Se aprobó la ley Justina: todos los argentinos serán donantes de órganos
Por unanimidad, Diputados le dio sanción definitiva al proyecto que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. También sancionaron la llamada "ley Brisa", una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del "donante presunto", ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza "la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos".
En el caso de los menores de edad, "se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente".
Por otra parte, la normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajado en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina "hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes".
A su turno, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un "cambio de paradigma".
Por su parte, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del INCUCAI que indican que en la actualidad existen 7738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41% de los argentinos son donantes.
En el recinto estuvieron presentes los padres y familiares de Justina, quienes celebraron emocionados la sanción de la ley.
Otorgaron sanción definitiva a la "ley Brisa"
Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la llamada "ley Brisa", una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
La iniciativa, que recibió 203 votos afirmativos, no tenía dictamen de todas las comisiones a las que había sido girada, por lo que debió ser tratada sobre tablas.
La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma).
No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.
La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos".
Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.
En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares" y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios.
Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una "cobertura integral de salud".
El proyecto lleva el nombre de "Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido.
Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. .
Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una "oportunidad histórica" para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de "profundo desamparo" que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.
"En Argentina la violencia de genero se cobra una vida cada 30 horas. Además de estas mujeres asesinados por sus maridos y sus parejas aparecen las víctimas colaterales que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres. Es un dolor lacerante.
Es el momento en que más necesitan de la comunidad y el Estado para que puedan estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo", resaltó la legisladora jujeña.
El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del "donante presunto", ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza "la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos".
En el caso de los menores de edad, "se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente".
Por otra parte, la normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajado en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina "hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes".
A su turno, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un "cambio de paradigma".
Por su parte, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del INCUCAI que indican que en la actualidad existen 7738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41% de los argentinos son donantes.
En el recinto estuvieron presentes los padres y familiares de Justina, quienes celebraron emocionados la sanción de la ley.
Otorgaron sanción definitiva a la "ley Brisa"
Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la llamada "ley Brisa", una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
La iniciativa, que recibió 203 votos afirmativos, no tenía dictamen de todas las comisiones a las que había sido girada, por lo que debió ser tratada sobre tablas.
La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma).
No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.
La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos".
Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.
En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares" y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios.
Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una "cobertura integral de salud".
El proyecto lleva el nombre de "Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido.
Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. .
Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una "oportunidad histórica" para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de "profundo desamparo" que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.
"En Argentina la violencia de genero se cobra una vida cada 30 horas. Además de estas mujeres asesinados por sus maridos y sus parejas aparecen las víctimas colaterales que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres. Es un dolor lacerante.
Es el momento en que más necesitan de la comunidad y el Estado para que puedan estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo", resaltó la legisladora jujeña.