Editorial / Los chicos tienen que volver a las aulas y los gremios y el Gobierno a la mesa de negociación

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Aulas vacías. Persiste el conflicto con el sector docente y los chicos, mientras tanto, no tienen clases.
26 MAY 2018 - 21:24 | Actualizado

En las últimas dos semanas, la mayoría de los chicos que asisten a las escuelas públicas de Chubut no tuvo clases o, peor aún, tuvo apenas unas horas descolgadas porque algunos docentes no se plegaron a los paros, conformando un escenario de poca seriedad para un tema tan importante para cualquier sociedad como la educación.

Por supuesto que a los trabajadores de la Educación –como a cualquier trabajador- los asiste el derecho a reclamar por sus intereses. Pero no se puede obviar que aún en la crisis, ningún empleado público dejó de percibir sus salarios. ¿Desdoblados y devaluados? Sí, pero también percibidos en su totalidad.

Solo basta con mirar un poco al costado para darse cuenta que no son pocos los sectores en donde los sueldos se pagan en cuotas, en negro y por debajo de la media de un salario público. Eso en el mejor de los casos: hay otros que ya no los perciben más porque fueron dejados en la calle, batiendo palmas, prendiendo fogatas y haciendo piquetes, mientras otros se quejan en las redes sociales pidiendo “mano dura” con los que lesionan su derecho “a la libre circulación”.

Con las contradicciones de buena parte de la clase media chubutense se podrían escribir varios tomos de tratados filosóficos o ensayos psicológicos.

Buenos y malos

La gravedad de la crisis económica, política y social que atraviesa Chubut no puede zanjarse colocando a los responsables de los problemas de un lado y a las víctimas del otro. Esa sensación del “conflicto permanente” que a algunos dirigentes –sobre todo gremiales- les encanta percibir, puede funcionar en las épocas en donde lo que se discute es cómo se reparte la torta. Pero ahora no hay torta, ni bandeja, ni migas. Sólo miserias.

¿Hay responsables por ello? Por supuesto: gran parte de la dirigencia política que pasó por Fontana 50 en los últimos dos gobiernos. Algunos, inclusive, siguen ocupando cargos en el Gobierno provincial. Pero identificar a los “culpables” no es suficiente ni va a solucionar el problema de fondo.

Tampoco se puede soslayar el peso negativo que ha tenido para Chubut la llegada de Mauricio Macri al poder, le duela a quien le duela. Chubut estalló por los aires por las atrocidades políticas cometidas puertas adentro pero también por los brutales tarifazos y las políticas anti-empleo de la Alianza Cambiemos.

Los globos amarillos que flotan briosos en otros cielos, a Chubut llegaron desinflados. Y nadie los quiere inflar. Como si alguien quisiera que las llamas de la crisis no se extingan hasta que los tiempos electorales sean más convenientes a los intereses del Gobierno nacional. Lo que parecen no entender algunos es que las llamas queman a todos por igual, a diestra y siniestra. El fuego se va a llevar puestos a todos. Pero más tarde al que, al menos, intente apagarlo.

Un poco de cordura

Son muchos los que reclaman una solución para el conflicto docente pero pocos los que han actuado en consecuencia. Por ahora no es más que un grano de arena en el desierto pero vale la pena el intento. Una jueza de Comodoro Rivadavia, la Dra. María Marta Nieto, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de padres para que sus hijos puedan volver a clases. El reclamo es más amplio y pretencioso: exigen un nuevo plan de estudios para recuperar los meses perdidos.

Por ello, la jueza Nieto convocó para mañana al Gobierno –en la persona del gobernador Mariano Arcioni-; al secretario general de la ATECh, Santiago Goodman; al Ministerio de Educación; a la Asesoría de Familia; a la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia; y a la Secretaría de Trabajo.

Se trata de una audiencia de conciliación en una sede judicial, un ámbito con menos contenido político y en donde las partes deberán encontrar un camino para llegar a la solución.

No es inédito lo de esta jueza comodorense. Ya se vienen haciendo audiencias similares en la Provincia de Río Negro, en donde el conflicto docente también comenzó a afectar seriamente los derechos de los alumnos.

