"No podemos hacer que nuestro país sea más seguro simplemente procesando o encarcelando a más gente. Hoy un ciclo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento atrapa a muchos estadounidenses y debilita demasiadas comunidades", explicó el secretario de Justicia, Eric Holder, al hacer el anuncio.
El jefe de los fiscales federales de Estados Unidos explicó la nueva directiva en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Abogados en San Francisco, informó la agencia de noticias EFE.
Según señaló, la iniciativa del gobierno federal pide a los fiscales que procesen a los detenidos por crímenes no violentos vinculados con las drogas de tal manera de evitar las condenas mínimas, que actualmente pueden ir de 5 a 10 años para los crímenes menores.
Por ejemplo, detalló el demócrata Holder, los fiscales pueden omitir en el acta de procesamiento la cantidad de droga que poseía o intentaba vender el detenido.
El secretario de Justicia fue claro al especificar en qué casos se aplicará la nueva directiva.El crimen no debe ser violento ni involucrar el uso de un arma, el imputado no puede tener vínculo con líderes de una organización criminal o carteles de droga, ni puede tener antecedentes criminales importantes ni estar acusado de vender drogas a menores, explicó.
"Cuando las leyes se aplican de manera indiscriminada no benefician a la seguridad pública, y por eso tuvieron un efecto destructivo en las comunidades y, en última instancia, son contraproducentes", argumentó el secretario de Justicia del presidente Barack Obama.
En previsión de una lluvia de críticas de los sectores más derechistas del Partido Republicano, Holder se centró en un argumento que suele ser bien recibido en la oposición conservadora: la reducción del gasto público que acompañará la medida.
El año pasado Estados Unidos gastó 80.000 millones de dólares para mantener a las 2,3 millones de personas que cumplen condenas en prisiones federales, estatales y locales.
El costo carcelario se incrementó tanto en ese país que hasta algunos estados sureños muy conservadores tuvieron que impulsar recientemente reformas para reducir el número de presos y crear vías legales alternativas a la encarcelación.
Como el propio Holder destacó hoy en su discurso, Estados Unidos concentra apenas el 5 por ciento de la población mundial, pero su población carcelaria representa el 25 por ciento de los detenidos de todo el mundo.
Esta relación desproporcionada es relativamente nueva.
La población carcelaria estadounidense aumentó en un 800 por ciento desde 1980, cuando el entonces gobierno conservador del presidente Ronald Reagan generalizó leyes duras y condenas obligatorias y largas para todos los criminales reincidentes y aquellos vinculados con casos de drogas ilegales.
En consecuencia, hoy el Departamento de Justicia estima que cerca de la mitad de los 219.000 presos que cumplen sus condenas en las abarrotadas prisiones federales lo hacen por crímenes vinculados con drogas.
"Esto genera una pérdida de respeto por el sistema", advirtió Holder.
A fines de mayo pasado, el director de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kenikowske, ya había pedido una reforma de los códigos penales federales y locales, que descriminalice el consumo de algunas drogas, establezca penas alternativas a la prisión y fomente los tratamientos de rehabilitación.
Sin embargo, ante la acérrima oposición republicana a los proyectos de ley enviados en los últimos meses por la Casa Blanca al Congreso, el gobierno de Obama decidió buscar una forma de flexibilizar las condenas vinculadas a las drogas ilegales sin necesidad de pasar por el Capitolio.
"No podemos hacer que nuestro país sea más seguro simplemente procesando o encarcelando a más gente. Hoy un ciclo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento atrapa a muchos estadounidenses y debilita demasiadas comunidades", explicó el secretario de Justicia, Eric Holder, al hacer el anuncio.
El jefe de los fiscales federales de Estados Unidos explicó la nueva directiva en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Abogados en San Francisco, informó la agencia de noticias EFE.
Según señaló, la iniciativa del gobierno federal pide a los fiscales que procesen a los detenidos por crímenes no violentos vinculados con las drogas de tal manera de evitar las condenas mínimas, que actualmente pueden ir de 5 a 10 años para los crímenes menores.
Por ejemplo, detalló el demócrata Holder, los fiscales pueden omitir en el acta de procesamiento la cantidad de droga que poseía o intentaba vender el detenido.
El secretario de Justicia fue claro al especificar en qué casos se aplicará la nueva directiva.El crimen no debe ser violento ni involucrar el uso de un arma, el imputado no puede tener vínculo con líderes de una organización criminal o carteles de droga, ni puede tener antecedentes criminales importantes ni estar acusado de vender drogas a menores, explicó.
"Cuando las leyes se aplican de manera indiscriminada no benefician a la seguridad pública, y por eso tuvieron un efecto destructivo en las comunidades y, en última instancia, son contraproducentes", argumentó el secretario de Justicia del presidente Barack Obama.
En previsión de una lluvia de críticas de los sectores más derechistas del Partido Republicano, Holder se centró en un argumento que suele ser bien recibido en la oposición conservadora: la reducción del gasto público que acompañará la medida.
El año pasado Estados Unidos gastó 80.000 millones de dólares para mantener a las 2,3 millones de personas que cumplen condenas en prisiones federales, estatales y locales.
El costo carcelario se incrementó tanto en ese país que hasta algunos estados sureños muy conservadores tuvieron que impulsar recientemente reformas para reducir el número de presos y crear vías legales alternativas a la encarcelación.
Como el propio Holder destacó hoy en su discurso, Estados Unidos concentra apenas el 5 por ciento de la población mundial, pero su población carcelaria representa el 25 por ciento de los detenidos de todo el mundo.
Esta relación desproporcionada es relativamente nueva.
La población carcelaria estadounidense aumentó en un 800 por ciento desde 1980, cuando el entonces gobierno conservador del presidente Ronald Reagan generalizó leyes duras y condenas obligatorias y largas para todos los criminales reincidentes y aquellos vinculados con casos de drogas ilegales.
En consecuencia, hoy el Departamento de Justicia estima que cerca de la mitad de los 219.000 presos que cumplen sus condenas en las abarrotadas prisiones federales lo hacen por crímenes vinculados con drogas.
"Esto genera una pérdida de respeto por el sistema", advirtió Holder.
A fines de mayo pasado, el director de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kenikowske, ya había pedido una reforma de los códigos penales federales y locales, que descriminalice el consumo de algunas drogas, establezca penas alternativas a la prisión y fomente los tratamientos de rehabilitación.
Sin embargo, ante la acérrima oposición republicana a los proyectos de ley enviados en los últimos meses por la Casa Blanca al Congreso, el gobierno de Obama decidió buscar una forma de flexibilizar las condenas vinculadas a las drogas ilegales sin necesidad de pasar por el Capitolio.