El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, manifestó su rechazo a los asentamientos que se han dado en los últimos días sobre tierras privadas ubicadas en la zona oeste de la ciudad y dijo que “estas acciones no serán permitidas por el Ejecutivo Municipal”.
El jefe comunal advirtió que desde la gestión que encabeza mantendremos tolerancia cero con los asentamientos ilegales” y explicó que se realiza en la ciudad un importante operativo disuasivo y preventivo, para evitar la ocupación de tierras.
Desde hace algunos días se ha advertido la ocupación de tierras ubicadas en el sector oeste de la ciudad, que pertenecerían a la firma San Miguel y que están a pocos metros de zonas ya urbanizadas, como el barrio La Colina, por ejemplo. Vecinos de ese sector han denunciado que vienen sufriendo episodios de inseguridad y relatan de qué manera han visto crecer el asentamiento e incluso cómo vehículos de alta gama y algunos de ellos muy nuevos llegan hasta el lugar y descargan elementos para continuar con la ocupación.
Sastre recordó que la firma San Miguel SA deberá realizar la denuncia correspondiente, y en caso de que se realice un desalojo, este será ordenado por la Justicia tras analizar las presentaciones de la firma privada.
El intendente señaló que “a pesar de que las tierras son privadas, por supuesto que el Departamento Ejecutivo Municipal seguirá manteniendo su postura sobre los asentamientos, y de ser necesario nos pondremos a disposición de la empresa y de la Justicia para avanzar en conjunto, porque la toma ilegal de las tierras, no es algo que compartimos, y no queremos que esto siga avanzando en Puerto Madryn”.
“De hecho –agregó- durante muchos meses de gestión, la Municipalidad ha realizado innumerables acciones para dar contención a vecinos en situación de vulnerabilidad, y así evitar que se tomen estas decisiones de usurpar por parte de la gente”.
El jefe comunal recordó que hace poco tiempo comenzó a implementarse en la ciudad por parte del municipio el relevamiento de tierras donde los vecinos deben manifestar cuáles son las necesidades que tienen con respecto al acceso a un terreno, y esto será evaluado para ir de alguna forma regularizando estas cuestiones. Las acciones son realizadas en el marco de las políticas públicas de desarrollo urbanístico con control municipal, orientado a garantizar el crecimiento planificado de la ciudad y a fortalecer los procesos de acceso a tierras y viviendas a través de los mecanismos formales.
Sastre indicó que “el objetivo principal es trabajar en la restitución del derecho vulnerado y que las ocupaciones ilegales constituyen una vía errónea para lograr el acceso a tierras y viviendas”, indicando también que “trabajamos con la fuerte convicción de que todos los temas de necesidad social no pueden ser abordados con liviandad. Con la confirmación de nuestra postura en cuanto a ocupaciones ilegales, buscamos dar un claro mensaje contra todo tipo de asentamiento, a partir del convencimiento de que ninguna imposición ilegal puede ser amparada por el Estado, sino que es desde el municipio desde donde deben partir las políticas públicas de urbanización”.
El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, manifestó su rechazo a los asentamientos que se han dado en los últimos días sobre tierras privadas ubicadas en la zona oeste de la ciudad y dijo que “estas acciones no serán permitidas por el Ejecutivo Municipal”.
El jefe comunal advirtió que desde la gestión que encabeza mantendremos tolerancia cero con los asentamientos ilegales” y explicó que se realiza en la ciudad un importante operativo disuasivo y preventivo, para evitar la ocupación de tierras.
Desde hace algunos días se ha advertido la ocupación de tierras ubicadas en el sector oeste de la ciudad, que pertenecerían a la firma San Miguel y que están a pocos metros de zonas ya urbanizadas, como el barrio La Colina, por ejemplo. Vecinos de ese sector han denunciado que vienen sufriendo episodios de inseguridad y relatan de qué manera han visto crecer el asentamiento e incluso cómo vehículos de alta gama y algunos de ellos muy nuevos llegan hasta el lugar y descargan elementos para continuar con la ocupación.
Sastre recordó que la firma San Miguel SA deberá realizar la denuncia correspondiente, y en caso de que se realice un desalojo, este será ordenado por la Justicia tras analizar las presentaciones de la firma privada.
El intendente señaló que “a pesar de que las tierras son privadas, por supuesto que el Departamento Ejecutivo Municipal seguirá manteniendo su postura sobre los asentamientos, y de ser necesario nos pondremos a disposición de la empresa y de la Justicia para avanzar en conjunto, porque la toma ilegal de las tierras, no es algo que compartimos, y no queremos que esto siga avanzando en Puerto Madryn”.
“De hecho –agregó- durante muchos meses de gestión, la Municipalidad ha realizado innumerables acciones para dar contención a vecinos en situación de vulnerabilidad, y así evitar que se tomen estas decisiones de usurpar por parte de la gente”.
El jefe comunal recordó que hace poco tiempo comenzó a implementarse en la ciudad por parte del municipio el relevamiento de tierras donde los vecinos deben manifestar cuáles son las necesidades que tienen con respecto al acceso a un terreno, y esto será evaluado para ir de alguna forma regularizando estas cuestiones. Las acciones son realizadas en el marco de las políticas públicas de desarrollo urbanístico con control municipal, orientado a garantizar el crecimiento planificado de la ciudad y a fortalecer los procesos de acceso a tierras y viviendas a través de los mecanismos formales.
Sastre indicó que “el objetivo principal es trabajar en la restitución del derecho vulnerado y que las ocupaciones ilegales constituyen una vía errónea para lograr el acceso a tierras y viviendas”, indicando también que “trabajamos con la fuerte convicción de que todos los temas de necesidad social no pueden ser abordados con liviandad. Con la confirmación de nuestra postura en cuanto a ocupaciones ilegales, buscamos dar un claro mensaje contra todo tipo de asentamiento, a partir del convencimiento de que ninguna imposición ilegal puede ser amparada por el Estado, sino que es desde el municipio desde donde deben partir las políticas públicas de urbanización”.