Un juez ordena a Trump retroceder con su cruzada contra los inmigrantes
Un juez de Estados Unidos le ordenó al presidente de ese país, Donald Trump, que reactive el programa de inserción de jóvenes indocumentados conocido como DACA (Por la sigla en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, denominados "soñadores".
El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró "inexplicada" la derogación del programa, ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal".
Bates dijo que la suspensión fue "arbitraria y caprichosa" porque el gobierno "no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal".
No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al gobierno de justificar por qué puso fin al programa, reportó la agencia de noticias EFE.
Si no se presentan novedades relevantes, el Ejecutivo "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones" pasados los 90 días, decidió el juez.
"Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado, que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios del DACA, está expuesto a una deportación por una acción ilegal", concluyó Bates.
La suspensión de la Acción Diferida ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.
De hecho, en enero último, otro juez federal ordenó la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.
El plan de Acción Diferida fue promulgado en 2012 por el entonces mandatario Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como "soñadores".
En sus planes para combatir la inmigración, Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.
Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.
El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró "inexplicada" la derogación del programa, ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal".
Bates dijo que la suspensión fue "arbitraria y caprichosa" porque el gobierno "no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal".
No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al gobierno de justificar por qué puso fin al programa, reportó la agencia de noticias EFE.
Si no se presentan novedades relevantes, el Ejecutivo "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones" pasados los 90 días, decidió el juez.
"Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado, que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios del DACA, está expuesto a una deportación por una acción ilegal", concluyó Bates.
La suspensión de la Acción Diferida ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.
De hecho, en enero último, otro juez federal ordenó la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.
El plan de Acción Diferida fue promulgado en 2012 por el entonces mandatario Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como "soñadores".
En sus planes para combatir la inmigración, Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.
Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.