierno Nacional estatizó los pasivos provinciales y fue descontando de la coparticipación. Además, los otros desafíos: qué pasará con los sueldos, paritarias y el programa de ahorro.
Tal como ocurriera en 2002, con una crisis galopante del país y con las provincias en quiebra, desde el Gobierno Provincial planifican una salida similar a la de ese entonces, cuando el ministro de Economía Roberto Lavagna propuso estatizar las acreencias provinciales, emitir un bono a 16 años y dar algo de oxígeno.
En aquel entonces se propuso una mecánica de pago por la cual se iba descontando de la coparticipación federal a las provincias mes a mes. Aunque se mejoraba el perfil financiero con mejores tasas y una mayor flexibilidad, al convertirse el Gobierno Nacional en el acreedor y ya no los bancos privados.
Ese fue el punto de partida, se estableció una tasa anual bajísima del 6% y luego se implementó el Programa Federal de Desendeudamiento, que lo que vino a hacer es ir posponiendo los pagos de las provincias de forma trimestral, a cambio de ciertas pautas de sustentabilidad en las finanzas. Dentro de este programa, hoy la deuda que tiene Chubut con la Nación está algo por encima de los 500 millones de pesos.
Un esquema similar hoy pasa por la cabeza del nuevo equipo económico del gobernador Mariano Arcioni. Esto se ha podido hacer en parte por ejemplo con los adelantos que fue otorgando el Gobierno Nacional desde agosto del año pasado a través del Fondo Fiduciario.
Pero la consigna sería mucho más ambiciosa e incluiría toda la deuda pública y privada que mantiene hoy la provincia de Chubut, que supera los 30 mil millones de pesos. De todos modos, la negociación también tendría una contraparte de la provincia, que en principio sería la aprobación del Pacto Fiscal, pero que podría continuar con algunas otras concesiones, como por ejemplo la minería.
Hoy el déficit mensual está por encima de los 500 millones de pesos y la ayuda de Nación no podrá mantenerse en el tiempo. El Ejecutivo Provincial es consciente de ello. “Son parches mensuales que solucionan en forma transitoria. Pero necesitamos medidas más de fondo con esa problemática”, aseguró el flamante ministro de Economía Alejandro Garzonio.
Y explicó cuál será la base de la negociación. “En el 2002, 2003 la situación de deuda de la provincia era similar y se negoció consolidar la deuda con un único acreedor que era el Gobierno Nacional que absorbió las distintas entidades financieras que le habían prestado a Chubut y se hizo un programa a 20 años con una tasa diferencial que le permitió tener un oxígeno a la provincia”.
Y remarcó que “habrá que empezar a plantear algo similar, y para buscar además las diferentes opciones. En 2002/2003 a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Nación copó toda la deuda privada que había y se consolidó la deuda. Ese fue un canje de deuda similar al que había Nación para afuera se se hizo de forma interna”.
Consultado al respecto, el titular de la cartera económica marcó que “son gestiones que tenemos pendientes. La aprobación del Pacto Fiscal es fundamental, no tiene gran implicación económica y financiera para Nación y Chubut, pero sí se trata de un gesto político de la provincia para ir a sentarse en la discusión macro con Nación y tener el Pacto aprobado”.
Está claro que la concepción del Gobierno en este caso será la ratificación del Pacto Fiscal para sentarse a negociar posteriormente una reorganización de los pasivos de la provincia. Sin dudas, este será uno de los grandes desafíos de la nueva gestión económica, que llevará tiempo y conversaciones en el medio.
La otra pata, ya de carácter interno para la provincia será la Emergencia Económica. Allí se deberá analizar cómo se hará para saldar la deuda con los proveedores. Muchos de los cuales son pequeñas pymes que tienen deudas ya desde 2015 y que están al borde de la quiebra y con compromisos que afrontar.
Sueldos
En el corto plazo el gran problema a resolver es cómo se pagarán los sueldos. La primera decisión al respecto fue el escalonamiento que debutará este mes, con las fechas del 9, 16 y 23 de marzo. A la pregunta de si este esquema se repetirá más adelante, la respuesta: es muy probable.
Desde el área económica observan que más allá del repunte del sector petrolero y el aporte de regalías que ello puede implicar, no bastará para suplir el agujero financiero de la provincia. Por ello ya están pensando en el escalonamiento de los salarios como una modalidad que llegó para quedarse en los próximos meses.
