Cautelar: el Gobierno, a la Justicia por el gas

El gobierno de Chubut presentó un recurso para frenar el aumento. Mañana presentarán otro contra el recorte de Nación al beneficio de las asignaciones familiares.

Abogados. Christian Martínez (izquierda) y Javier Stampone hicieron la presentación por el gas en la mesa de entradas del Juzgado del juez Sastre.
30 JUL 2018 - 21:41 | Actualizado

El gobernador Mariano Arcioni criticó nuevamente los recortes que anunció el Gobierno nacional para la Patagonia y cuantificó en casi 200 millones de pesos mensuales la pérdida que tendrá Chubut solo en concepto de reducción de asignaciones familiares.
Según los informes recibidos de ANSES “hay más de 100.000 chicos que van a estar afectados, un 53% de todos los asalariados de la región patagónica y para Chubut implicará una pérdida de 190 millones de pesos mensuales. En Trelew la pérdida es de 12 millones de pesos por mes. Es liquidez que afectará a toda la economía no solo al bolsillo de los trabajadores porque sale de circulación esta cantidad de dinero”.
Arcioni aseguró que el “Fondo Sojero, subsidios al transporte, zona patagónica, asignaciones familiares y otros son cuestiones que veníamos reclamando y nos salieron a desmentir a través de las autoridades nacionales, diciendo que no habría recorte para la Patagonia. Acá está demostrado que los recortes se están llevando a cabo. Con el Fondo había un compromiso cuando firmamos el Pacto Fiscal, que hoy está en la Legislatura para la aprobación y para ser distribuido entre los municipios. El Fondo implica 400 millones de pesos para Chubut”.
Arcioni adelantó que “a cada una de las medidas que vengan con recortes a Chubut, vamos a hacer presentaciones judiciales.Siguen dejando de lado a la Patagonia y cuando uno reclama el Bloque Patagónico es para poder defender nuestra región”.
El gobernador recordó que “la única región que se constituyó luego de la reforma del año 1994 en la Constitución Nacional, fue justamente la región Patagónica, es la única en donde se reunió dos o tres veces a los gobernadores y como vicegobernador retomé el Parlamento Patagónico, por eso hablo tanto de la defensa de la región”
El gobernador reiteró el pedido de trabajar todas las fuerzas políticas juntas para sacar la provincia adelante. “Dejemos de lado las cuestiones personales o partidarias ya que ahora se tiene que ver la unión de todos los referentes políticos. Si bien los diputados de Cambiemos, los radicales que no están justamente dentro de la Alianza Cambiemos, se han manifestado y todo el sector político en contra de este tipo de medidas, tenemos que trabajar todos juntos porque es de la única manera que podemos sacar a la provincia adelante. Ahora es el momento de estar trabajando todos juntos”.
En cuanto al Pacto Fiscal, Arcioni dijo que se firmó con compromiso y responsabilidad y que hasta ahora “todos los beneficios que tiene la Patagonia los estamos viendo a través de un bono de cinco mil y doce mil millones de pesos. Exigiremos que se respete, lo que firmamos lo cumplimos”, aseveró.  
El mandatario adelantó que a raíz de estos anuncios de recortes, participará en una serie de encuentros con legisladores nacionales. Hoy viaja a Buenos Aires para reunirse con el senador Alfredo Luenzo. Analizarán el presupuesto nacional y las quitas que podría sufrir Chubut. También reiteró que la prioridad es la reparación histórica.
