Editorial / Una movilización que le puso marco al descontento

20 MAR 2018 - 21:56 | Actualizado

Los empleados estatales protagonizaron este miércoles una multitudinaria marcha para mostrar su descontento con la situación general pero, sobre todo, con el pago escalonado de salario impuesto por el Gobierno a caballo de una crisis con pocos precedentes en Chubut.
Fue, debe reconocerse, contundente. Y lo fue a lo ancho de toda la geografía provincial pues la madre de las movilizaciones, que fue en Rawson, se replicó en otros distritos como Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En Trelew el impacto se sintió en las calles semi transitadas. Sino baldías, cuanto menos con una presencia vehicular y de peatones bastante morigerada.
El momento es extremadamente delicado porque a la crisis financiera de las arcas provinciales se le suma el evidente quiebre de confianza política sufrido a partir del Caso Correa, con funcionarios del riñón del poder acusados de estafar al fisco, que no es otra cosa que estafar a la gente que trabaja y paga sus impuestos religiosamente so pena de sufrir castigos legales sino lo hace. La actuación de la Justicia, que algunos juzgan por lo menos tardía, suma un contratiempo de enorme peso.
Desde Economía, a partir de la llegada del ministro Garzonio, se ha explicado con bastante claridad la situación que deriva en este cese de las obligaciones del Gobierno de pagar los sueldos como manda la ley. El problema es que los trabajadores no quieren explicaciones sino soluciones. Arguyen, con razonamiento lógico, que estos argumentos no son atendidos por quienes les cobran sus impuestos, sus servicios, sus tarjetas de créditos y demás deudas.
No obstante, cabalgando esa sensación de que “así no va más”, el gobernador Mariano Arcioni tiene hoy en sus manos una chance magnifica de tomar las decisiones que nadie quiso, o no pudo, tomar antes. Esas que casi todos sospechan que darán soluciones políticas y estructurales, sacándose de encima a los funcionarios cuestionados por un lado y reestructurando el Estado, elefantiásico y exasperantemente burocrático, por otro.
El problema es que para eso necesita un acuerdo político amplio y sin fisuras, para lo cual deberá negociar, ceder (tiene una legislatura adversa y los propios, que nunca le fueron fieles a ultranza, se han revolucionado con el cese de contratos a militantes del espacio) y en el mientras tanto, pues no hay soluciones mágicas ni mucho menos instantáneas, soportar los golpes que esta crisis seguirá dando, cuanto menos hasta que se regularice el pago de salarios y se logren acuerdos paritarios.
En esa línea debe revisar con ojo clínico, además, los resortes puertas para adentro. La difusión del listado de cesanteados a partir del decreto que deja sin efecto a los asesores no ayudó, pues además de la herida abierta en el partido que se supone su sostén político, quedó en evidencia que allí no hubo discriminación y pagaron algunos justos por otros pecadores. Y desde lo social amplió una grieta ya indiscutible cuyo argumento, falaz pero muy presente, no distingue a quienes resultan necesarios para la marcha del Estado –que trabajan, en buen romance- de aquellos que lo utilizan como botín, léase ñoquis.
Como si fuera poco, ayer el subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío, tuvo que salir temprano a aclarar que los más de 900 millones de pesos que se recibieron el martes de Nación fueron utilizados para cancelar obligaciones financieras y no para el pago de sueldos. Y agregó un dato: quedan dos vencimientos aún.
En su haber el gobernador cuenta con una carta bastante convincente, también debe señalarse: esto que le ocurre no resulta exclusivo, pues desde Santa Cruz a Chaco son varios los distritos del interior (casualmente, aquellos en donde los votos son pocos, de la mano de un gobierno nacional centralista) que atraviesan situaciones enormemente complejas.
Señalado esto la pregunta que vale para la provincia y también –tangencialmente- para la nación es, de no tomarse medidas drásticas y urgentes que demuestren un cambio palmario y palpable, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este nivel de descontento?
La respuesta vale mucho más que un millón… #