Algunos pesimistas que no están en las filas del Gobierno, observan que de seguir por este rumbo, más temprano que tarde se llegará a estar atrasados un mes completo en el pago de los haberes a los empleados públicos. Esto teniendo en cuenta las fechas del cronograma de marzo, que estipulan que el último pago se realice el 23 de marzo, ya muy cerca del cierre de mes.
Ahorro
Previo a dejar el cargo en Economía, Pablo Oca remarcó que con el Plan de Reestructuración del Estado y recorte de licencias en sindicatos y horas extras, se buscaría generar un ahorro cercano a los 200 millones de pesos mensuales. Ello permitiría reducir prácticamente a la mitad la sangría mensual.
El objetivo es poner en marcha rápidamente los recortes dentro de la planta política al igual que el congelamiento de los sueldos a funcionarios. Además de reducir gastos supérfluos que en tiempos de crisis son de un peso importante.
Paritarias
El otro gran desafío son las paritarias. Por ahora desde el Gobierno aclaran que no hay fondos, ni equilibrio económico como para otorgar subas salariales. “La prioridad es que se pueda llegar a pagar los sueldos”.
Esta consigna sin embargo, chocará con el reclamo de los trabajadores para recomponer sus sueldos, que ya vienen atrasados del año pasado cuando la inflación superó el 24%. Este año el Gobierno Nacional proyectó un piso del 15% en la suba de precios que, muy posiblemente, se extienda hasta el 20% o quizás unos puntos más.#
Sólo un tercio de las provincias tienen superávit
Sólo un tercio de las administraciones provinciales tiene sus cuentas equilibradas y margen financiero para enfrentar los desafíos de este año de ajustar el gasto público.
Así lo estimó un estudio oficial, al señalar que se trata de un escenario con reclamos salariales por encima de la pauta del 15% y las nuevas restricciones fijadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Además, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), reflejó que San Juan (12,3%), Santiago del Estero (11,8%), San Luis (8,0%) y Córdoba (5,9%) encabezan el ranking de las ocho provincias con superávit fiscal después del pago de intereses de deuda.
Mientras que Jujuy (-17,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Chubut (-19,15%) figuran al tope en el otro extremo de la tabla, entre los 16 distritos en rojo, incluida CABA.
Esto significa que algunas provincias tendrán que hacer un mayor esfuerzo para limitar el gasto ya que la ley aprobada en diciembre pasado dispuso que el gasto salarial no puede superar la inflación real y las plantillas de empleados deben acompañar el crecimiento poblacional.
Esas son las variables que tendrán en cuenta el Gabinete para autorizar la toma de deuda en las gestiones provinciales.
En tanto, las provincias más conflictivas son las que tienen mayor gasto en personal, dependencia de la coparticipación y stock de deuda y en promedio, actualmente, las administraciones destinan un 53,1% de su gasto total en masa salarial.
Río Negro encabeza la lista, con un 64,3%, mientras que San Luis se ubica en la otra punta, con un 35,4%, aunque más de un 70% de sus ingresos son de la coparticipación.
Los especialistas aseguran que serán claves las paritarias de los docentes y estatales para bajar el déficit fiscal, en un contexto con tarifas y dólar subiendo por encima de la inflación.
La Ciudad acordó la semana pasada con los municipales una suba del 12% sin cláusula gatillo y la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció un 15% con una suma única de $4.500 por presentismo.
“No va a resultar sencillo por cuanto en las últimas semanas subió la expectativa de inflación por arriba del 19% para 2018”, dijo a Clarín, Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea.
Por fondos no percibidos y las restricciones durante el kirchnerismo, la Provincia acumula el mayor stock de deuda sobre ingresos (63,5%), por encima de Chubut (94,7%), Jujuy (59%) y el promedio general (39,3%), pero este año Vidal, contará con $40.000 millones adicionales.
El pacto fiscal prevé que las provincias reduzcan ingresos brutos de manera gradual y aumenten los patrimoniales, a cambio del reintegro de fondos al distrito bonaerense y la reforma previsional, con la que el Gobierno obtendría más de $70.000 millones.
