Nuevas pruebas vinculan a JP Morgan al lavado de dinero
El banco privado reconoció en una serie de documentos que el ex ejecutivo de la entidad Hernán Arbizu manejaba una cartera de empresas y personas físicas argentinas de más de 200 millones de dólares, que estarían involucradas en causas de presunto lavado de activos.
Entre esos clientes se encuentran el Grupo Clarín y sus directivos, Consultatio, Ledesma y la familia Blaquier, la editorial Estrada y la alimenticia Fort, entre otros, según publicó hoy el matutino Tiempo Argentino.
En cuanto a las pruebas, pese a que la estrategia del JP Morgan ha sido negar que Arbizu manejaba esas cuentas, el 18 de junio de 2008, Luke R. Palacio, por entonces jefe del banco de la región Cono Sur, ingresó en los tribunales de Nueva York un escrito donde aseguró que el banquero arrepentido "era responsable de desarrollar y mantener relaciones con grandes fortunas individuales y sus negocios relacionados, corporaciones, instituciones y trusts en Argentina".
En el documento, una declaración voluntaria hecha por escrito, Palacio también aseguró que Arbizu "tenía acceso diario a una base de datos con información muy sensible concerniente a los clientes del JP Morgan".
La presentación de Luke Palacio fue hecha días después de que Arbizu confesara en Argentina haber triangulado en forma irregular dinero de cuentas de sus propios clientes y otorgara a la justicia local un listado de 469 empresas y personas físicas a las cuales había ayudado a lavar dinero.
Para manejar ese paquete de clientes, cuentas que superaban la suma de U$S 200 millones, el banco le pagaba a Arbizu "U$S 300 mil".
Además, el escrito de Palacio especifica que la información que manejaba su ex empleado "incluye nombres, direcciones, números de teléfonos, cantidades de dinero, preferencias de inversión y niveles de tolerancia al riesgo".
Estos últimos datos coinciden incluso con la declaración que el arrepentido hizo en 2008 ante el titular del Juzgado Penal y Correccional 12, Sergio Torres, y que hasta hoy no habían sido tenidos en cuenta por el magistrado.
Asimismo, estos documentos ponen en evidencia las dilaciones de un sector de la justicia argentina que aún espera pruebas internacionales para que avancen las causas de lavado de activos en el país.
Por último, en la investigación que hoy publica el matutino también se indica que el banco privado JP Morgan asegura que elactual diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Gil Lavedra es su "asesor legal".
"Lo consultamos por varios temas y es asesor legal del banco", precisó ayer una fuente del área de relaciones institucionales del JP Morgan Chase, quien le otorgó un carácter "permanente" a los servicios brindados por el estudio del legislador, más allá de reconocer que la representación legal siga recayendo en el Estudio Durrieu, a cargo de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.
Entre esos clientes se encuentran el Grupo Clarín y sus directivos, Consultatio, Ledesma y la familia Blaquier, la editorial Estrada y la alimenticia Fort, entre otros, según publicó hoy el matutino Tiempo Argentino.
En cuanto a las pruebas, pese a que la estrategia del JP Morgan ha sido negar que Arbizu manejaba esas cuentas, el 18 de junio de 2008, Luke R. Palacio, por entonces jefe del banco de la región Cono Sur, ingresó en los tribunales de Nueva York un escrito donde aseguró que el banquero arrepentido "era responsable de desarrollar y mantener relaciones con grandes fortunas individuales y sus negocios relacionados, corporaciones, instituciones y trusts en Argentina".
En el documento, una declaración voluntaria hecha por escrito, Palacio también aseguró que Arbizu "tenía acceso diario a una base de datos con información muy sensible concerniente a los clientes del JP Morgan".
La presentación de Luke Palacio fue hecha días después de que Arbizu confesara en Argentina haber triangulado en forma irregular dinero de cuentas de sus propios clientes y otorgara a la justicia local un listado de 469 empresas y personas físicas a las cuales había ayudado a lavar dinero.
Para manejar ese paquete de clientes, cuentas que superaban la suma de U$S 200 millones, el banco le pagaba a Arbizu "U$S 300 mil".
Además, el escrito de Palacio especifica que la información que manejaba su ex empleado "incluye nombres, direcciones, números de teléfonos, cantidades de dinero, preferencias de inversión y niveles de tolerancia al riesgo".
Estos últimos datos coinciden incluso con la declaración que el arrepentido hizo en 2008 ante el titular del Juzgado Penal y Correccional 12, Sergio Torres, y que hasta hoy no habían sido tenidos en cuenta por el magistrado.
Asimismo, estos documentos ponen en evidencia las dilaciones de un sector de la justicia argentina que aún espera pruebas internacionales para que avancen las causas de lavado de activos en el país.
Por último, en la investigación que hoy publica el matutino también se indica que el banco privado JP Morgan asegura que elactual diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Gil Lavedra es su "asesor legal".
"Lo consultamos por varios temas y es asesor legal del banco", precisó ayer una fuente del área de relaciones institucionales del JP Morgan Chase, quien le otorgó un carácter "permanente" a los servicios brindados por el estudio del legislador, más allá de reconocer que la representación legal siga recayendo en el Estudio Durrieu, a cargo de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.