Editorial / Salarios desdoblados, paros y pueblos sin luz: sobra crisis y falta gestión

Los chubutenses no tienen paz. La difícil situación económica y financiera de la Provincia que desde hace al menos dos años viene agravándose mes a mes, sumó esta semana un muerto. Fue un paro cardíaco no traumático de un comisario que antes de fallecer quedó en el medio de los empujones, forcejeos y golpes entre policías y dirigentes gremiales de ATE. Pero es –dolorosamente- un muerto que no hace más que sumar tensión a la delicada situación económica y social que vive Chubut.

La intransigencia con la que los gremios y el Gobierno han venido manejándose en medio de la crisis no deja de sorprender. Nadie discute la legitimidad del reclamo de los trabajadores estatales, que habían mejorado sustancialmente su situación en los últimos quince años y no están dispuestos a ceder el terreno ganado.

Pero la virulencia de algunos de sus dirigentes gremiales no se condice con la calidad del reclamo (netamente salarial, ya que no hay despidos en masa) y tampoco con la situación que vive el resto de los mortales de la provincia.

En estos últimos dos años y medio, la gran mayoría de los trabajadores chubutenses ha visto por lo menos deteriorada su situación laboral, sin contar a los miles que directamente han perdido su empleo.

Por eso la actitud de algunos gremialistas estatales no sólo fue cuestionada por el oficialismo y algunos dirigentes de la oposición, sino que también generó un resquebrajamiento de la recientemente confirmada “Mesa de Unidad Sindical”, que no está tan unida como parecía y ya tuvo varias bajas.

Todos los cañones apuntan al secretario general a cargo de ATE, Guillermo Quiroga, y al titular de la ATECh, Santiago Goodman. Ambos lideran los dos gremios de estatales más importantes, pero también los dos tienen que atravesar difíciles compulsan internas.

Si la “Mesa de Unidad Sindical” naufraga, Quiroga y Goodman se verán obligados a rever sus estrategias. El conflicto permanente, por intransigente que sea el gobierno de turno, no es el mejor escenario.

Un freno al Decreto 184

El mismo día de la muerte del comisario Néstor Chávez en medio de la protesta de ATE, el Gobierno firmó una resolución para frenar por 60 días el famoso Decreto 184, que impulsaba un fuerte ajuste que para muchos fue un exceso. No tanto por su objetivo sino por la forma desprolija con la que se lo quiso imponer.

La desprolijidad técnica, precisamente, ha sido una constante en estos cinco meses y medio de gestión del gobernador Mariano Arcioni. Algunas provocadas por él mismo, como aquella fatídica frase de la “reestructuración de deuda” que fue interpretada por los mercados financieros como un anuncio de default. Pero la mayoría causadas por su ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, que en su afán por demostrar su intransigencia y su voluntad de ajustar sin medir las consecuencias, le ha hecho cometer al gobernador varios errores.

La resolución, que justamente no pudo ser firmada por Mammarelli porque el jueves viajó a su casa de San Luis –debió volver de apuro el viernes de su descanso para asistir al entierro del comisario fallecido- y en cambio fue rubricada por su vice, Félix Sotomayor, y por el ministro de Economía, Alejandro Garzonio, es una virtual marcha atrás con el polémico decreto.

Aunque es verdad que la resolución aclara que el freno es por “60 días corridos improrrogables”, no es menos cierto que en términos políticos implica una marcha atrás. Algo así como desensillar hasta que aclare. O, al menos, asumir que el decreto se hizo de manera apurada, sin demasiadas consultas técnicas y contiene errores de forma que convierten a algunos de sus artículos en impracticables.

La resolución, por otra parte, descomprime un poco la tensión con los gremios. Algo muy necesario tras el impacto social que causó la muerte del comisario Chávez, que el viernes fue enterrado en Trelew con honores.

Gestionar

La crisis con los gremios parece llevarle al Gobierno más tiempo del que merece. No porque no sea importante sino porque parecen estar todos mirando para un solo lado. Resolver como corresponde un reclamo gremial debería ser responsabilidad del Ministerio de Coordinación y de la Secretaría de Trabajo. Alguien tiene que dedicarse a gobernar y a gestionar el resto de los conflictos.

Una buena del Gobierno fue descomprimir y encauzar la crisis de Seros. No sin ruido, el nuevo titular de la obra social, el contador Miguel Arnaudo, logró poner en caja a todos los prestadores de la salud, inclusive a los odontólogos, que habían sido los más perjudicados en el principio de acuerdo.

El de los odontólogos es un caso testigo: en el afán por arreglar el problema, se cometió un error de cálculo. Se le pagó a todo el resto de los prestadores y a ellos les quedaron debiendo parte de noviembre y todo diciembre. Hubo quejas, llamados, discusiones y el viernes apareció la solución.

Este manejo de los conflictos es un talón de Aquiles del Gobierno. Hay funcionarios que no resuelven casi nada. Hace meses que desde estas páginas se viene alertando por la crisis de los servicios públicos, sobre todo en las localidades del interior. Ayer este diario contó el caso de la escuela rural de Ranquil Huao, que no tiene luz hace tres semanas.

Y anteayer contamos el caso de Lagunita Salada, que mañana se quedará sin luz porque desde Servicios Públicos no le mandan el aceite lubricante para el generador eléctrico.

Y no hablar de una localidad más importante en cantidad de habitantes, como Camarones, que sigue con cortes por falta de combustibles.

¿Quién está manejando esta crisis terminal de los Servicios Públicos? ¿El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Alejandro Pagani, sigue convaleciente por un tema físico? ¿Quién reemplazó al exsubsecretario de Servicios Públicos, el renunciante Pablo Korn?

Gestionar, entre otras cosas, es dar respuestas a todos estos interrogantes. Y respuestas, precisamente, es lo que la gente pide de sus gobernantes. Al menos para que el escenario crítico no se tense todavía más, por el bien de todos.