La Patagonia, por otra parte, está expuesta a los vaivenes del precio del petróleo y el gas, y dejó de recibir fondos discrecionales tras el cambio de Gobierno.
Tal como ocurriera en 2002, con una crisis galopante del país y con las provincias en quiebra, desde el Gobierno Provincial planifican una salida similar a la de ese entonces, cuando el ministro de Economía Roberto Lavagna propuso estatizar las acreencias provinciales, emitir un bono a 16 años y dar algo de oxígeno.
En aquel entonces se propuso una mecánica de pago por la cual se iba descontando de la coparticipación federal a las provincias mes a mes. Aunque se mejoraba el perfil financiero con mejores tasas y una mayor flexibilidad, al convertirse el Gobierno Nacional en el acreedor y ya no los bancos privados.
Ese fue el punto de partida, se estableció una tasa anual bajísima del 6% y luego se implementó el Programa Federal de Desendeudamiento, que lo que vino a hacer es ir posponiendo los pagos de las provincias de forma trimestral, a cambio de ciertas pautas de sustentabilidad en las finanzas. Dentro de este programa, hoy la deuda que tiene Chubut con la Nación está algo por encima de los 500 millones de pesos.
Un esquema similar hoy pasa por la cabeza del nuevo equipo económico del gobernador Mariano Arcioni. Esto se ha podido hacer en parte por ejemplo con los adelantos que fue otorgando el Gobierno Nacional desde agosto del año pasado a través del Fondo Fiduciario.
Pero la consigna sería mucho más ambiciosa e incluiría toda la deuda pública y privada que mantiene hoy la provincia de Chubut, que supera los 30 mil millones de pesos. De todos modos, la negociación también tendría una contraparte de la provincia, que en principio sería la aprobación del Pacto Fiscal, pero que podría continuar con algunas otras concesiones, como por ejemplo la minería.
Hoy el déficit mensual está por encima de los 500 millones de pesos y la ayuda de Nación no podrá mantenerse en el tiempo. El Ejecutivo Provincial es consciente de ello. “Son parches mensuales que solucionan en forma transitoria. Pero necesitamos medidas más de fondo con esa problemática”, aseguró el flamante ministro de Economía Alejandro Garzonio.
Y explicó cuál será la base de la negociación. “En el 2002, 2003 la situación de deuda de la provincia era similar y se negoció consolidar la deuda con un único acreedor que era el Gobierno Nacional que absorbió las distintas entidades financieras que le habían prestado a Chubut y se hizo un programa a 20 años con una tasa diferencial que le permitió tener un oxígeno a la provincia”.
Y remarcó que “habrá que empezar a plantear algo similar, y para buscar además las diferentes opciones. En 2002/2003 a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Nación copó toda la deuda privada que había y se consolidó la deuda. Ese fue un canje de deuda similar al que había Nación para afuera se se hizo de forma interna”.
Consultado al respecto, el titular de la cartera económica marcó que “son gestiones que tenemos pendientes. La aprobación del Pacto Fiscal es fundamental, no tiene gran implicación económica y financiera para Nación y Chubut, pero sí se trata de un gesto político de la provincia para ir a sentarse en la discusión macro con Nación y tener el Pacto aprobado”.
Está claro que la concepción del Gobierno en este caso será la ratificación del Pacto Fiscal para sentarse a negociar posteriormente una reorganización de los pasivos de la provincia. Sin dudas, este será uno de los grandes desafíos de la nueva gestión económica, que llevará tiempo y conversaciones en el medio.
La otra pata, ya de carácter interno para la provincia será la Emergencia Económica. Allí se deberá analizar cómo se hará para saldar la deuda con los proveedores. Muchos de los cuales son pequeñas pymes que tienen deudas ya desde 2015 y que están al borde de la quiebra y con compromisos que afrontar.
Sueldos
En el corto plazo el gran problema a resolver es cómo se pagarán los sueldos. La primera decisión al respecto fue el escalonamiento que debutará este mes, con las fechas del 9, 16 y 23 de marzo. A la pregunta de si este esquema se repetirá más adelante, la respuesta: es muy probable.
Desde el área económica observan que más allá del repunte del sector petrolero y el aporte de regalías que ello puede implicar, no bastará para suplir el agujero financiero de la provincia. Por ello ya están pensando en el escalonamiento de los salarios como una modalidad que llegó para quedarse en los próximos meses.
