VIP en Comodoro: el lunes se sabrá si Pulley y tres funcionarios municipales irán a juicio oral

Están acusados de cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. Les rechazaron su absolución.

18 MAY 2018 - 21:39 | Actualizado

La jueza de Comodoro Rivadavia, Daniela Arcuri, definirá el lunes  si una causa por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, irá a juicio.
La resolución de la magistrada fue dada a conocer en una audiencia preliminar celebrada el pasado jueves en los tribunales de esa urbe petrolera y tuvo una duración de once horas.
En la causa están imputados el comisario inspector Alejandro Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa y los exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal, Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos.
En la audiencia los fiscales sostuvieron sus acusaciones, ofrecieron prueba y requirieron se eleve la causa a juicio oral y público ante un tribunal colegiado por las penas requeridas. Las defensas plantearon los sobreseimientos de sus pupilos, los cuales fueron rechazados, restando ahora el dictado de elevación a juicio que fue diferido para el lunes.
En un primer momento los defensores plantearon un pedido de sobreseimiento por vencimiento de plazo. Los fiscales se opusieron y la jueza resolvió rechazar el planteo defensista.

Los VIP

Los hechos presentados en la acusación acontecen desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016, en el domicilio de la calle Francia al 500, donde funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba seguridad interna.
Pulley, como jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba.
 Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas de Ferreira Almada y Cuellar Gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal.
Percibió una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por la empresa Via Cargo, sostuvo un parte de prensa  de la Fiscalía comodorense.
La otra parte consistente en legajos conexos con acusación formulada el pasado 4 de agosto de 2017. Antonio Zúñiga desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016, ejecutó actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis, asimismo ilegalmente omitió hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público.
Fue nombrado en febrero de 2013 como subsecretario de Seguridad Municipal. Debía cumplir con la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas.
Zúñiga emitió libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución encubierta en los  locales comerciales Bagatel, El Duke, Belgrano I y II y Zulú.
Según lo aportado por testigos, Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales. Omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección.
El segundo hecho aconteció entre el 1 de febrero de 2013 y el 5 de diciembre de 2016. Allí,  los coimputados Antonio Zúñiga, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal, valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro.
El dinero era percibido de modo periódico y reiterada y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas.
También la acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.

Penas

En cuanto a las penas, los fiscales Camila Banfi y Martín Cárcamo, esimaron una pena entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua además para Pulley.
En tanto que de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez y de 3 años de prisión para Barrientos.
Pulley está imputado de cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor y Cuellar Gamboa “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución”, en calidad de coautor.
En tanto que Zúñiga, Velázquez y Barrientos están acusados de “acciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores y partícipe secundario, respectivamente.#

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18 MAY 2018 - 21:39

La jueza de Comodoro Rivadavia, Daniela Arcuri, definirá el lunes  si una causa por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, irá a juicio.
La resolución de la magistrada fue dada a conocer en una audiencia preliminar celebrada el pasado jueves en los tribunales de esa urbe petrolera y tuvo una duración de once horas.
En la causa están imputados el comisario inspector Alejandro Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa y los exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal, Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos.
En la audiencia los fiscales sostuvieron sus acusaciones, ofrecieron prueba y requirieron se eleve la causa a juicio oral y público ante un tribunal colegiado por las penas requeridas. Las defensas plantearon los sobreseimientos de sus pupilos, los cuales fueron rechazados, restando ahora el dictado de elevación a juicio que fue diferido para el lunes.
En un primer momento los defensores plantearon un pedido de sobreseimiento por vencimiento de plazo. Los fiscales se opusieron y la jueza resolvió rechazar el planteo defensista.

Los VIP

Los hechos presentados en la acusación acontecen desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016, en el domicilio de la calle Francia al 500, donde funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba seguridad interna.
Pulley, como jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba.
 Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas de Ferreira Almada y Cuellar Gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal.
Percibió una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por la empresa Via Cargo, sostuvo un parte de prensa  de la Fiscalía comodorense.
La otra parte consistente en legajos conexos con acusación formulada el pasado 4 de agosto de 2017. Antonio Zúñiga desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016, ejecutó actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis, asimismo ilegalmente omitió hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público.
Fue nombrado en febrero de 2013 como subsecretario de Seguridad Municipal. Debía cumplir con la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas.
Zúñiga emitió libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución encubierta en los  locales comerciales Bagatel, El Duke, Belgrano I y II y Zulú.
Según lo aportado por testigos, Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales. Omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección.
El segundo hecho aconteció entre el 1 de febrero de 2013 y el 5 de diciembre de 2016. Allí,  los coimputados Antonio Zúñiga, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal, valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro.
El dinero era percibido de modo periódico y reiterada y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas.
También la acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.

Penas

En cuanto a las penas, los fiscales Camila Banfi y Martín Cárcamo, esimaron una pena entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua además para Pulley.
En tanto que de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez y de 3 años de prisión para Barrientos.
Pulley está imputado de cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor y Cuellar Gamboa “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución”, en calidad de coautor.
En tanto que Zúñiga, Velázquez y Barrientos están acusados de “acciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores y partícipe secundario, respectivamente.#


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