La conducción del PJ apeló la intervención y denunció "un fallo político"
La conducción del Partido Justicialista que encabeza José Luis Gioja apeló esta mañana la intervención ordenada ayer por la jueza con competencia electoral María Romilda Servini y consideró que se trata de "un fallo político".
"Hemos presentado la apelación, y la hemos pedido con efecto suspensivo para que automáticamente cese esta intervención hasta la resolución de fondo", señaló Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa en Tribunales.
En ese marco, agregó que "no hay fundamento jurídico para esta intervención" ni "ninguna cuestión administrativa".
"No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza", aseveró la apoderada partidaria.
Por su parte, Eduardo López Wesselhoefft, abogado y otro de los apoderados del partido, sostuvo que "el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días".
"La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos", aseveró.
En el texto de la apelación presentada, al que accedió Télam, se afirma que "la decisión de intervenir el Partido Justicialista Nacional sin encontrarse incurso en ninguna causal establecida en la ley de partidos políticos, ni encontrarse reunidos los extremos establecidos en el artículo 225 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al partido".
Los apoderados del justicialismo cuestionaron a Servini en la apelación: "La remoción del Consejo Nacional Partidario, con mandato vigente, con todos los balances aprobados por Vuestra Señoría, resulta incongruente con la medida adoptada entre gallos y medianoches", apuntaron.
"No existe perjuicio actual para los solicitantes, ni el peligro en la demora que se pretende por estar aún lejano el proceso electoral nacional que invoca como justificación", argumentaron en la presentación judicial con la que la conducción del PJ intenta frenar la intervención del partido.
Ayer, Servini ordenó la intervención del PJ y puso a cargo al líder del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, en una medida resistida por Gioja.
La jornada incluyó incidentes y agresiones a periodistas (entre ellos el camarógrafo de Télam Fabricio Baca) en la sede partidaria de la calle Matheu.
"El fallo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Se basa en que perdimos tres elecciones, que es cierto pero no es materia judiciable. Otro (punto del fallo), es que estamos peleados, que hay corrientes internas", criticó el abogado López Wesselhoefft.
El letrado que representa al PJ consideró que la intervención se decidió en "un fallo prácticamente a medida de los peticionantes". La intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), Oscar Rojas (maestranza) y Horacio Valdez (vidrio), para que la Justicia declare "el estado de acefalía" del partido.
Acuña, Rojas y Valdez estimaron que "ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito" de conducir el partido y representar a los afiliados.
El apoderado del PJ también cuestionó que "no se corrió vista al fiscal (electoral, Jorge Di Lello), cuando es de estilo hacerlo".
"Hemos presentado la apelación, y la hemos pedido con efecto suspensivo para que automáticamente cese esta intervención hasta la resolución de fondo", señaló Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa en Tribunales.
En ese marco, agregó que "no hay fundamento jurídico para esta intervención" ni "ninguna cuestión administrativa".
"No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza", aseveró la apoderada partidaria.
Por su parte, Eduardo López Wesselhoefft, abogado y otro de los apoderados del partido, sostuvo que "el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días".
"La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos", aseveró.
En el texto de la apelación presentada, al que accedió Télam, se afirma que "la decisión de intervenir el Partido Justicialista Nacional sin encontrarse incurso en ninguna causal establecida en la ley de partidos políticos, ni encontrarse reunidos los extremos establecidos en el artículo 225 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al partido".
Los apoderados del justicialismo cuestionaron a Servini en la apelación: "La remoción del Consejo Nacional Partidario, con mandato vigente, con todos los balances aprobados por Vuestra Señoría, resulta incongruente con la medida adoptada entre gallos y medianoches", apuntaron.
"No existe perjuicio actual para los solicitantes, ni el peligro en la demora que se pretende por estar aún lejano el proceso electoral nacional que invoca como justificación", argumentaron en la presentación judicial con la que la conducción del PJ intenta frenar la intervención del partido.
Ayer, Servini ordenó la intervención del PJ y puso a cargo al líder del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, en una medida resistida por Gioja.
La jornada incluyó incidentes y agresiones a periodistas (entre ellos el camarógrafo de Télam Fabricio Baca) en la sede partidaria de la calle Matheu.
"El fallo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Se basa en que perdimos tres elecciones, que es cierto pero no es materia judiciable. Otro (punto del fallo), es que estamos peleados, que hay corrientes internas", criticó el abogado López Wesselhoefft.
El letrado que representa al PJ consideró que la intervención se decidió en "un fallo prácticamente a medida de los peticionantes". La intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), Oscar Rojas (maestranza) y Horacio Valdez (vidrio), para que la Justicia declare "el estado de acefalía" del partido.
Acuña, Rojas y Valdez estimaron que "ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito" de conducir el partido y representar a los afiliados.
El apoderado del PJ también cuestionó que "no se corrió vista al fiscal (electoral, Jorge Di Lello), cuando es de estilo hacerlo".