San Luis va a la Justicia contra el tarifazo en el gas
El Gobierno de San Luis, encabezado por Alberto Rodríguez Saá, anunció que recurrirá a la vía judicial, a través de la presentación de un recurso de amparo, contra el aumento en la tarifa del gas.
Así lo informó a Télam el jefe de programa de Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, quien además adelantó que la presentación se realizará la segunda semana de mayo próximo, en conjunto con la Fiscalía de Estado provincial.
En este sentido, Montiel Díaz argumentó que el recurso se basará en que “no se ha cumplido lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia tarifaria” y en que el aumento "causará serios perjuicios" a los ciudadanos.
“Estamos estudiando informes y recolectando las pruebas necesarias para hacer el escrito”, dijo el funcionario quien aseguró que el amparo será presentado en conjunto con la Fiscalía del Estado provincial.
Según trascendió de fuentes oficiales, la presentación se concretará la segunda semana de mayo, dado que, al fin de semana largo por el Día del Trabajador y el feriado puente, se suman en el distrito feriados provinciales para el resto de los días de la semana.
En tanto, la ministra de Hacienda puntana, Natalia Zabala Chacur, consideró que “los tarifazos que aplica el gobierno nacional son para cubrir un déficit fiscal de su gasto público y, lamentablemente, lo pagan con mayor costo quienes menos ingresos tienen”.
Además, en declaraciones periodísticas, la funcionaria del gabinete de Rodríguez Saá definió como “un apriete directo del Presidente a las provincias” al pedido realizado esta semana por el presidente Mauricio Macri para que las provincias quiten impuestos de las facturaciones de los servicios públicos a fin de reducir el impacto para los usuarios de los aumentos de tarifas.
“Macri se equivoca nuevamente y lo hemos visto retroceder muchas veces cuando toma decisiones erróneas pero en esta ocasión no quiere retroceder nuevamente, porque sabe que si lo hace pierde credibilidad y no quiere asumir el costo político de un tarifazo sobre la gente que menos tiene”, sostuvo la ministra puntana.
Además, subrayó que “el gobierno de San Luis no cobra ningún impuesto específico ni por el gas, ni por la energía, ni por el agua” e indicó que lo que cobra es sobre los Ingresos Brutos que, a nivel nacional, es “la alícuota más baja”.
“Se la cobramos a personas humanas o entidades jurídicas que ejercen alguna actividad lucrativa y eso que se recauda llega a la provincia para abastecer necesidades de toda la población y se destina a salud, educación, seguridad, a generar obra pública, en definitiva, a mantener la paz social que siempre caracterizó a San Luis”, argumentó la ministra.
Así lo informó a Télam el jefe de programa de Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, quien además adelantó que la presentación se realizará la segunda semana de mayo próximo, en conjunto con la Fiscalía de Estado provincial.
En este sentido, Montiel Díaz argumentó que el recurso se basará en que “no se ha cumplido lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia tarifaria” y en que el aumento "causará serios perjuicios" a los ciudadanos.
“Estamos estudiando informes y recolectando las pruebas necesarias para hacer el escrito”, dijo el funcionario quien aseguró que el amparo será presentado en conjunto con la Fiscalía del Estado provincial.
Según trascendió de fuentes oficiales, la presentación se concretará la segunda semana de mayo, dado que, al fin de semana largo por el Día del Trabajador y el feriado puente, se suman en el distrito feriados provinciales para el resto de los días de la semana.
En tanto, la ministra de Hacienda puntana, Natalia Zabala Chacur, consideró que “los tarifazos que aplica el gobierno nacional son para cubrir un déficit fiscal de su gasto público y, lamentablemente, lo pagan con mayor costo quienes menos ingresos tienen”.
Además, en declaraciones periodísticas, la funcionaria del gabinete de Rodríguez Saá definió como “un apriete directo del Presidente a las provincias” al pedido realizado esta semana por el presidente Mauricio Macri para que las provincias quiten impuestos de las facturaciones de los servicios públicos a fin de reducir el impacto para los usuarios de los aumentos de tarifas.
“Macri se equivoca nuevamente y lo hemos visto retroceder muchas veces cuando toma decisiones erróneas pero en esta ocasión no quiere retroceder nuevamente, porque sabe que si lo hace pierde credibilidad y no quiere asumir el costo político de un tarifazo sobre la gente que menos tiene”, sostuvo la ministra puntana.
Además, subrayó que “el gobierno de San Luis no cobra ningún impuesto específico ni por el gas, ni por la energía, ni por el agua” e indicó que lo que cobra es sobre los Ingresos Brutos que, a nivel nacional, es “la alícuota más baja”.
“Se la cobramos a personas humanas o entidades jurídicas que ejercen alguna actividad lucrativa y eso que se recauda llega a la provincia para abastecer necesidades de toda la población y se destina a salud, educación, seguridad, a generar obra pública, en definitiva, a mantener la paz social que siempre caracterizó a San Luis”, argumentó la ministra.