Sobreprecios en Educación: la defensa dice que es un caso para la Justicia Federal

El defensor Omar López objetó la competencia de la Justicia provincial en la investigación de presuntos sobreprecios en la contratación de viajes estudiantiles por parte de funcionarios del Ministerio de Educación de la provincial del Chubut durante la anterior gestión provincial y ahora la continuidad de un juicio oral y público contra cuatro imputados depende de esa decisión.

No obstante que durante el proceso  la jueza Ivana González rechazó ya en dos oportunidades un planteo similar, el defensor oficial ahora volvió a insistir en que la denuncia debió realizarse ante la Justicia Federal. Se espera que para el próximo lunes a las 9 los jueces Mirta Moreno, Sergio Piñeda y Fabio Monti, den a conocer la resolución en la que deberán decidir si son competentes o no para llevar adelante el juicio oral y público que en la mañana de este jueves tuvo este planteo previo por parte del defensor López.

Junto a Damián D’Antonio, López defiende a Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y el exministro Rubén Zárate. Por su parte el defensor particular Sergio Miranda defiende a Sergio Combina.

Gallichio, Harrys, Zárate y Combina, están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”. Se les endilga presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación del servicio de transporte estudiantil en cuatro hechos puntuales. Se trata de la contratación de micros de larga distancia en los que  estudiantes secundarios de educación técnica del Chubut viajaron en dos oportunidades a dos veces a Buenos Aire, luego a  Zárate y también a Santiago del Estero para participar en una competencia de educación técnica en prototipos de autos eléctricos.

Para el defensor López se hace necesario que intervenga la Justicia Federal, porque los fondos destinados a ese programa de educación, provenían del presupuesto del Estado nacional. Agregó en su fundamentación que no solo los fondos tenían este origen, sino que además el control, administración, monitoreo, supervisión y la auditoría contable y pedagógica, también le pertenecían a ese Ministerio naciona. Para ello citó varias resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación que, a su criterio acreditan la “nula” participación de estamento provincial alguno. “Este tribunal que se conformó no es el competente” dijo en alusión a los jueces Monti, Piñeda y Moreno “y por ello la presente causa debe enviarse a la competencia federal”, dijo.

Para el fiscal general Osvaldo Heiber, el caso debe ser juzgado por este tribunal de la Justicia Federal porque “la administración infiel es en perjuicio del erario público provincial. Se trató de un quebrantamiento de la fidelidad en el cuidado de bienes ajenos afectando la confianza entre demandantes y mandatarios”.

La misma actitud expusieron los representantes de la Fiscalía de Estado, el doctor Martín Castro y Rodrigo Miquelarena. En el mismo sentido destacaron que “está acreditado por el Tribunal de Cuentas de la provincia que los fondos para el programa estudiantil, ingresaron al presupuesto de gastos y recursos de la Provincia del Chubut” y destacaron que para ello se creó una Unidad Ejecutora Provincial a cargo de la administración de esos recursos y dependiente del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. “La provincia se encargó de controlar el uso y destino de esos fondos y que finalmente era la Nación aprobaba o rechazaba tal rendición. Esto fue así al punto tal que desde Nación las cuentas fueron bloqueadas ante la falta de rendición por parte de la provincia”.

La causa fue impulsada por el  ex ministro de Educación, Fernando Menchi y el ex fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, por el presunto pago de sobreprecios en la contratación del transporte para esos viajes. La audiencia en la que se resolverá la competencia del Tribunal, se realizará el próximo día lunes a las 9 en el sexto piso del edificio de Tribunal de Trelew.

(Fuente: Ministerio Público Fiscal)