Revelación: un nuevo plazo para acordar la reparación que harán los empresarios
Oscar Peña, de Esquel, ofreció construir un playón deportivo. La mayoría de las partes avala la suspensión del juicio pero hay diferencias con el monto de la reparación. Habrá otra ronda de reuniones y si no hay acuerdo, definirá el juez Piñeda.
La suspensión del juicio a prueba para cuatro empresarios de la construcción involucrados en la causa Revelación sigue sin definición. El juez Sergio Piñeda decidirá si otorga la probation cuando las partes se pongan de acuerdo con las reparaciones que ofrecen los imputados.
En la audiencia de ayer en la Oficina Judicial de Rawson, fiscales y querellantes acordaron seguir con las reuniones durante un “tiempo razonable” buscando un acercamiento. Si logran una posición unificada la volcarán en un escrito y pedirán una nueva audiencia; si las posturas son irreconciliables también se plasmarán en una nota y dejarán la determinación en manos del juez.
Menos los vecinos del grupo Iniciativa Ciudadana (IC), que buscan que todos vayan a juicio oral y público, el resto avala la probation: los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y los querellantes de la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Estado y los tres diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla.
La diferencia es que la Unidad Anticorrupción está conforme con las propuestas originales, pero el resto considera que los empresarios pueden y deben ofrecer obras de mayor envergadura para evitar el juicio oral y público.
Nueva oferta
La última oferta la hizo ayer el empresario de Esquel Oscar Peña: un playón deportivo con una cancha de césped sintético en el barrio Sargento Cabral. El predio será iluminado. Es el único barrio sin espacios verdes en Esquel y, según el defensor Javier Kadomoto, la propuesta está respaldada por la Asociación Vecinal y por el intendente Sergio Ongarato. Peña invertiría 1,8 millón de pesos. “Es una obra en serio”, la definió. También ofreció hacer cursos de “transparencia empresarial”.
Kadomoto también pidió que se levante toda inhibición y embargo contra su cliente y, por lo pronto, logró que quede libre. Tenía arresto domiciliario.
Antecedentes
Para lograr la probation, Patricio Musante había ofrecido un Salón de Usos Múltiples para el Centro de Acción Familiar de Gaiman; Esteban Torraca, la refacción completa de la Comisaría de barrio General Mosconi en Comodoro Rivadavia y Juan Ignacio Salaberry, el mejoramiento integral de la Comisaría 4ª de Trelew.
Aunque IC logró ser admitida como querellante en Revelación, el diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, todavía no: el juez Piñeda le pidió que corrija su presentación ya que le falta describir los hechos por los que querella y la lista completa de imputados. El legislador consideró el requisito “un exceso” pero aún así deberá mejorar su texto si quiere ser parte del proceso.
Discusión central
La discusión central de la audiencia fue si están dadas las condiciones para que los empresarios eviten el juicio con una reparación. Eduardo Hualpa, abogado de IC, explicó que la idea de la probation es, justamente, descomprimir al sistema de los delitos menores para que juzgue los casos más pesados, como la corrupción.
“No buscamos la venganza social ni que nadie se pudra en la cárcel, pero si la suspensión se aplica en este tema, se mantendrá la convicción de que estos hechos ocurrirán de nuevo. Necesitamos que se conozca la verdad y para eso es necesario que estén en un juicio oral. La opinión social tampoco es favorable”.
El abogado, además de la jurisprudencia, ejemplificó con la Megacausa, aquel proceso que juzgó la corrupción público-privada en el Banco Chubut. Y aseguró que su organización recolectó más de 400 firmas de vecinos pidiendo por el juicio. “Son nombres y apellidos, ni Facebook ni un rumor”.
Iturrioz le contestó que las reparaciones servirán para ejecutar obras que el Estado nunca asumió: “Hubo presos que se escaparon de la Comisaría de Mosconi en Comodoro rompiendo las paredes con las manos”, graficó. “Si algo fue ruinoso para el Estado chubutense fue la Megacausa”, retrucó. “Y hay una posibilidad cierta de que algunos o muchos empresarios salgan indemnes de este proceso”.
Nápoli advirtió ante la posición de la querella: “Los fiscales no estamos dispuestos a zanjar la sed de venganza social usando el Derecho Penal. Vamos a sostener nuestra postura porque estamos convencidos de que así debe ser y que el final de este caso será fructífero. Además otorgar la suspensión no significa que los funcionarios públicos no vayan a ir a juicio”.
El fiscal -con algo de ironía- celebró las firmas recolectadas por IC. “Sería bueno que con el mismo ímpetu encuesten a esos vecinos y les pregunten si quedaron satisfechos con el resultado de la Megacausa y si ese proceso curó y evitó que estos males se repitieran”. Además criticó las “opiniones desinformadas” que se oponen a suspender el juicio sin conocer el expediente, ya que lo más probable para los empresarios, si fueran condenados en un juicio, sería una pena condicional.
Cauto
Aunque su manejo de las audiencias es cauto, hubo dos intervenciones fuertes del juez Sergio Piñeda.
Primero insistió con que su rol en el caso es “netamente jurídico, no me interesan ni la política ni la economía. Me aferro a las leyes y no puedo inmiscuirme con opiniones. No puedo decir absolutamente nada”.
