El diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto de ley que tiene como objetivo excluir de la suspensión de juicio a prueba a delitos que actualmente pueden ser beneficiados con la "probation", como los que involucran a la integridad sexual, la violencia de género, y en los que son víctimas agentes de fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones, entre otros. Además, la iniciativa propone tomar en cuenta la posición de la víctima, la cual tendrá la potestad de oponerse a la suspensión del juicio a prueba.
En particular, el proyecto de ley, que cuenta con el acompañamiento en su presentación de otros diputados nacionales, consiste en la modificación del artículo 76 bis del Código Penal argentino.
En los fundamentos de la propuesta, Menna indicó que “el proyecto de Ley tiene por finalidad modificar los alcances y la implementación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba establecido en los artículos 76 bis a 76 quater del Código Penal de la Nación”.
La "probation" es un mecanismo por el cual el imputado puede pedir la suspensión del proceso sujetándose a reglas de conducta y ofreciendo además reparar el daño provocado. En este sentido, el diputado radical recordó que “en su concepción originaria, la norma excluyó del beneficio a quienes resultaran imputados por delitos reprimidos con una pena máxima superior a tres años de prisión o reclusión, a los perpetrados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y a los hechos que contemplen penas de inhabilitación”.
No obstante, y entre otras cuestiones, Menna observó que “es notorio que la víctima del hecho continúa siendo la gran ausente a la hora de considerar la concesión del beneficio”. Consideró en este sentido que “la omisión de considerar la voz de los damnificados a la hora de prestar su consentimiento con el otorgamiento del beneficio al perpetrador del delito se alza contra normas superiores”, ya que “el derecho de las víctimas a acceder a un juicio justo, y obtener una sentencia derivada de este, forma parte de lo que conocemos como el ‘bloque de constitucionalidad federal’”.
Así, continuó el legislador, “la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba sin escuchar la opinión de la víctima o, peor aún, cuando manifiesta su oposición en forma expresa, frustra el derecho a que la cuestión se ventile en un juicio y, consecuentemente, el derecho a obtener una sentencia”.
En este punto, Menna aclaró que “del ejercicio de la facultad que el presente proyecto reconoce a la víctima no se deriva perjuicio ni conculcación de garantía alguna para el imputado, habida cuenta que la negativa da lugar a la realización de un juicio con todas las reglas del debido proceso”.
El diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto de ley que tiene como objetivo excluir de la suspensión de juicio a prueba a delitos que actualmente pueden ser beneficiados con la "probation", como los que involucran a la integridad sexual, la violencia de género, y en los que son víctimas agentes de fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones, entre otros. Además, la iniciativa propone tomar en cuenta la posición de la víctima, la cual tendrá la potestad de oponerse a la suspensión del juicio a prueba.
En particular, el proyecto de ley, que cuenta con el acompañamiento en su presentación de otros diputados nacionales, consiste en la modificación del artículo 76 bis del Código Penal argentino.
En los fundamentos de la propuesta, Menna indicó que “el proyecto de Ley tiene por finalidad modificar los alcances y la implementación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba establecido en los artículos 76 bis a 76 quater del Código Penal de la Nación”.
La "probation" es un mecanismo por el cual el imputado puede pedir la suspensión del proceso sujetándose a reglas de conducta y ofreciendo además reparar el daño provocado. En este sentido, el diputado radical recordó que “en su concepción originaria, la norma excluyó del beneficio a quienes resultaran imputados por delitos reprimidos con una pena máxima superior a tres años de prisión o reclusión, a los perpetrados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y a los hechos que contemplen penas de inhabilitación”.
No obstante, y entre otras cuestiones, Menna observó que “es notorio que la víctima del hecho continúa siendo la gran ausente a la hora de considerar la concesión del beneficio”. Consideró en este sentido que “la omisión de considerar la voz de los damnificados a la hora de prestar su consentimiento con el otorgamiento del beneficio al perpetrador del delito se alza contra normas superiores”, ya que “el derecho de las víctimas a acceder a un juicio justo, y obtener una sentencia derivada de este, forma parte de lo que conocemos como el ‘bloque de constitucionalidad federal’”.
Así, continuó el legislador, “la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba sin escuchar la opinión de la víctima o, peor aún, cuando manifiesta su oposición en forma expresa, frustra el derecho a que la cuestión se ventile en un juicio y, consecuentemente, el derecho a obtener una sentencia”.
En este punto, Menna aclaró que “del ejercicio de la facultad que el presente proyecto reconoce a la víctima no se deriva perjuicio ni conculcación de garantía alguna para el imputado, habida cuenta que la negativa da lugar a la realización de un juicio con todas las reglas del debido proceso”.