El tiempo pasa. Hace ya 23 años que en Trelew se aprobó la ordenanza para la creación de un mercado central. Fue en 1989 con el número 3061. Por el ejecutivo municipal pasaron, desde ese momento, 7 intendentes y ninguno lo materializó. Explicaciones al margen, así fue la cosa. Ya en la última campaña electoral fue el hoy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Norberto Yauhar, quien rescató la iniciativa. En sus tiempos de candidato a jefe político de la ciudad dijo esto que Jornada publicó a fines de octubre de 2010: “un mercado concentrador revalorizará al Valle lo que generaría puestos de empleo “duraderos” en la zona de chacras”. Este inicio de columna viene a cuento de las declaraciones del hombre de Chubut en el gabinete de Cristina, que se mostró sumamente preocupado por la dilación existente en la cesión de tierras para la concreción del proyecto toda vez que ya hay aval del Banco Mundial para financiar esta obra que demandará una inversión de 12 millones de dólares.
El encono de Yauhar tiene que ver con su carácter de impulsor del asunto y con, también, el fuerte rumor que encuadra en una interna política el freno que sufrió esta cesión de tierras en el Concejo Deliberante de Trelew.
Debe señalarse que el argumento esgrimido tenía su basamento en la existencia de otras tierras a las elegidas con chances de recibir la obra. Ayer Manuel Morejón le bajó el pulgar a esto, aclarando que esa alternativa no era viable. Suponía una inversión mucho mayor. El predio que se proponía desde el mackartismo sería de un reconocido empresario zonal, un dato que también se aporta desde los pasillos.
Por lo pronto, éste lunes el ministro Norberto Yauhar irá a presentarle el proyecto al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán. El chubutense no quiere que se caiga y trata de acelerar los tiempos porque, como dijo entre semana, el Banco Mundial aporta pero no admite más dilaciones. Los concejales, este jueves, finalmente le darían aire. Mejor así. En los tiempos que corren la ciudad no puede darse lujos, menos si en el medio hay 12 millones de dólares en inversión y puestos de trabajo, muchos.
Poco saludable
El tema salud está incurable. Hasta parece el gran oxímoron de la gestión Buzzi. Las desavenencias con el sector aparecieron a las pocas semanas de su llegada a Fontana 50 y su final, por ahora, es por lo menos incierto. El viernes tuvo su pico con la caída de las paritarias con lo que, se entiende, el conflicto continúa. El secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Montoya, fue quien tomó la palabra sobre el tema. Así informó que se determinaba la “caducidad de la negociación como asimismo del convenio colectivo de trabajo”. El funcionario argumentó la medida, entre otras cosas, en “los hechos de violencia que se han suscitado” y también al “incumplimiento por parte del gremio ATE del compromiso asumido en la reunión pasada de no realizar medidas de fuerza”.
Montoya aludió al episodio de insólita violencia que se dio el viernes en casa de Gobierno. Allí el propio titular de ATE, Edgardo Hompanera, fue agredido a golpes de puño por manifestantes. Una reacción extemporánea, digna de otros tiempos. Cualquier hijo de vecino puede asociar, rápidamente, que quienes reaccionaron de esa forma para dirimir una cuestión laboral forman parte del grupo de gente encargado de custodiar la salud de la sociedad chubutense. Es, en algún punto, hasta temerario.
En rigor a la verdad, y al margen de los reclamos que el grueso de los trabajadores pueda hacer –cuya legitimidad no intenta dirimirse aquí-, el Gobierno en esto quedó atrapado entre las dificultades para dar respuesta y la interna feroz que vive hoy la central sindical de los trabajadores estatales, cuyo peso en esto es igual o superior a las solicitudes de los trabajadores, tengan o no completada su ficha de afiliación al gremio.
El fin de los espías
Casi en soledad, este medio reflejó un proceso judicial largo e intrincado. Tras un laberinto de dilaciones y disparatadas hipótesis defensistas, el martes, un juez federal consideró probado que como en los peores tiempos de la Armada Argentina, al menos 13 marinos espiaron sistemáticamente la vida y obra de periodistas, políticos, dirigentes sociales y variadas organizaciones. Y que les pusieron etiquetas que huelen rancio, como “marxista” o “elemento peligroso”. Y guardaron la información para tenerla ordenada y bien a mano, mediante el aparato estatal que pagamos todos.
La causa se inició en 2006 y varios la minimizaron. Dijeron que esas carpetas eran papelitos inofensivos, trabajos escolares casi. Y de a poco perdió impacto mediático. Pero si se suma la causa paralela que tiene procesado a Jorge Godoy, el ex jefe de la Marina, ya hubo 9 magistrados que coincidieron en condenar el ejercicio de inteligencia ilegal.
La sentencia es ejemplar, extensa y plena de fundamentación jurídica. Es pública. No vendría nada mal darle un vistazo sin prejuicios. No hace falta ser abogado para entenderla. En ese papel figura quiénes eran espiados y cómo era el seguimiento. No eran trabajos escolares y derribó a una cúpula militar que espera el juicio oral y público. Ese huevo de la serpiente se frenó en Chubut. Que valga la pena. #