En una nueva audiencia en los tribunales de Rawson, la defensa del exsubsecretario de Información Pública, Daniel Taito, insistió en pedir la prescripción de la causa. Por su parte, la fiscalía rechazó ese planteo y solicitó nuevamente la apertura de investigación. Cabe recordar que a Taito se lo acusa de fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El exfuncionario decidió cambiar el defensor público por Fabián Gabalachis, quien tras la audiencia comentó que “la resolución de la jueza Servent no aplicaba correctamente los dispositivos legales que establece el Código Penal respecto a la prescripción; a veces se discute si no es un argumento para evitar un juicio porque en los casos donde hubo un condenado se prescribe la pena aunque no la acción. Encontramos necesario hacer esa salvedad dado que es una cuestión de pleno derecho que, incluso se aplica en forma oficiosa por el Tribunal en algunos casos”.
Los jueces Sergio Pineda e Ivana González notificarán la semana próxima su resolución. “Estamos a la espera de que se resuelva esto en el plazo estipulado que es de tres días, con los feriados sería el próximo viernes, y se nos notificará en forma escrita”, puntualizó Gabalachis.
Todo agotado
“Hemos interpretado que los hechos que se investigan se agotaron, fuera de la responsabilidad que puede tener mi representado en esa situación, el 13 de mayo de 2010. Ya estamos en diciembre de 2012 y el delito que se le atribuye tiene una pena máxima de dos años; justamente el Código dice que la prescripción se efectúa en el máximo de pena que tiene el delito, en este caso de dos años que ya han sido superados”, manifestó.
Sobre si es la última instancia para este planteo, Gabalachis respondió que “hay antecedente de la Corte que interpretó que toda resolución que ponen fin a un proceso interpretado de manera inversa, significa que en este caso no se terminaría porque no tiene las pretensiones que solicitamos, habilitarían la vía extraordinaria. Esto sería para estudiarlo pero tengo optimismo de que esta resolución podría satisfacer nuestros intereses”.
La versión Meza Evans
En tanto el fiscal de Estado, Blas Meza Evans remarcó que “esta es una posibilidad para que la Justicia demuestre que los funcionarios públicos no pueden pasar impunemente por la gestión y hacer cualquier cosa sin que no tengan la digna sanción. Esperemos que todos estos hechos puedan marcar un antes y un después en relación a la opinión que la opinión tiene del Poder Judicial. Pedimos ingresar como querellantes una vez que esté abierta la investigación”.
Respecto a la decisión de Taito de obtener un defensor particular cuando tenía uno público, aseveró que “debe requerir una mayor dedicación y cuidado, por eso contrató a un abogado de la experiencia de Gabalachis. Si Taito está preocupado, yo estoy más tranquilo”, aseguró.
En torno al planteo de la prescripción alegó: “Hay dos motivos fundamentales por los cuales la prescripción no puede ser otorgado. El primero es porque el plazo de prescripción no corrió hasta que Taito dejó de ser funcionario público y esto sucedió recién en noviembre de 2011. Por otro lado, en tiempo oportuno la fiscal amplió la presentación y le endilga el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que tiene una pena de seis años, por lo cual no prescribió de ninguna manera".
En este sentido aseguró que "no hay violación de derechos constitucionales para Taito y corresponde que se lleve adelante el proceso abriendo la investigación. Esto se va a dilatar hasta el año que viene y es una pena que se haya demorado tanto tiempo”..
En una nueva audiencia en los tribunales de Rawson, la defensa del exsubsecretario de Información Pública, Daniel Taito, insistió en pedir la prescripción de la causa. Por su parte, la fiscalía rechazó ese planteo y solicitó nuevamente la apertura de investigación. Cabe recordar que a Taito se lo acusa de fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El exfuncionario decidió cambiar el defensor público por Fabián Gabalachis, quien tras la audiencia comentó que “la resolución de la jueza Servent no aplicaba correctamente los dispositivos legales que establece el Código Penal respecto a la prescripción; a veces se discute si no es un argumento para evitar un juicio porque en los casos donde hubo un condenado se prescribe la pena aunque no la acción. Encontramos necesario hacer esa salvedad dado que es una cuestión de pleno derecho que, incluso se aplica en forma oficiosa por el Tribunal en algunos casos”.
Los jueces Sergio Pineda e Ivana González notificarán la semana próxima su resolución. “Estamos a la espera de que se resuelva esto en el plazo estipulado que es de tres días, con los feriados sería el próximo viernes, y se nos notificará en forma escrita”, puntualizó Gabalachis.
Todo agotado
“Hemos interpretado que los hechos que se investigan se agotaron, fuera de la responsabilidad que puede tener mi representado en esa situación, el 13 de mayo de 2010. Ya estamos en diciembre de 2012 y el delito que se le atribuye tiene una pena máxima de dos años; justamente el Código dice que la prescripción se efectúa en el máximo de pena que tiene el delito, en este caso de dos años que ya han sido superados”, manifestó.
Sobre si es la última instancia para este planteo, Gabalachis respondió que “hay antecedente de la Corte que interpretó que toda resolución que ponen fin a un proceso interpretado de manera inversa, significa que en este caso no se terminaría porque no tiene las pretensiones que solicitamos, habilitarían la vía extraordinaria. Esto sería para estudiarlo pero tengo optimismo de que esta resolución podría satisfacer nuestros intereses”.
La versión Meza Evans
En tanto el fiscal de Estado, Blas Meza Evans remarcó que “esta es una posibilidad para que la Justicia demuestre que los funcionarios públicos no pueden pasar impunemente por la gestión y hacer cualquier cosa sin que no tengan la digna sanción. Esperemos que todos estos hechos puedan marcar un antes y un después en relación a la opinión que la opinión tiene del Poder Judicial. Pedimos ingresar como querellantes una vez que esté abierta la investigación”.
Respecto a la decisión de Taito de obtener un defensor particular cuando tenía uno público, aseveró que “debe requerir una mayor dedicación y cuidado, por eso contrató a un abogado de la experiencia de Gabalachis. Si Taito está preocupado, yo estoy más tranquilo”, aseguró.
En torno al planteo de la prescripción alegó: “Hay dos motivos fundamentales por los cuales la prescripción no puede ser otorgado. El primero es porque el plazo de prescripción no corrió hasta que Taito dejó de ser funcionario público y esto sucedió recién en noviembre de 2011. Por otro lado, en tiempo oportuno la fiscal amplió la presentación y le endilga el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que tiene una pena de seis años, por lo cual no prescribió de ninguna manera".
En este sentido aseguró que "no hay violación de derechos constitucionales para Taito y corresponde que se lleve adelante el proceso abriendo la investigación. Esto se va a dilatar hasta el año que viene y es una pena que se haya demorado tanto tiempo”..