El Embrujo: el juez inhibió los bienes de los cinco nuevos imputados

Se los involucra con la construcción de las costosas propiedades de Diego Correa en Playa Unión, las maniobras en la compra de vehículos de alta gama y la defraudación con la refacción de viviendas oficiales en Rawson. No pidieron prisión preventiva pero sus propiedades quedaron congeladas.

Miradas. Darío Correa, hermano de Diego, y Giuliana Mac Leod, su cuñada, están acusados por participar de un delito de defraudación.
30 MAY 2018 - 21:28 | Actualizado

El juez Sergio Piñeda sumó cinco nuevas imputaciones en la Causa El Embrujo” e inhibió los bienes de los involucrados durante la audiencia de apertura de investigación realizada ayer en la sala de audiencia del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.
Según el parte de prensa oficial, los cinco se encuentran involucrados con distintos cargos en las maniobras que investiga el Ministerio Público Fiscal, con relación a la compra de dos costosos vehículos con dineros del Estado presuntamente mal habidos, mediante dos empresas creadas por Diego Correa. Se lo considera el cabecilla de la asociación ilícita aprovechando las prerrogativas del cargo de titular de la Unidad Gobernador durante la gestión del extinto gobernador Mario Das Neves.
Por su parte, dos exfuncionarios se encuentran involucrados como parte de las maniobras para abonar con dineros del Estado reparaciones sobrevaluadas de viviendas oficiales por parte de dos empresas creadas para ese fin: Sepat y Dual Core.
El imputado maestro mayor de obras Jorge Godoy está relacionado con la construcción de una costosa vivienda de dos plantas con pileta de natación y tres dúplex aledaños en un predio de Playa Unión. Se le imputa el delito de “enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario”.
A Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa) y a Darío Correa (hermano de Diego) se les imputó el delito de “partícipes necesarios del delito de defraudación en contra de la administración pública” por el traspaso en la propiedad de dos costosos vehículos adquiridos por el grupo.
Por su parte a los exfuncionarios del área de viviendas oficiales Rubén Reinoso y Cristian Gisande se les imputa el delito de “defraudación a la administración pública en carácter de coautores”, por las maniobras realizadas en la reparación de viviendas oficiales a nombre de empresas creadas por la organización con el fin de hacerse de dineros del Estado provincial.
Los fiscales no pidieron medidas coercitivas por lo que los cinco imputados seguirán procesados aunque en libertad y con la inhibición de sus bienes tal como lo pidieron dos de las querellas que participan en el proceso. Las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, diputados del Frente Para la Victoria e Iniciativa Ciudadana, convalidaron los hechos tal como fueron investigados por los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.  
En este sentido, la querella que representan los diputados Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, solicitó el embargo y la inhibición de todos los bienes de los imputados, y de la camioneta Hiunday secuestrada en Buenos Aires, propiedad de la firma Sepat SRL. Este pedido fue acompañado por Iniciativa Ciudadana, y dictado por el juez Piñeda.
Arnaldo Hugo Barone, representante de los legisladores del FPV, expresó que “en estos procesos es determinante intentar por todos los medios la recuperación de activos. Tratar de recuperar el daño que a través de estos delitos se le hizo al erario público, que es el daño que se le hace a toda la sociedad. Lo que va a parar ilegalmente al bolsillo de algunos es lo que falta en salud, educación, justicia, de todos los estamentos del Estado porque de allí salió ese dinero”. Según el exdefensor general de la provincia, la firma Sepat era una “tapadera”.
Además explicó que “estamos pidiendo y de hecho hay un escrito de la querella de hace quince días, detallando y pidiendo embargo sobre bienes en concreto, y la inhibición general de todos los que están procesados”. Resta aguardar el avance del proceso. #

 

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30 MAY 2018 - 21:28

El juez Sergio Piñeda sumó cinco nuevas imputaciones en la Causa El Embrujo” e inhibió los bienes de los involucrados durante la audiencia de apertura de investigación realizada ayer en la sala de audiencia del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.
Según el parte de prensa oficial, los cinco se encuentran involucrados con distintos cargos en las maniobras que investiga el Ministerio Público Fiscal, con relación a la compra de dos costosos vehículos con dineros del Estado presuntamente mal habidos, mediante dos empresas creadas por Diego Correa. Se lo considera el cabecilla de la asociación ilícita aprovechando las prerrogativas del cargo de titular de la Unidad Gobernador durante la gestión del extinto gobernador Mario Das Neves.
Por su parte, dos exfuncionarios se encuentran involucrados como parte de las maniobras para abonar con dineros del Estado reparaciones sobrevaluadas de viviendas oficiales por parte de dos empresas creadas para ese fin: Sepat y Dual Core.
El imputado maestro mayor de obras Jorge Godoy está relacionado con la construcción de una costosa vivienda de dos plantas con pileta de natación y tres dúplex aledaños en un predio de Playa Unión. Se le imputa el delito de “enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario”.
A Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa) y a Darío Correa (hermano de Diego) se les imputó el delito de “partícipes necesarios del delito de defraudación en contra de la administración pública” por el traspaso en la propiedad de dos costosos vehículos adquiridos por el grupo.
Por su parte a los exfuncionarios del área de viviendas oficiales Rubén Reinoso y Cristian Gisande se les imputa el delito de “defraudación a la administración pública en carácter de coautores”, por las maniobras realizadas en la reparación de viviendas oficiales a nombre de empresas creadas por la organización con el fin de hacerse de dineros del Estado provincial.
Los fiscales no pidieron medidas coercitivas por lo que los cinco imputados seguirán procesados aunque en libertad y con la inhibición de sus bienes tal como lo pidieron dos de las querellas que participan en el proceso. Las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, diputados del Frente Para la Victoria e Iniciativa Ciudadana, convalidaron los hechos tal como fueron investigados por los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.  
En este sentido, la querella que representan los diputados Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, solicitó el embargo y la inhibición de todos los bienes de los imputados, y de la camioneta Hiunday secuestrada en Buenos Aires, propiedad de la firma Sepat SRL. Este pedido fue acompañado por Iniciativa Ciudadana, y dictado por el juez Piñeda.
Arnaldo Hugo Barone, representante de los legisladores del FPV, expresó que “en estos procesos es determinante intentar por todos los medios la recuperación de activos. Tratar de recuperar el daño que a través de estos delitos se le hizo al erario público, que es el daño que se le hace a toda la sociedad. Lo que va a parar ilegalmente al bolsillo de algunos es lo que falta en salud, educación, justicia, de todos los estamentos del Estado porque de allí salió ese dinero”. Según el exdefensor general de la provincia, la firma Sepat era una “tapadera”.
Además explicó que “estamos pidiendo y de hecho hay un escrito de la querella de hace quince días, detallando y pidiendo embargo sobre bienes en concreto, y la inhibición general de todos los que están procesados”. Resta aguardar el avance del proceso. #

 


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