Editorial / Un operativo “Manos Limpias” inédito para combatir la falta de controles en el Estado

Anonadada. Así quedó la sociedad chubutense en los últimos días a medida que se iban conociendo detalles del Operativo Embrujo, el nombre de color que eligieron los investigadores para denominar a la presunta asociación ilícita liderada por Diego Correa, un personaje importante de la política chubutense de los últimos tres lustros, no por lo que representaba a nivel personal sino por el lugar que le tocó ocupar en las tres gobernaciones de Mario Das Neves.

La sociedad quedó sorprendida y abrumada por lo que se destapó. No tanto por el nivel de impunidad con el que los fiscales aseguran que se movía la presunta asociación ilícita que lideraba Correa, sino por la gruesa falla en los controles del Estado. La gente sospecha de buena parte de la clase política pero, dentro de ese enorme prejuicio, sigue guardando cierta ingenuidad con respecto a algunas instituciones. Sigue creyendo que un fraude contra el Estado en los niveles que le imputan a Correa, su esposa, su tío político, su secretario y otras dos personas más, no podría concretarse nunca si la primera línea del control del Estado funcionara adecuadamente.

Pero no. Además de todo el morbo que se desató y que seguirá creciendo en las próximas semanas alrededor de Correa y su por ahora presunto fraude contra el Estado, lo que seguirá sorprendiendo es cómo instituciones como la Oficina Anticorrupción (OA), creada para perseguir a los ladrones de fondos públicos, durmió la siesta de la desidia.

Aunque el viernes la OA que lideran el peronista del FpV Guillermo Hansen y el radical Mario Romeo, anunció que se constituirá como querellante en la causa que investiga la presunta defraudación al Estado, instruida por el juez Sergio Piñeda, además de las demás causas vinculadas a la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, la lentitud de la que debería ser la primera línea de control estatal también sorprendió. Sólo basta recordar que el escándalo que tuvo su pico máximo el miércoles pasado con la detención de Correa, estalló hace seis meses (en septiembre del año pasado), cuando un sobre con cientos de expedientes sospechados de configurar una maniobra de sobreprecios en el manejo de los fondos para la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, apareció sobre una mesa en un pasillo de la Legislatura provincial.

También el Gobierno provincial quedó un poco descolocado con las detenciones de dos funcionarios que si bien venían de la gestión anterior, siguieron ocupando sus despachos en Fontana 50.

Es verdad que casi nadie en Chubut liga a Correa con Arcioni, ni mucho menos. Pero el impacto de la noticia a nivel nacional lo salpicó: todos los medios que se hicieron eco de la situación hablaron de la detención de dos secretarios de Arcioni.

Justicia a tiempo

Por otro lado, también sorprende (gratamente) la firme decisión de la Procuración General de Chubut de impulsar una Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que fue creada recientemente y debutó a lo grande.

No es correcto destacar como virtud de un funcionario que haga lo que está dentro de sus obligaciones, pero la sociedad argentina está tan poco acostumbrada a que los funcionarios de los tres poderes del Estado cumplan cabalmente con sus obligaciones, que es ineludible poner el foco en la clara decisión del procurador general Jorge Miquelarena de crear una agencia para investigar la corrupción estatal y, además, que haya empezado con funcionarios de un gobierno que allá lejos y hace tiempo lo impulsó para el cargo de procurador.

Tampoco hay que dejar pasar que la Procuración haya elegido para liderar esta Unidad clave a dos fiscales jóvenes como Omar Rodríguez y Alex Williams, no “contaminados” por el paso de los años en el Poder Judicial y absolutamente decididos a salir de la comodidad en la que otros fiscales prefieren flotar para que sus carreras como acusadores no sufran sobresaltos.

Está demás decir que tanto Miquelarena como Rodríguez y Williams serán observados, como corresponde, por gran parte de la sociedad, que intentará confirmar con el avance de esta causa y de otras que seguramente vendrán que al menos una parte de la Justicia se puso los pantalones largos y comenzó a levantar las alfombras que muchos otros funcionarios judiciales siempre evitaron levantar para que la basura no se vuele.

Una oportunidad

El “Caso Correa” recién comienza y nadie será culpable hasta que la Justicia lo pruebe, lo condene y esa condena quede firme. Pero así y todo, lo que ya se destapó hasta ahora abre una puerta a la oportunidad que tiene la clase política de empezar a deshacerse de viejas prácticas que por acción u omisión involucran a muchos estamentos.

Nadie debería fantasear tampoco con la idea de que este caso, aún de comprobarse la asociación ilícita para defraudar al Estado provincial, vaya a terminar con la corrupción estructural. Pero, al menos, debería ayudar para que los distintos “paragolpes” del Estado comiencen a funcionar inclusive antes que la propia Justicia. Sólo así los corruptos de turno pensarán dos veces antes de tramar un fraude con fondos o bienes públicos.

Un párrafo aparte para el duro golpe que significa la detención de Correa para un sector político clave de la última parte de la historia chubutense: el dasnevismo. Ya sin el líder histórico para tomar decisiones, serán las autoridades partidarias actuales de Chubut Somos Todos las que deberán explicar que la detención de un colaborador tan cercano que, además, todo indica que operaba desde las principales oficinas de la Casa de Gobierno, es un hecho aislado. Un “exceso de confianza”, como algunos intentaron justificar en los últimos días.

El tiempo dirá si no se trata, en verdad, de un golpe del que les será muy difícil recuperarse.