Si la mesa de diálogo político no funciona, se traba o se boicotea, pues entonces que sea en otro ámbito en donde las partes tengan que negociar. Bajar una bandera no es la muerte de ningún reclamo o derecho. Si hace falta para consensuar una salida, que todas las partes bajen alguna bandera. Detrás del conflicto hay miles de alumnos de toda la provincia que no son otra cosa que víctimas de la situación.

Sobreactuación

La catarata de detenciones que se desató a partir del “Caso Correa” y ahora en el marco del “Operativo Revelación”, ya es el mayor escándalo político de la historia de Chubut. Los sucesos que se investigan ya acabaron con la carrera política de varios y con la honra de casi todos. Y hasta dinamitó las bases de Chubut Somos Todos, un partido político que había nacido para cambiar todo lo conocido y defender los intereses de la provincia como los partidos tradicionales no lo habían hecho, según decían sus preceptos fundacionales.

En medio del clamor popular que pide “cárcel para todos” y que naturalizó el escarnio público a través de las redes sociales, es muy difícil pedir algo de mesura y, sobre todo, respeto por los derechos constitucionales. El riesgo, sobre todo para un ciudadano común que priorice los derechos a la “justicia popular”, es rodar escaleras abajo del clamor generalizado.

La que curiosamente ha caído presa de ese sentimiento es una parte de la Justicia, asociada al poder político de turno, disponiendo detenciones en formatos poco menos que cinematográficos. ¿Era necesaria toda esa puesta en escena para llevar a los estrados judiciales a exfuncionarios y a empresarios acusados de corrupción? Alguien debería explicarle al ciudadano común por qué un presunto corrupto es más peligroso que un delincuente que mata para lograr su cometido. Sin embargo, en el caso de la inseguridad, venimos asistiendo a un festival de excarcelaciones en nombre del presunto “garantismo” del Código Penal.

Los riesgos de caer en la sobreactuación pueden terminar jugando en contra a la hora de intentar hacer justicia. Hay que saberlo ahora para no lamentarse después.

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Aulas vacías. Persiste el conflicto con el sector docente y los chicos, mientras tanto, no tienen clases.
26 MAY 2018 - 21:24

En las últimas dos semanas, la mayoría de los chicos que asisten a las escuelas públicas de Chubut no tuvo clases o, peor aún, tuvo apenas unas horas descolgadas porque algunos docentes no se plegaron a los paros, conformando un escenario de poca seriedad para un tema tan importante para cualquier sociedad como la educación.

Por supuesto que a los trabajadores de la Educación –como a cualquier trabajador- los asiste el derecho a reclamar por sus intereses. Pero no se puede obviar que aún en la crisis, ningún empleado público dejó de percibir sus salarios. ¿Desdoblados y devaluados? Sí, pero también percibidos en su totalidad.

Solo basta con mirar un poco al costado para darse cuenta que no son pocos los sectores en donde los sueldos se pagan en cuotas, en negro y por debajo de la media de un salario público. Eso en el mejor de los casos: hay otros que ya no los perciben más porque fueron dejados en la calle, batiendo palmas, prendiendo fogatas y haciendo piquetes, mientras otros se quejan en las redes sociales pidiendo “mano dura” con los que lesionan su derecho “a la libre circulación”.

Con las contradicciones de buena parte de la clase media chubutense se podrían escribir varios tomos de tratados filosóficos o ensayos psicológicos.

Buenos y malos

La gravedad de la crisis económica, política y social que atraviesa Chubut no puede zanjarse colocando a los responsables de los problemas de un lado y a las víctimas del otro. Esa sensación del “conflicto permanente” que a algunos dirigentes –sobre todo gremiales- les encanta percibir, puede funcionar en las épocas en donde lo que se discute es cómo se reparte la torta. Pero ahora no hay torta, ni bandeja, ni migas. Sólo miserias.

