Investigan en Neuquén la complicidad de jueces con la dictadura
La delegación Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos reveló que en más de 300 expedientes tramitados en los fueros federales y provinciales de la región, durante la dictadura, "queda demostrada la complicidad civil del Poder Judicial como sostén del Terrorismo de Estado" en la Argentina.
La representante de la secretaría en Neuquén, Beatriz Gentile, aseguró, en conferencia de prensa, que "hace un año nos presentamos como querellantes en el Juzgado Federal de Neuquén para que se investigue el rol que desempeñaron los jueces en aquella época".
"Hay más 324 expedientes en los que figuran trámites de habeas corpus, amparos, secuestros, desaparición de personas, es decir la presencia fáctica de estos expedientes de los cuales algunos se informa que no han sido encontrados físicamente pero si están en los libros de registros de distintas dependencias judiciales federales y de las provincias de Río Negro y Neuquén", informó.
Gentile señaló que "una primera cuestión que se desprende de todo esto es que la sociedad neuquina y rionegrina recurrió a la justicia en los años del Terrorismo de Estado, esperando una respuesta ante la desaparición de sus seres queridos".
"Otra cuestión importante es la forma en que el Poder Judicial durante la dictadura fue un sostén necesario de este Estado Terrorista, este estado desdoblado como lo planteó Eduardo Luis Duhalde", destacó.
Precisó que "por la forma en que actuó, el Poder Judicial le dio una cobertura de normalidad, de legalidad a este estado que en su cara invisible sabemos cómo se comportaba".
Agregó que "a partir de esto podemos tener la hipótesis de que fue un sostén importante y estaba dentro de lo que fue el `Plan Sistemático`".
Gentile consideró que "esta presencia del Poder Judicial terminó legitimando prácticas jurídicas aberrantes, como por ejemplo avalar detenciones que las cometía alguna fuerza de seguridad que no estaba habilitada para hacerlo, los habeas corpus los terminaron transformando en meros hechos administrativos y marca lo que a nivel nacional es la definición de una dictadura cívico-militar".
El abogado de la Secretaría, Marcelo Medrano señaló que "desde el año 2012 planteamos que era necesario abrir el juego para investigar al Poder Judicial porque a esta altura es incontrastable que la dictadura fue cívico militar".
"No fue un planteo libre de tensiones porque habitualmente se cercena esta posibilidad con el consabido, estamos juzgando solo el hecho, pero creo que también es una lucha, independientemente que es jurídica, también histórica y cultural".
La representante de la secretaría en Neuquén, Beatriz Gentile, aseguró, en conferencia de prensa, que "hace un año nos presentamos como querellantes en el Juzgado Federal de Neuquén para que se investigue el rol que desempeñaron los jueces en aquella época".
"Hay más 324 expedientes en los que figuran trámites de habeas corpus, amparos, secuestros, desaparición de personas, es decir la presencia fáctica de estos expedientes de los cuales algunos se informa que no han sido encontrados físicamente pero si están en los libros de registros de distintas dependencias judiciales federales y de las provincias de Río Negro y Neuquén", informó.
Gentile señaló que "una primera cuestión que se desprende de todo esto es que la sociedad neuquina y rionegrina recurrió a la justicia en los años del Terrorismo de Estado, esperando una respuesta ante la desaparición de sus seres queridos".
"Otra cuestión importante es la forma en que el Poder Judicial durante la dictadura fue un sostén necesario de este Estado Terrorista, este estado desdoblado como lo planteó Eduardo Luis Duhalde", destacó.
Precisó que "por la forma en que actuó, el Poder Judicial le dio una cobertura de normalidad, de legalidad a este estado que en su cara invisible sabemos cómo se comportaba".
Agregó que "a partir de esto podemos tener la hipótesis de que fue un sostén importante y estaba dentro de lo que fue el `Plan Sistemático`".
Gentile consideró que "esta presencia del Poder Judicial terminó legitimando prácticas jurídicas aberrantes, como por ejemplo avalar detenciones que las cometía alguna fuerza de seguridad que no estaba habilitada para hacerlo, los habeas corpus los terminaron transformando en meros hechos administrativos y marca lo que a nivel nacional es la definición de una dictadura cívico-militar".
El abogado de la Secretaría, Marcelo Medrano señaló que "desde el año 2012 planteamos que era necesario abrir el juego para investigar al Poder Judicial porque a esta altura es incontrastable que la dictadura fue cívico militar".
"No fue un planteo libre de tensiones porque habitualmente se cercena esta posibilidad con el consabido, estamos juzgando solo el hecho, pero creo que también es una lucha, independientemente que es jurídica, también histórica y cultural".