<strong>Por Rolando Tobarez</strong><br /><br />Con suerte procesal, los 13 marinos condenados por ejecutar espionaje ilegal desde la Base Almirante Zar de Trelew no cumplirán sus penas hasta dentro de un año. Según coincidieron varias fuentes del juicio que terminó el martes, lo más probable es que sus defensores apelen el fallo del juez Enrique Guanziroli mediante un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Recién si alguna de sus cámaras desestima en tiempo y forma esas apelaciones, los condenados deberán asistir a cursos de 50 horas sobre Derechos Constitucionales y Humanos o bien hacer trabajos comunitarios gratis.<br /><br />Sin embargo hay un escenario peor y más probable hasta que la sentencia quede firme. Como esa Cámara porteña está atestada de trabajo con apelaciones de todo el país, podría pasar mucho más que un año antes de que se ocupe del caso chubutense. La falta de recursos no la ayuda. Incluso si ese tribunal rechaza esas apelaciones y confirma la decisión de Guanziroli, los militares podrían acudir en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para varios abogados esta chance es firme ya que la causa incluyó cuestiones institucionales que sí o sí debería decidir el máximo tribunal nacional. <br /><br />“Este expediente es muy largo y complejo. Por los antecedentes que tenemos a nivel local no sería extraño que pasen hasta dos años hasta que cumplan la condena”, le dijo a este diario una fuente del juicio. Así las cosas, los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia.<br /><br />Hubo otras repercusiones de la sentencia. Por ejemplo, el fiscal federal Fernando Gélvez, clave en la investigación, dialogó con A Tiempo, que emite por FM Tiempo 91.5 de Trelew. “Estoy conforme porque evidentemente con nuestra tarea en la primera etapa del proceso como en el juicio acreditamos que hubo tareas reñidas con la ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y que ocurrieron de 2000 a 2006”.<br /><br />Gélvez consideró que “los resultados fueron correctos y se hizo justicia con hechos que en democracia no podemos tolerar”. En este sentido el fiscal anticipó que la sentencia “tendrá consecuencias políticas” ya que “no hay una figura penal específica que regule este tipo de actividades (el espionaje). El Congreso de la Nación debiera rever esta situación y crear y sancionar una figura penal delictual concreta para estos casos”.<br /><br />El funcionario recordó que los acusadores involucraron a la excúpula de la Armada Argentina, Jorge Godoy y Rótolo. “A mi criterio debieron estar sentados también como acusados en este juicio. Pero la Cámara de Casación Penal separó los juicios y no coincido con los fundamentos jurídicos. Eso es lo que estaría faltando”. El fiscal explicó que “los hechos son los mismos por más que las órdenes vinieran de Capital Federal. La conectividad objetiva de los hechos hacía que estas dos personas debieran haber sido juzgadas igual que los otros catorce acusados”.<br /><br />-¿Ninguno puede volver a trabajar en la Armada?<br /><br />-Este delito trae una pena que incluye la inhabilitación; el juez los inhabilitó para cualquier cargo o empleo público. O sea que si la pena queda firme no podrán ejercer ningún cargo público durante el tiempo de la condena. Dependerá de la pena privativa de la libertad que le aplicaron a cada uno. Debiera tomarse alguna medida desde el Poder Ejecutivo respecto a su actividad dentro de la Armada. Algunos pasaron a retiro y otros están por retirarse, pero con los que están en actividad esta resolución debiera hacer que cesen en su actividad. Veremos cuándo y cómo se implementa esto.#<br /><br />
<strong>Por Rolando Tobarez</strong><br /><br />Con suerte procesal, los 13 marinos condenados por ejecutar espionaje ilegal desde la Base Almirante Zar de Trelew no cumplirán sus penas hasta dentro de un año. Según coincidieron varias fuentes del juicio que terminó el martes, lo más probable es que sus defensores apelen el fallo del juez Enrique Guanziroli mediante un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Recién si alguna de sus cámaras desestima en tiempo y forma esas apelaciones, los condenados deberán asistir a cursos de 50 horas sobre Derechos Constitucionales y Humanos o bien hacer trabajos comunitarios gratis.<br /><br />Sin embargo hay un escenario peor y más probable hasta que la sentencia quede firme. Como esa Cámara porteña está atestada de trabajo con apelaciones de todo el país, podría pasar mucho más que un año antes de que se ocupe del caso chubutense. La falta de recursos no la ayuda. Incluso si ese tribunal rechaza esas apelaciones y confirma la decisión de Guanziroli, los militares podrían acudir en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para varios abogados esta chance es firme ya que la causa incluyó cuestiones institucionales que sí o sí debería decidir el máximo tribunal nacional. <br /><br />“Este expediente es muy largo y complejo. Por los antecedentes que tenemos a nivel local no sería extraño que pasen hasta dos años hasta que cumplan la condena”, le dijo a este diario una fuente del juicio. Así las cosas, los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia.<br /><br />Hubo otras repercusiones de la sentencia. Por ejemplo, el fiscal federal Fernando Gélvez, clave en la investigación, dialogó con A Tiempo, que emite por FM Tiempo 91.5 de Trelew. “Estoy conforme porque evidentemente con nuestra tarea en la primera etapa del proceso como en el juicio acreditamos que hubo tareas reñidas con la ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y que ocurrieron de 2000 a 2006”.<br /><br />Gélvez consideró que “los resultados fueron correctos y se hizo justicia con hechos que en democracia no podemos tolerar”. En este sentido el fiscal anticipó que la sentencia “tendrá consecuencias políticas” ya que “no hay una figura penal específica que regule este tipo de actividades (el espionaje). El Congreso de la Nación debiera rever esta situación y crear y sancionar una figura penal delictual concreta para estos casos”.<br /><br />El funcionario recordó que los acusadores involucraron a la excúpula de la Armada Argentina, Jorge Godoy y Rótolo. “A mi criterio debieron estar sentados también como acusados en este juicio. Pero la Cámara de Casación Penal separó los juicios y no coincido con los fundamentos jurídicos. Eso es lo que estaría faltando”. El fiscal explicó que “los hechos son los mismos por más que las órdenes vinieran de Capital Federal. La conectividad objetiva de los hechos hacía que estas dos personas debieran haber sido juzgadas igual que los otros catorce acusados”.<br /><br />-¿Ninguno puede volver a trabajar en la Armada?<br /><br />-Este delito trae una pena que incluye la inhabilitación; el juez los inhabilitó para cualquier cargo o empleo público. O sea que si la pena queda firme no podrán ejercer ningún cargo público durante el tiempo de la condena. Dependerá de la pena privativa de la libertad que le aplicaron a cada uno. Debiera tomarse alguna medida desde el Poder Ejecutivo respecto a su actividad dentro de la Armada. Algunos pasaron a retiro y otros están por retirarse, pero con los que están en actividad esta resolución debiera hacer que cesen en su actividad. Veremos cuándo y cómo se implementa esto.#<br /><br />