 

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20 MAR 2018 - 21:56

Los empleados estatales protagonizaron este miércoles una multitudinaria marcha para mostrar su descontento con la situación general pero, sobre todo, con el pago escalonado de salario impuesto por el Gobierno a caballo de una crisis con pocos precedentes en Chubut.
Fue, debe reconocerse, contundente. Y lo fue a lo ancho de toda la geografía provincial pues la madre de las movilizaciones, que fue en Rawson, se replicó en otros distritos como Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En Trelew el impacto se sintió en las calles semi transitadas. Sino baldías, cuanto menos con una presencia vehicular y de peatones bastante morigerada.
El momento es extremadamente delicado porque a la crisis financiera de las arcas provinciales se le suma el evidente quiebre de confianza política sufrido a partir del Caso Correa, con funcionarios del riñón del poder acusados de estafar al fisco, que no es otra cosa que estafar a la gente que trabaja y paga sus impuestos religiosamente so pena de sufrir castigos legales sino lo hace. La actuación de la Justicia, que algunos juzgan por lo menos tardía, suma un contratiempo de enorme peso.
Desde Economía, a partir de la llegada del ministro Garzonio, se ha explicado con bastante claridad la situación que deriva en este cese de las obligaciones del Gobierno de pagar los sueldos como manda la ley. El problema es que los trabajadores no quieren explicaciones sino soluciones. Arguyen, con razonamiento lógico, que estos argumentos no son atendidos por quienes les cobran sus impuestos, sus servicios, sus tarjetas de créditos y demás deudas.
No obstante, cabalgando esa sensación de que “así no va más”, el gobernador Mariano Arcioni tiene hoy en sus manos una chance magnifica de tomar las decisiones que nadie quiso, o no pudo, tomar antes. Esas que casi todos sospechan que darán soluciones políticas y estructurales, sacándose de encima a los funcionarios cuestionados por un lado y reestructurando el Estado, elefantiásico y exasperantemente burocrático, por otro.
El problema es que para eso necesita un acuerdo político amplio y sin fisuras, para lo cual deberá negociar, ceder (tiene una legislatura adversa y los propios, que nunca le fueron fieles a ultranza, se han revolucionado con el cese de contratos a militantes del espacio) y en el mientras tanto, pues no hay soluciones mágicas ni mucho menos instantáneas, soportar los golpes que esta crisis seguirá dando, cuanto menos hasta que se regularice el pago de salarios y se logren acuerdos paritarios.
En esa línea debe revisar con ojo clínico, además, los resortes puertas para adentro. La difusión del listado de cesanteados a partir del decreto que deja sin efecto a los asesores no ayudó, pues además de la herida abierta en el partido que se supone su sostén político, quedó en evidencia que allí no hubo discriminación y pagaron algunos justos por otros pecadores. Y desde lo social amplió una grieta ya indiscutible cuyo argumento, falaz pero muy presente, no distingue a quienes resultan necesarios para la marcha del Estado –que trabajan, en buen romance- de aquellos que lo utilizan como botín, léase ñoquis.
Como si fuera poco, ayer el subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío, tuvo que salir temprano a aclarar que los más de 900 millones de pesos que se recibieron el martes de Nación fueron utilizados para cancelar obligaciones financieras y no para el pago de sueldos. Y agregó un dato: quedan dos vencimientos aún.
En su haber el gobernador cuenta con una carta bastante convincente, también debe señalarse: esto que le ocurre no resulta exclusivo, pues desde Santa Cruz a Chaco son varios los distritos del interior (casualmente, aquellos en donde los votos son pocos, de la mano de un gobierno nacional centralista) que atraviesan situaciones enormemente complejas.
Señalado esto la pregunta que vale para la provincia y también –tangencialmente- para la nación es, de no tomarse medidas drásticas y urgentes que demuestren un cambio palmario y palpable, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este nivel de descontento?
La respuesta vale mucho más que un millón… #

 


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