Secuestran escrituras de los terrenos que Camioneros compró en La Falda
Bonadio emitió un oficio para obtener información sobre los libros societarios y contables de la obra social del Sindicato que lidera Hugo Moyano. Secuestaron las escrituras de los terrenos que el gremio adquirió en 2013, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación".
La Justicia Federal de Córdoba secuestró las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al sindicalista como presunto autor.
De acuerdo a los datos suministrados a Télam por una fuente judicial, el Juzgado Federal 2, que está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, ordenó recientemente un operativo en una escribanía donde se realizó la escrituración de los terrenos y se secuestró la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.
Asimismo se remitió un exhorto al juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Bonadio, solicitando una serie de procedimientos en esa jurisdicción, para acceder a otros elementos probatorios, trámite procesal que también fue requerido a un juzgado de Lomas de Zamora.
Hasta el momento, no se avanzó en la posibilidad de que esta causa se acumule a jurisdicción del juez Bonadio, quien lleva la mayoría de los expedientes que investigan a Moyano, como tampoco la defensa del sindicalista, el abogado Daniel Llermanos, planteó incompetencia jurisdiccional, por lo tanto la instrucción continuará en manos del juez local, Sánchez Freytes.
Por otra parte, la fuente judicial precisó que hasta tanto no se realicen todos los procedimientos tendientes a reunir los elementos probatorios, no se va a citar a indagatoria a Moyano ni a los restantes imputados, por lo que se presume no va a ser en lo inmediato.
La compra de varios terrenos se realizó en 2013 y se pagó en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.
Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
Sánchez Freites remitió un exhorto a Bonadio para que disponga la realización del operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo Llermanos y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.
Llermanos sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.
Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos en Córdoba, que tendrían un valor menor y por ello el propósito es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.
Ocaña sostuvo recientemente que va a demostrar que "los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social".
La Justicia Federal de Córdoba secuestró las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al sindicalista como presunto autor.
De acuerdo a los datos suministrados a Télam por una fuente judicial, el Juzgado Federal 2, que está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, ordenó recientemente un operativo en una escribanía donde se realizó la escrituración de los terrenos y se secuestró la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.
Asimismo se remitió un exhorto al juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Bonadio, solicitando una serie de procedimientos en esa jurisdicción, para acceder a otros elementos probatorios, trámite procesal que también fue requerido a un juzgado de Lomas de Zamora.
Hasta el momento, no se avanzó en la posibilidad de que esta causa se acumule a jurisdicción del juez Bonadio, quien lleva la mayoría de los expedientes que investigan a Moyano, como tampoco la defensa del sindicalista, el abogado Daniel Llermanos, planteó incompetencia jurisdiccional, por lo tanto la instrucción continuará en manos del juez local, Sánchez Freytes.
Por otra parte, la fuente judicial precisó que hasta tanto no se realicen todos los procedimientos tendientes a reunir los elementos probatorios, no se va a citar a indagatoria a Moyano ni a los restantes imputados, por lo que se presume no va a ser en lo inmediato.
La compra de varios terrenos se realizó en 2013 y se pagó en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.
Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
Sánchez Freites remitió un exhorto a Bonadio para que disponga la realización del operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo Llermanos y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.
Llermanos sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.
Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos en Córdoba, que tendrían un valor menor y por ello el propósito es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.
Ocaña sostuvo recientemente que va a demostrar que "los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social".