Y sobre la esperada definición que tomará sobre la probation, deslizó que “quiero que mi dictamen no deje lugar a dudas. No sería ético y sería imprudente decidir sin primero escuchar a todos”.
La suspensión del juicio a prueba para cuatro empresarios de la construcción involucrados en la causa Revelación sigue sin definición. El juez Sergio Piñeda decidirá si otorga la probation cuando las partes se pongan de acuerdo con las reparaciones que ofrecen los imputados.
En la audiencia de ayer en la Oficina Judicial de Rawson, fiscales y querellantes acordaron seguir con las reuniones durante un “tiempo razonable” buscando un acercamiento. Si logran una posición unificada la volcarán en un escrito y pedirán una nueva audiencia; si las posturas son irreconciliables también se plasmarán en una nota y dejarán la determinación en manos del juez.
Menos los vecinos del grupo Iniciativa Ciudadana (IC), que buscan que todos vayan a juicio oral y público, el resto avala la probation: los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y los querellantes de la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Estado y los tres diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla.
La diferencia es que la Unidad Anticorrupción está conforme con las propuestas originales, pero el resto considera que los empresarios pueden y deben ofrecer obras de mayor envergadura para evitar el juicio oral y público.
Nueva oferta
La última oferta la hizo ayer el empresario de Esquel Oscar Peña: un playón deportivo con una cancha de césped sintético en el barrio Sargento Cabral. El predio será iluminado. Es el único barrio sin espacios verdes en Esquel y, según el defensor Javier Kadomoto, la propuesta está respaldada por la Asociación Vecinal y por el intendente Sergio Ongarato. Peña invertiría 1,8 millón de pesos. “Es una obra en serio”, la definió. También ofreció hacer cursos de “transparencia empresarial”.
Kadomoto también pidió que se levante toda inhibición y embargo contra su cliente y, por lo pronto, logró que quede libre. Tenía arresto domiciliario.
Antecedentes
Para lograr la probation, Patricio Musante había ofrecido un Salón de Usos Múltiples para el Centro de Acción Familiar de Gaiman; Esteban Torraca, la refacción completa de la Comisaría de barrio General Mosconi en Comodoro Rivadavia y Juan Ignacio Salaberry, el mejoramiento integral de la Comisaría 4ª de Trelew.
Aunque IC logró ser admitida como querellante en Revelación, el diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, todavía no: el juez Piñeda le pidió que corrija su presentación ya que le falta describir los hechos por los que querella y la lista completa de imputados. El legislador consideró el requisito “un exceso” pero aún así deberá mejorar su texto si quiere ser parte del proceso.
Discusión central
La discusión central de la audiencia fue si están dadas las condiciones para que los empresarios eviten el juicio con una reparación. Eduardo Hualpa, abogado de IC, explicó que la idea de la probation es, justamente, descomprimir al sistema de los delitos menores para que juzgue los casos más pesados, como la corrupción.
“No buscamos la venganza social ni que nadie se pudra en la cárcel, pero si la suspensión se aplica en este tema, se mantendrá la convicción de que estos hechos ocurrirán de nuevo. Necesitamos que se conozca la verdad y para eso es necesario que estén en un juicio oral. La opinión social tampoco es favorable”.
El abogado, además de la jurisprudencia, ejemplificó con la Megacausa, aquel proceso que juzgó la corrupción público-privada en el Banco Chubut. Y aseguró que su organización recolectó más de 400 firmas de vecinos pidiendo por el juicio. “Son nombres y apellidos, ni Facebook ni un rumor”.
Iturrioz le contestó que las reparaciones servirán para ejecutar obras que el Estado nunca asumió: “Hubo presos que se escaparon de la Comisaría de Mosconi en Comodoro rompiendo las paredes con las manos”, graficó. “Si algo fue ruinoso para el Estado chubutense fue la Megacausa”, retrucó. “Y hay una posibilidad cierta de que algunos o muchos empresarios salgan indemnes de este proceso”.
Nápoli advirtió ante la posición de la querella: “Los fiscales no estamos dispuestos a zanjar la sed de venganza social usando el Derecho Penal. Vamos a sostener nuestra postura porque estamos convencidos de que así debe ser y que el final de este caso será fructífero. Además otorgar la suspensión no significa que los funcionarios públicos no vayan a ir a juicio”.
El fiscal -con algo de ironía- celebró las firmas recolectadas por IC. “Sería bueno que con el mismo ímpetu encuesten a esos vecinos y les pregunten si quedaron satisfechos con el resultado de la Megacausa y si ese proceso curó y evitó que estos males se repitieran”. Además criticó las “opiniones desinformadas” que se oponen a suspender el juicio sin conocer el expediente, ya que lo más probable para los empresarios, si fueran condenados en un juicio, sería una pena condicional.
Cauto
Aunque su manejo de las audiencias es cauto, hubo dos intervenciones fuertes del juez Sergio Piñeda.
Primero insistió con que su rol en el caso es “netamente jurídico, no me interesan ni la política ni la economía. Me aferro a las leyes y no puedo inmiscuirme con opiniones. No puedo decir absolutamente nada”.
Y sobre la esperada definición que tomará sobre la probation, deslizó que “quiero que mi dictamen no deje lugar a dudas. No sería ético y sería imprudente decidir sin primero escuchar a todos”.