¿Hay responsables por ello? Por supuesto: gran parte de la dirigencia política que pasó por Fontana 50 en los últimos dos gobiernos. Algunos, inclusive, siguen ocupando cargos en el Gobierno provincial. Pero identificar a los “culpables” no es suficiente ni va a solucionar el problema de fondo.

Tampoco se puede soslayar el peso negativo que ha tenido para Chubut la llegada de Mauricio Macri al poder, le duela a quien le duela. Chubut estalló por los aires por las atrocidades políticas cometidas puertas adentro pero también por los brutales tarifazos y las políticas anti-empleo de la Alianza Cambiemos.

Los globos amarillos que flotan briosos en otros cielos, a Chubut llegaron desinflados. Y nadie los quiere inflar. Como si alguien quisiera que las llamas de la crisis no se extingan hasta que los tiempos electorales sean más convenientes a los intereses del Gobierno nacional. Lo que parecen no entender algunos es que las llamas queman a todos por igual, a diestra y siniestra. El fuego se va a llevar puestos a todos. Pero más tarde al que, al menos, intente apagarlo.

Un poco de cordura

Son muchos los que reclaman una solución para el conflicto docente pero pocos los que han actuado en consecuencia. Por ahora no es más que un grano de arena en el desierto pero vale la pena el intento. Una jueza de Comodoro Rivadavia, la Dra. María Marta Nieto, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de padres para que sus hijos puedan volver a clases. El reclamo es más amplio y pretencioso: exigen un nuevo plan de estudios para recuperar los meses perdidos.

Por ello, la jueza Nieto convocó para mañana al Gobierno –en la persona del gobernador Mariano Arcioni-; al secretario general de la ATECh, Santiago Goodman; al Ministerio de Educación; a la Asesoría de Familia; a la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia; y a la Secretaría de Trabajo.

Se trata de una audiencia de conciliación en una sede judicial, un ámbito con menos contenido político y en donde las partes deberán encontrar un camino para llegar a la solución.

No es inédito lo de esta jueza comodorense. Ya se vienen haciendo audiencias similares en la Provincia de Río Negro, en donde el conflicto docente también comenzó a afectar seriamente los derechos de los alumnos.

Si la mesa de diálogo político no funciona, se traba o se boicotea, pues entonces que sea en otro ámbito en donde las partes tengan que negociar. Bajar una bandera no es la muerte de ningún reclamo o derecho. Si hace falta para consensuar una salida, que todas las partes bajen alguna bandera. Detrás del conflicto hay miles de alumnos de toda la provincia que no son otra cosa que víctimas de la situación.

Sobreactuación

La catarata de detenciones que se desató a partir del “Caso Correa” y ahora en el marco del “Operativo Revelación”, ya es el mayor escándalo político de la historia de Chubut. Los sucesos que se investigan ya acabaron con la carrera política de varios y con la honra de casi todos. Y hasta dinamitó las bases de Chubut Somos Todos, un partido político que había nacido para cambiar todo lo conocido y defender los intereses de la provincia como los partidos tradicionales no lo habían hecho, según decían sus preceptos fundacionales.

En medio del clamor popular que pide “cárcel para todos” y que naturalizó el escarnio público a través de las redes sociales, es muy difícil pedir algo de mesura y, sobre todo, respeto por los derechos constitucionales. El riesgo, sobre todo para un ciudadano común que priorice los derechos a la “justicia popular”, es rodar escaleras abajo del clamor generalizado.

La que curiosamente ha caído presa de ese sentimiento es una parte de la Justicia, asociada al poder político de turno, disponiendo detenciones en formatos poco menos que cinematográficos. ¿Era necesaria toda esa puesta en escena para llevar a los estrados judiciales a exfuncionarios y a empresarios acusados de corrupción? Alguien debería explicarle al ciudadano común por qué un presunto corrupto es más peligroso que un delincuente que mata para lograr su cometido. Sin embargo, en el caso de la inseguridad, venimos asistiendo a un festival de excarcelaciones en nombre del presunto “garantismo” del Código Penal.

Los riesgos de caer en la sobreactuación pueden terminar jugando en contra a la hora de intentar hacer justicia. Hay que saberlo ahora para no lamentarse después.


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