En este escenario, el fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez y el abogado Javier Stampone, se presentaron pasado el mediodía en el Juzgado Federal de Rawson para promover una cautelar contra el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería), el Ente Nacional de Regulación del Gas y Camuzzi Gas del Sur S.A. Pidieron que se declare inconstitucional la Resolución Nº 305/2018 por el cual se fijó el valor de Gas en PIST (boca de pozo), sin la correspondiente audiencia pública.
También se solicita que se deje sin efecto y se ordene la restitución de los importes que tanto Provincia como los vecinos de Chubut pagaron en concepto de incrementos tarifarios. A la presentación adhirió el Defensor del Pueblo del Chubut, Héctor Simionati.
Según el escrito presentado por los letrados, “es notoria la importancia que tienen las audiencias públicas en orden a la participación ciudadana en el establecimiento de las tarifas, constituyendo de esa manera un elemento indispensable para que los usuarios puedan formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que adopte el Estado en materia tarifaria”.
Martínez explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en un fallo anterior “que emitió por el otro amparo que presentamos en 2016, que el Estado al fijar el precio de boca de pozo corresponde, y así dijo la Corte, celebrar la audiencia pública”. En aquella presentación de Provincia también se cuestionó la falta de audiencia pública pero de otra resolución.
El incremento que ahora cuestiona el Gobierno Provincial ya está reflejado en las facturas de los usuarios, donde la discutida resolución ya está liquidada. En estos días una asociación de consumidores de la provincia de Buenos Aires presentó una acción similar pero Chubut es hasta ahora la única provincia que avanzó con una medida de estas características. Para los funcionarios, esta semana el juez Hugo Sastre podría resolver la cautelar.
Martínez explicó que “concretamente lo que se cuestiona es que se modificada con el  decreto 702, con la excusa del Gobierno Nacional de igualar para abajo, ya que  considera que un chico que hoy estudia en la Patagonia, tiene los mismos gastos que uno que estudia en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Por ese chico del conurbano el Estado Nacional paga $1.500 y pretende pagar el mismo valor por un chico en la Patagonia”.
“Todos sabemos que el costo de vida es bastante diferente al de cualquier otra provincia en cuanto a la canasta escolar, alimentos y vestimenta. Hay costos diferenciales dentro mismo de Chubut, no es lo mismo un chico de Trelew que uno de Comodoro Rivadavia”, aseguró el fiscal adjunto. “La ley prevé esta diferencia de zona y la modificación se produce por un decreto. Hay una cuestión jerárquica, de normas, y afecta directamente un derecho constitucional y pactos internacionales”.  
El propio gobernador Arcioni también adelantó que la provincia presentará mañana otra medida judicial contra el Estado Nacional: un amparo por la reducción en los valores de las asignaciones familiares. #

