El fallo que condenó a 13 marinos por espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew abrió la sospecha de que la Armada Argentina eliminó documentación comprometedora en otras unidades navales para evitar que la investigación involucre a una cantidad mayor de militares. Cabe recordar que en los allanamientos en Puerto Belgrano la Justicia Federal no halló el material que esperaba. Los militares de Trelew enviaron allí mensajes del espionaje pero los libros donde consta su recepción en la Base más grande del país jamás aparecieron.  
El juez Enrique Guanziroli escribió en su sentencia que “la ausencia de documentación correlativa con la secuestrada en los otros destinos allanados impide avanzar en delimitar mayores responsabilidades individuales”.
Pero admitió que “no es menor que esa desaparición súbita, sin rastro alguno, particularmente en un tipo de tareas que al ejecutarse en ciertas oficinas dejan secuelas en las destinatarias, parece más como un propósito deliberado, coordinado y eficazmente cumplido antes que una volatilización sorpresiva producto vaya a saberse de qué ignotos seres y artefactos”. 
El magistrado deslizó que alguien eliminó evidencias pero no era su trabajo probarlo. “No corresponde a este Juzgado determinar si se trató de una práctica interna generalizada que comprometió en la ilegalidad a todas las secciones de Inteligencia de la Armada dentro o fuera del país y por acción u omisión a sus máximos responsables”. La Justicia Federal siempre pensó que en un lugar de secuestrar carpetas de la unidad chubutense, debió ejecutarse un allanamiento inmediato y simultáneo de todas las bases navales del país, para no dar tiempo a la desaparición de evidencias.
Zorros y gallinas

El primer allanamiento en Trelew fue el 17 de marzo de 2006. “Recién el lunes 20 de marzo de dicho año, tres días después, se clausuran por los oficiales navales designados las oficinas de Inteligencia y más tarde vuelven a producirse los otros allanamientos judiciales que resultaron inútiles”.
El juez sugirió que los veedores de esas oficinas clausuradas fueron los mismos oficiales que antes estuvieron a su cargo. “No es descabellado suponer que estuvieron comprometidos con las actividades allí llevadas a cabo con antelación”. Lobos cuidando el gallinero, el fallo deja flotando la destrucción de evidencias.
“Nada que ver”

En cuanto al resto del fallo, Guanziroli concluyó que “nada tiene que ver lo encontrado en los organismos navales comprometidos con la Inteligencia militar propia del rol asignado”. Las defensas dijeron que los marinos colectaron datos para prevenir nuevas amenazas, como el narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, “no se ve de qué manera semblanzas de políticos, jueces, activistas de derechos humanos, aborígenes, periodistas y sus calificaciones, conmemoraciones, pudieron relacionarse a los objetivos lícitos de la Inteligencia Naval”.
Para Guanziroli, el trabajo de los 13 marinos “no se relaciona con alguna situación concreta de inseguridad del personal naval o de la Base”, advirtió. “Obtener información sobre la situación de otro país no implica enumerar, vigilar, catalogar ideológicamente o facialmente a cuanto extranjero habita, se desempeña en puestos de mayor responsabilidad social o política, o aparece sin mayores apremios de tiempo por la zona turística local; proteger de agresiones externas no implica vigilar los movimientos de las minorías aborígenes locales”.
“Registrar el tránsito pesquero local no es seguir el conflicto empresarial en la pesca, ni a sus dirigentes o sus organizaciones y menos hacer un pronóstico sobre su probable evolución; proveer a la seguridad de las vinculaciones de todos los destinos en Trelew no consiste en registrar los cortes de ruta u observar piqueteros más o menos revoltosos y encasillarlos en una ideología”.
“Confeccionar la síntesis de prensa local no es clasificar periodistas o responsables, tampoco estudiar la ideología de su contenido y el público al que se dirige el medio”.
Mucho material se vinculaba a seguir la evolución de la causa por la Masacre de Trelew. Pero según Guanziroli, “tampoco la imagen de la Armada o su prestigio institucional se proyecta en alguna causa judicial que le toque transitar a sus miembros y que imponga su seguimiento prolongado”.
“Cualquiera que haya sido su añeja causa y su origen en el tiempo, esta práctica fue sistemática, habitual y prolongada en el lugar, por varios años, mucho después de entrar en vigor las leyes nacionales que la prohibían”.
La ley civil no valió

La antigüedad del espionaje quedó probada y refuerza la aseveración del testigo Luis Sánchez, que reveló que “a las leyes civiles, las autoridades militares le concedían poca o ninguna importancia”. En tal sentido, la inteligencia de una milicia “no es espontánea ni por cuenta propia, exige un requerimiento previo y es responsabilidad del Comando, para quien será su resultado directo”.
Guanziroli concluyó que el trabajo de los marinos de la Base “no fue un accionar aislado y esporádico, encapsulado como se pretendió, llevado a cabo excepcionalmente, sino que recorrió bastante tiempo hasta su descubrimiento un circuito naval de comunicación a los mandos superiores”.
Ninguna confusión

“No se estuvo ante una mala praxis ocasional o que cada uno ejecutó a su manera sino ante la consciente continuada perpetración de una conducta ilegal”, advirtió Guanziroli. “Los calificativos con periodistas, organizaciones, educadores, etcétera, las clasificaciones y encasillamientos y evaluaciones, que eran  periódicos en numerosos mensajes navales son claras muestras de una tarea deleznable, de inteligencia ilegal interna, sobre las actividades lícitas de los habitantes en un Estado democrático”. El fallo consideró “inconcebible la distorsión y dilapidación de esfuerzos en las tareas ilícitas descubiertas”.
“No hay confusión alguna –añade la sentencia-. Lisa y llanamente son prácticas de espionaje”. El magistrado federal consideró “inconcebible que los subordinados lleven a cabo tareas de este nivel político, duración y magnitud, sin el conocimiento de las autoridades mayores, de lo contrario cabría suponer que la Armada es una banda, donde sin control, sujetos hacen y deshacen a su antojo, lo que afortunadamente todavía no sucede”.
En cuanto a los marinos de más bajo rango, “no puede presumirse que obraron en subordinación a la autoridad superior, en una suerte de estado de coerción o de guerra, porque no se les exigió obediencia ciega. Los procesados supieron que estaban prohibidas las tareas y aún así continuaron sin importarles la respectiva ley de la Nación”. A sabiendas de la ilegalidad, los jefes ordenaron y los subordinados espiaron sin chistar.#