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PROVINCIA

Editorial / Ni para atrás, ni para adelante


Leé La Columna del Domingo, el tradicional editorial de la edición impresa de Jornada.
03/06/2018 02:00

La escalada del conflicto con los gremios estatales, que ahora incluye una toma por tiempo indeterminado del Ministerio de Educación –los docentes han demostrado ser los más combativos por lejos-, puso otra vez al Gobierno provincial en una encrucijada. Después de repetir muchas veces que no había dinero para evaluar ningún aumento, el jueves llevó a la mesa de negociación una propuesta económica que incluye solo a algunos sectores y que los sindicatos calificaron rápidamente de insuficiente.
Aunque el gesto del Gobierno abrió la puerta a una negociación que parecía trabada también dejó una hendija para que los gremios hagan una contrapropuesta, que se hará efectiva mañana. Ahora, ya no habrá margen para retroceder, al menos no demasiado. Si el Gobierno aceptó discutir un aumento, bono o como lo quieran llamar con los gremios, ahora deberá escuchar la contraoferta gremial, que dicen será de entre $ 4 mil y $ 5 mil remunerativos para todos los empleados públicos.
Salvo que el Gobierno y el equipo económico saquen un as de la manga, resulta improbable que se pueda pagar eso. Pero si alguien en el Gobierno pensó que hacer una propuesta económica era el camino, es probable que sepan de dónde sacar los $ 250 millones mensuales que podría costar el arreglo con los gremios estatales.  

Rumores al viento

Es para destacar que el Gobierno siga buscando la forma de descomprimir el conflicto. A la gestión del gobernador Mariano Arcioni nada le ha sido sencillo. Un poco por errores propios y otro tanto por la enorme mochila que significa lidiar con la fenomenal crisis económica y financiera que atraviesa Chubut, más el escándalo de corrupción que enchastró para siempre al dasnevismo, la fuerza política que convirtió a Arcioni de un respetado escribano comodorense en un vicegobernador sin experiencia que debió tomar el timón en el peor momento.
En el Gobierno saben que si no logran encaminar la crisis con los gremios, los tiempos políticos se acortarán dramáticamente. El rumor que corrió esta semana que pasó sobre un presunto adelantamiento de las elecciones del año próximo para marzo (deberían ser en agosto las PASO y en octubre las generales), fue desmentido rápidamente por el propio Arcioni.
En la oposición peronista en todas sus formas no fueron pocos los que se miraron extrañados porque a nadie se le habría ocurrido proponer una salida adelantada de Arcioni. La dimensión de la crisis de Chubut no es tentadora para nadie, ni siquiera para algún sector trasnochado que podría especular con un rédito electoral.
Del lado de Cambiemos tampoco evalúan esa salida porque tienen que resolver muchas cuestiones internas que las elecciones anticipadas precipitarían, y tampoco quieren meterse en el bosque antes de que se apague el incendio.
Entonces, tampoco fueron pocos los que miraron a algún despacho de Fontana 50 como gestor del rumor. Inclusive, algún funcionario con la valija preparada para irse del Gabinete echó a rodar la versión de que el gobernador está cansado de remar contra la corriente y que, entre insultos, habría dicho algo relacionado a marzo como fecha límite.
En la política casi nadie ha aprendido que los rumores nunca hay que desmentirlos. Es mejor que no termine ocurriendo lo que se rumorea a terminar siendo esclavo de sus propias palabras.

Pobre Justicia

La imagen de la Justicia ciega que no distingue entre las personas, se aplica en forma equitativa y mide con la misma vara y sin condicionamientos a todos los ciudadanos, no sería lo que está reflejando la Justicia chubutense.
Esta semana ocurrieron dos hechos que pintan de cuerpo entero el difícil momento del Poder Judicial de Chubut. Por un lado, el Superior Tribunal de Justicia revocó un fallo de la Cámara en lo Penal de Trelew que había beneficiado a un acusado de violar a dos nietas.
No se trató de un fallo de un juez aislado, falto de sentido común, como hay muchos en Chubut. Sino la decisión de tres camaristas, Alejandro Defranco, Florencio Minatta y Adrián Barrios, que decidieron otorgarle el beneficio de la “probation”, con apenas 30 horas de trabajo comunitario, a un hombre al que acusan de haber abusado de dos nenas.
El fallo trascendió en enero pasado porque este diario hizo un completo informe. Su publicación, y las posteriores reacciones, causaron que Defranco se hiciera “famoso” en todo el país porque trató a Jornada y a otros medios de “prensa barata” y a sus lectores de “idiotas.”
Muchos jueces lo apoyaron públicamente, y el defensor penal de Trelew, Juan Manuel Salgado, hasta se animó a escribir una carta al lector al diario Página 12 para criticar que su diario preferido se haya hecho eco de una nota de un diario de “menor calidad”, en obvia alusión a Jornada.
El contundente fallo del Superior revocando esa decisión vergonzosa de la Cámara en lo Penal de Trelew, puso un poco de luz sobre un sector oscuro de la Justicia que se regodea entre la soberbia y la falta de sentido común.

¿Quién controla?

Si los diferentes organismos vinculados a la Justicia funcionaran como corresponde, la sociedad podría estar tranquila de que los fallos que no se ajustan a derecho o que se contradicen con otras decisiones judiciales –por ejemplo, la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn rechaza sistemáticamente las “probation” para casos de abuso- pueden ser revisados, contrastados y los magistrados que no cumplen debidamente con su tarea, investigados, juzgados y sancionados.
En Chubut, una pata fundamental del sistema está fallando hace tiempo y justo en este momento atraviesa por una situación poco menos que lamentable. El Consejo de la Magistratura, ese órgano extrapoder que se encarga de seleccionar, controlar y juzgar a los magistrados, dejará de funcionar hasta agosto por falta de fondos.
O sea, por dos meses se suspenden todas las actividades en relación a las sesiones, comisiones de admisibilidad, evaluación de magistrados y funcionarios, sumarios y concursos. Será hasta tanto el Gobierno provincial garantice los depósitos de dinero para su funcionamiento, que se estima en unos $ 100 mil semanales.
En este caso, si hay miseria que se note.#


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Arcioni Consejo de la Magistratura docentes Educación gremios estatales Poder Judicial
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