 

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Abogados. Christian Martínez (izquierda) y Javier Stampone hicieron la presentación por el gas en la mesa de entradas del Juzgado del juez Sastre.
30 JUL 2018 - 21:41

El gobernador Mariano Arcioni criticó nuevamente los recortes que anunció el Gobierno nacional para la Patagonia y cuantificó en casi 200 millones de pesos mensuales la pérdida que tendrá Chubut solo en concepto de reducción de asignaciones familiares.
Según los informes recibidos de ANSES “hay más de 100.000 chicos que van a estar afectados, un 53% de todos los asalariados de la región patagónica y para Chubut implicará una pérdida de 190 millones de pesos mensuales. En Trelew la pérdida es de 12 millones de pesos por mes. Es liquidez que afectará a toda la economía no solo al bolsillo de los trabajadores porque sale de circulación esta cantidad de dinero”.
Arcioni aseguró que el “Fondo Sojero, subsidios al transporte, zona patagónica, asignaciones familiares y otros son cuestiones que veníamos reclamando y nos salieron a desmentir a través de las autoridades nacionales, diciendo que no habría recorte para la Patagonia. Acá está demostrado que los recortes se están llevando a cabo. Con el Fondo había un compromiso cuando firmamos el Pacto Fiscal, que hoy está en la Legislatura para la aprobación y para ser distribuido entre los municipios. El Fondo implica 400 millones de pesos para Chubut”.
Arcioni adelantó que “a cada una de las medidas que vengan con recortes a Chubut, vamos a hacer presentaciones judiciales.Siguen dejando de lado a la Patagonia y cuando uno reclama el Bloque Patagónico es para poder defender nuestra región”.
El gobernador recordó que “la única región que se constituyó luego de la reforma del año 1994 en la Constitución Nacional, fue justamente la región Patagónica, es la única en donde se reunió dos o tres veces a los gobernadores y como vicegobernador retomé el Parlamento Patagónico, por eso hablo tanto de la defensa de la región”
El gobernador reiteró el pedido de trabajar todas las fuerzas políticas juntas para sacar la provincia adelante. “Dejemos de lado las cuestiones personales o partidarias ya que ahora se tiene que ver la unión de todos los referentes políticos. Si bien los diputados de Cambiemos, los radicales que no están justamente dentro de la Alianza Cambiemos, se han manifestado y todo el sector político en contra de este tipo de medidas, tenemos que trabajar todos juntos porque es de la única manera que podemos sacar a la provincia adelante. Ahora es el momento de estar trabajando todos juntos”.
En cuanto al Pacto Fiscal, Arcioni dijo que se firmó con compromiso y responsabilidad y que hasta ahora “todos los beneficios que tiene la Patagonia los estamos viendo a través de un bono de cinco mil y doce mil millones de pesos. Exigiremos que se respete, lo que firmamos lo cumplimos”, aseveró.  
El mandatario adelantó que a raíz de estos anuncios de recortes, participará en una serie de encuentros con legisladores nacionales. Hoy viaja a Buenos Aires para reunirse con el senador Alfredo Luenzo. Analizarán el presupuesto nacional y las quitas que podría sufrir Chubut. También reiteró que la prioridad es la reparación histórica.
En este escenario, el fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez y el abogado Javier Stampone, se presentaron pasado el mediodía en el Juzgado Federal de Rawson para promover una cautelar contra el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería), el Ente Nacional de Regulación del Gas y Camuzzi Gas del Sur S.A. Pidieron que se declare inconstitucional la Resolución Nº 305/2018 por el cual se fijó el valor de Gas en PIST (boca de pozo), sin la correspondiente audiencia pública.
También se solicita que se deje sin efecto y se ordene la restitución de los importes que tanto Provincia como los vecinos de Chubut pagaron en concepto de incrementos tarifarios. A la presentación adhirió el Defensor del Pueblo del Chubut, Héctor Simionati.
Según el escrito presentado por los letrados, “es notoria la importancia que tienen las audiencias públicas en orden a la participación ciudadana en el establecimiento de las tarifas, constituyendo de esa manera un elemento indispensable para que los usuarios puedan formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que adopte el Estado en materia tarifaria”.
Martínez explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en un fallo anterior “que emitió por el otro amparo que presentamos en 2016, que el Estado al fijar el precio de boca de pozo corresponde, y así dijo la Corte, celebrar la audiencia pública”. En aquella presentación de Provincia también se cuestionó la falta de audiencia pública pero de otra resolución.
El incremento que ahora cuestiona el Gobierno Provincial ya está reflejado en las facturas de los usuarios, donde la discutida resolución ya está liquidada. En estos días una asociación de consumidores de la provincia de Buenos Aires presentó una acción similar pero Chubut es hasta ahora la única provincia que avanzó con una medida de estas características. Para los funcionarios, esta semana el juez Hugo Sastre podría resolver la cautelar.
Martínez explicó que “concretamente lo que se cuestiona es que se modificada con el  decreto 702, con la excusa del Gobierno Nacional de igualar para abajo, ya que  considera que un chico que hoy estudia en la Patagonia, tiene los mismos gastos que uno que estudia en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Por ese chico del conurbano el Estado Nacional paga $1.500 y pretende pagar el mismo valor por un chico en la Patagonia”.
“Todos sabemos que el costo de vida es bastante diferente al de cualquier otra provincia en cuanto a la canasta escolar, alimentos y vestimenta. Hay costos diferenciales dentro mismo de Chubut, no es lo mismo un chico de Trelew que uno de Comodoro Rivadavia”, aseguró el fiscal adjunto. “La ley prevé esta diferencia de zona y la modificación se produce por un decreto. Hay una cuestión jerárquica, de normas, y afecta directamente un derecho constitucional y pactos internacionales”.  
El propio gobernador Arcioni también adelantó que la provincia presentará mañana otra medida judicial contra el Estado Nacional: un amparo por la reducción en los valores de las asignaciones familiares. #

 


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