Algunos pesimistas que no están en las filas del Gobierno, observan que de seguir por este rumbo, más temprano que tarde se llegará a estar atrasados un mes completo en el pago de los haberes a los empleados públicos. Esto teniendo en cuenta las fechas del cronograma de marzo, que estipulan que el último pago se realice el 23 de marzo, ya muy cerca del cierre de mes.
Ahorro
Previo a dejar el cargo en Economía, Pablo Oca remarcó que con el Plan de Reestructuración del Estado y recorte de licencias en sindicatos y horas extras, se buscaría generar un ahorro cercano a los 200 millones de pesos mensuales. Ello permitiría reducir prácticamente a la mitad la sangría mensual.
El objetivo es poner en marcha rápidamente los recortes dentro de la planta política al igual que el congelamiento de los sueldos a funcionarios. Además de reducir gastos supérfluos que en tiempos de crisis son de un peso importante.
Paritarias
El otro gran desafío son las paritarias. Por ahora desde el Gobierno aclaran que no hay fondos, ni equilibrio económico como para otorgar subas salariales. “La prioridad es que se pueda llegar a pagar los sueldos”.
Esta consigna sin embargo, chocará con el reclamo de los trabajadores para recomponer sus sueldos, que ya vienen atrasados del año pasado cuando la inflación superó el 24%. Este año el Gobierno Nacional proyectó un piso del 15% en la suba de precios que, muy posiblemente, se extienda hasta el 20% o quizás unos puntos más.#
Sólo un tercio de las provincias tienen superávit
Sólo un tercio de las administraciones provinciales tiene sus cuentas equilibradas y margen financiero para enfrentar los desafíos de este año de ajustar el gasto público.
Así lo estimó un estudio oficial, al señalar que se trata de un escenario con reclamos salariales por encima de la pauta del 15% y las nuevas restricciones fijadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Además, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), reflejó que San Juan (12,3%), Santiago del Estero (11,8%), San Luis (8,0%) y Córdoba (5,9%) encabezan el ranking de las ocho provincias con superávit fiscal después del pago de intereses de deuda.
Mientras que Jujuy (-17,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Chubut (-19,15%) figuran al tope en el otro extremo de la tabla, entre los 16 distritos en rojo, incluida CABA.
Esto significa que algunas provincias tendrán que hacer un mayor esfuerzo para limitar el gasto ya que la ley aprobada en diciembre pasado dispuso que el gasto salarial no puede superar la inflación real y las plantillas de empleados deben acompañar el crecimiento poblacional.
Esas son las variables que tendrán en cuenta el Gabinete para autorizar la toma de deuda en las gestiones provinciales.
En tanto, las provincias más conflictivas son las que tienen mayor gasto en personal, dependencia de la coparticipación y stock de deuda y en promedio, actualmente, las administraciones destinan un 53,1% de su gasto total en masa salarial.
Río Negro encabeza la lista, con un 64,3%, mientras que San Luis se ubica en la otra punta, con un 35,4%, aunque más de un 70% de sus ingresos son de la coparticipación.
Los especialistas aseguran que serán claves las paritarias de los docentes y estatales para bajar el déficit fiscal, en un contexto con tarifas y dólar subiendo por encima de la inflación.
La Ciudad acordó la semana pasada con los municipales una suba del 12% sin cláusula gatillo y la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció un 15% con una suma única de $4.500 por presentismo.
“No va a resultar sencillo por cuanto en las últimas semanas subió la expectativa de inflación por arriba del 19% para 2018”, dijo a Clarín, Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea.
Por fondos no percibidos y las restricciones durante el kirchnerismo, la Provincia acumula el mayor stock de deuda sobre ingresos (63,5%), por encima de Chubut (94,7%), Jujuy (59%) y el promedio general (39,3%), pero este año Vidal, contará con $40.000 millones adicionales.
El pacto fiscal prevé que las provincias reduzcan ingresos brutos de manera gradual y aumenten los patrimoniales, a cambio del reintegro de fondos al distrito bonaerense y la reforma previsional, con la que el Gobierno obtendría más de $70.000 millones.
La Patagonia, por otra parte, está expuesta a los vaivenes del precio del petróleo y el gas, y dejó de recibir fondos discrecionales tras el cambio de Gobierno.