El Consejo de la Magistratura se enfoca en Cristóbal López
El Consejo de la Magistratura aceleró hoy su actividad en la misión que le encomendó la Corte Suprema de Justicia para que investigue la forma en que se conformó el tribunal que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La mayor novedad fue que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó al representante de los jueces, Leónidas Moldes, como instructor de la investigación para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I que emitió el fallo en cuestión.
Tras la reunión, Moldes, en diálogo con Télam, se mostró cauto y señaló que, "por el momento no se ordenó ninguna medida de prueba" dado que "acaba de llegar documentación y, en principio, hay que leer".
El juez se refirió así al fallo de la Cámara de Casación que llegó al Consejo el viernes pasado y que, a criterio del juez de la Sala I Jorge Ballestero, prueba la intervención de Farah por conexidad y justifica su intervención en la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Además, Moldes tiene a disposición documentación remitida por el juez federal Julián Ercolini sobre la asociación ilícita que habría integrado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se vincula con la causa que juzga a López y De Sousa.
Los plazos del consejero instructor para expedirse sobre si existieron o no irregularidades en la conformación del tribunal son muy extensos, pero el mismo Moldes aseguró que acelerará el trámite lo más que pueda.
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, prometió por su parte "desentrañar si había conexidad que justificara" la intervención del camarista Eduardo Farah.
En este sentido, en declaraciones a Radio Nacional, el diputado del PRO precisó que "las salas son de tres jueces pero ésa (por la Sala I) tiene sólo dos jueces permanentes que son Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia y, como ambos tenían opiniones contrarias respecto al cambio carátula, se habilitó un tercer juez, pero no hubo sorteo", detalló Tonelli.
Al igual que Moldes, Tonelli indicó que "es cuestión de sentarse y leer con detenimiento las resoluciones".
"Creo que vamos a poder determinar con certeza si había o no conexidad", estimó el legislador oficialista en la entrevista que concedió esta mañana, antes de la reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.
Sobre la denuncia de la diputada Elisa Carrió por la supuesta existencia de dádivas por favores judiciales, Tonelli dijo que no tenía elementos para sostener (que hubo coimas a los jueces que liberaron a López y De Sousa), pero que tampoco se "atrevería a negarlo".
La diputada oficialista remitió al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia pública que pone en cuestión a los jueces del tribunal, mediante un escrito de seis páginas donde se desgranan los antecedentes de cuestionamientos al camarista Jorge Ballestero.
Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo, en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre el estándar de vida y los ingresos del juez federal.
Carrió recordó que el 9 de febrero de 2000, el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.
En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicado en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título "Cristóbal López busca otra ayuda judicial", en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia como supuesto nexo entre el juez y Cristóbal López.
"Surge (del artículo) que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, ha sido tiempo atrás presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados", indica la líder de la Coalición Cívica en la nueva presentación.
"Igualmente -continúa-, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I)".
La mayor novedad fue que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó al representante de los jueces, Leónidas Moldes, como instructor de la investigación para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I que emitió el fallo en cuestión.
Tras la reunión, Moldes, en diálogo con Télam, se mostró cauto y señaló que, "por el momento no se ordenó ninguna medida de prueba" dado que "acaba de llegar documentación y, en principio, hay que leer".
El juez se refirió así al fallo de la Cámara de Casación que llegó al Consejo el viernes pasado y que, a criterio del juez de la Sala I Jorge Ballestero, prueba la intervención de Farah por conexidad y justifica su intervención en la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Además, Moldes tiene a disposición documentación remitida por el juez federal Julián Ercolini sobre la asociación ilícita que habría integrado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se vincula con la causa que juzga a López y De Sousa.
Los plazos del consejero instructor para expedirse sobre si existieron o no irregularidades en la conformación del tribunal son muy extensos, pero el mismo Moldes aseguró que acelerará el trámite lo más que pueda.
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, prometió por su parte "desentrañar si había conexidad que justificara" la intervención del camarista Eduardo Farah.
En este sentido, en declaraciones a Radio Nacional, el diputado del PRO precisó que "las salas son de tres jueces pero ésa (por la Sala I) tiene sólo dos jueces permanentes que son Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia y, como ambos tenían opiniones contrarias respecto al cambio carátula, se habilitó un tercer juez, pero no hubo sorteo", detalló Tonelli.
Al igual que Moldes, Tonelli indicó que "es cuestión de sentarse y leer con detenimiento las resoluciones".
"Creo que vamos a poder determinar con certeza si había o no conexidad", estimó el legislador oficialista en la entrevista que concedió esta mañana, antes de la reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.
Sobre la denuncia de la diputada Elisa Carrió por la supuesta existencia de dádivas por favores judiciales, Tonelli dijo que no tenía elementos para sostener (que hubo coimas a los jueces que liberaron a López y De Sousa), pero que tampoco se "atrevería a negarlo".
La diputada oficialista remitió al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia pública que pone en cuestión a los jueces del tribunal, mediante un escrito de seis páginas donde se desgranan los antecedentes de cuestionamientos al camarista Jorge Ballestero.
Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo, en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre el estándar de vida y los ingresos del juez federal.
Carrió recordó que el 9 de febrero de 2000, el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.
En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicado en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título "Cristóbal López busca otra ayuda judicial", en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia como supuesto nexo entre el juez y Cristóbal López.
"Surge (del artículo) que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, ha sido tiempo atrás presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados", indica la líder de la Coalición Cívica en la nueva presentación.
"Igualmente -continúa-, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I)".