Palestina denuncia a Israel ante la Corte Penal Internacional
El canciller palestino, Riad Al Malki, pidió a la CPI que investigue a Israel por "crímenes y violaciones" relacionados con la "actividad colonial bajo la ocupación en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este", así como por la reciente matanza de decenas de manifestantes en la frontera de la Franja de Gaza por disparos de soldados.
La petición fue entregada a primera hora de hoy por Al Malki a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en la ciudad holandesa de La Haya.
El canciller invocó la condición de Estado parte del Estatuto de Roma, del que goza Palestina hace tres años, para reclamar a la fiscalía que examine los casos denunciados, entre los que se incluye la muerte de civiles sin causa legal, la expulsión de población palestina en los territorios ocupados, apropiación ilegal de tierras, demolición de viviendas y la política de Israel de "detenciones arbitrarias".
"El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia, lo que incluye la expansión de los asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro y el bloqueo a la franja de Gaza", señala un comunicado de Al Malki previo a la denuncia.
El canciller palestino urgió a Bensouda a enviar a un equipo de investigadores a Gaza y Cisjordania para "recoger pruebas" y abrir así un caso formal en la CPI contra Israel, informó la agencia de noticias EFE.
Desde que Palestina se incorporó en abril de 2015 a la CPI, tiene la capacidad de presentar este tipo de peticiones formales, aunque como exigen los procedimientos de la Corte, es la Fiscalía quien decidirá si abrir una investigación preliminar sobre el caso.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) decidió recurrir a este tribunal, situado en La Haya, después de la muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera con la Franja de Gaza por disparos del Ejército israelí.
La respuesta israelí vino del portavoz de la cancillería Emmanuel Nahson, quien expresó que Tel Aviv "considera que se trata de un paso cínico sin validez legal".
"Los palestinos están explotando a la Corte Penal Internacional con fines políticos, en lugar de trabajar para reanudar el proceso de paz", agregó tras acusar a Ramallah de "usar también a mujeres y niños como escudos humanos para ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos israelíes".
Para Israel, la CPI carece de jurisdicción sobre el conflicto israelí-palestino, ya que Israel no es miembro del Estatuto de Roma y porque la Autoridad Palestina no es un Estado, sino un mero país observador en Naciones Unidas.
En los últimos tres años, la fiscalía de la CPI solo se dedicó a reunir información preliminar vinculada a Palestina e Israel.
Estados Unidos había solicitado al presidente palestino Mahmud Abbas que detuviera las denuncias ante la CPI para no perjudicar los esfuerzos de mediación de la presidencia del demócrata Barack Obama ante Israel, pero tras la ruptura del consenso internacional por Donald Trump con el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y el traslado de la Embajada norteamericana a la Ciudad Santa, el líder palestino decidió dar luz verde a las acusaciones contra Israel.
En diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó -por unanimidad de sus miembros, salvo la abstención de Washington, que no ejerció su derecho al veto- la resolución 2334, que niega legitimidad a las colonias construidas desde la guerra de los Seis Días.
En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde, que fijaba fronteras antes de 1967, se han instalado hoy unos 400.000 israelíes en 131 emplazamientos "autorizados" y en otros 97 declarados "ilegales" por el propio Gobierno israelí.
La comunidad internacional no reconoce legalmente ninguno de esos asentamientos.
La tensión en la Franja de Gaza era ya alta desde las protestas palestinas por la Gran Marcha del Retorno y contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pero aumentó el pasado día 14, cuando este movimiento se hizo efectivo.
Al menos 60 manifestantes palestinos murieron por fuego israelí ese día y dos más al siguiente, lo que eleva a 110 las víctimas mortales desde que empezaron las manifestaciones el 30 de marzo.
La petición fue entregada a primera hora de hoy por Al Malki a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en la ciudad holandesa de La Haya.
El canciller invocó la condición de Estado parte del Estatuto de Roma, del que goza Palestina hace tres años, para reclamar a la fiscalía que examine los casos denunciados, entre los que se incluye la muerte de civiles sin causa legal, la expulsión de población palestina en los territorios ocupados, apropiación ilegal de tierras, demolición de viviendas y la política de Israel de "detenciones arbitrarias".
"El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia, lo que incluye la expansión de los asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro y el bloqueo a la franja de Gaza", señala un comunicado de Al Malki previo a la denuncia.
El canciller palestino urgió a Bensouda a enviar a un equipo de investigadores a Gaza y Cisjordania para "recoger pruebas" y abrir así un caso formal en la CPI contra Israel, informó la agencia de noticias EFE.
Desde que Palestina se incorporó en abril de 2015 a la CPI, tiene la capacidad de presentar este tipo de peticiones formales, aunque como exigen los procedimientos de la Corte, es la Fiscalía quien decidirá si abrir una investigación preliminar sobre el caso.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) decidió recurrir a este tribunal, situado en La Haya, después de la muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera con la Franja de Gaza por disparos del Ejército israelí.
La respuesta israelí vino del portavoz de la cancillería Emmanuel Nahson, quien expresó que Tel Aviv "considera que se trata de un paso cínico sin validez legal".
"Los palestinos están explotando a la Corte Penal Internacional con fines políticos, en lugar de trabajar para reanudar el proceso de paz", agregó tras acusar a Ramallah de "usar también a mujeres y niños como escudos humanos para ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos israelíes".
Para Israel, la CPI carece de jurisdicción sobre el conflicto israelí-palestino, ya que Israel no es miembro del Estatuto de Roma y porque la Autoridad Palestina no es un Estado, sino un mero país observador en Naciones Unidas.
En los últimos tres años, la fiscalía de la CPI solo se dedicó a reunir información preliminar vinculada a Palestina e Israel.
Estados Unidos había solicitado al presidente palestino Mahmud Abbas que detuviera las denuncias ante la CPI para no perjudicar los esfuerzos de mediación de la presidencia del demócrata Barack Obama ante Israel, pero tras la ruptura del consenso internacional por Donald Trump con el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y el traslado de la Embajada norteamericana a la Ciudad Santa, el líder palestino decidió dar luz verde a las acusaciones contra Israel.
En diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó -por unanimidad de sus miembros, salvo la abstención de Washington, que no ejerció su derecho al veto- la resolución 2334, que niega legitimidad a las colonias construidas desde la guerra de los Seis Días.
En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde, que fijaba fronteras antes de 1967, se han instalado hoy unos 400.000 israelíes en 131 emplazamientos "autorizados" y en otros 97 declarados "ilegales" por el propio Gobierno israelí.
La comunidad internacional no reconoce legalmente ninguno de esos asentamientos.
La tensión en la Franja de Gaza era ya alta desde las protestas palestinas por la Gran Marcha del Retorno y contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pero aumentó el pasado día 14, cuando este movimiento se hizo efectivo.
Al menos 60 manifestantes palestinos murieron por fuego israelí ese día y dos más al siguiente, lo que eleva a 110 las víctimas mortales desde que empezaron las manifestaciones el 30 de marzo.