Masacre de Trelew: por qué los jueces decidieron anular dos absoluciones y ordenar otro juicio

Por Rolando Tobarez

Mariano Hernán Borinsky fue el más duro de los tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que revisaron el fallo por la Masacre de Trelew: confirmó las perpetuas de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino; ordenó nuevo juicio a Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y pidió detenciones por los 16 fusilamientos del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar. Tuvo éxito en los dos primeros puntos.

En cuanto a Paccagnini, jefe de la Base, Borinsky consideró que la decisión de absolverlo no tuvo “una adecuada valoración de la prueba” y que en el fallo original “se advierten fisuras en los jueces”.

Paccagnini era capitán de fragata de la Armada. “El oficial naval de máxima autoridad en dicha área”, escribió Borinsky. Tanto es así que en la toma del aeropuerto previa a la matanza le ordenó al segundo comandante, capitán Sosa, del Batallón de Infantería de Marina, que “se hiciera cargo de la situación”. El propio Sosa admitió ese vínculo de jerarquía cuando declaró que “llegó un chofer en un jeep y dijo que tenía que ir de inmediato a la Base pues lo llamaba Paccagnini”.

La orden de Paccagnini a un infante de Marina “habría implicado que era la máxima autoridad a cuyo tenor tomaba las decisiones que los restantes acataban, ya sea Batallón de Infantería, Marinería o Aviación Naval”.

El propio Sosa describió: “Paccagnini actuó en su carácter de jefe de Región Naval por ser el más antiguo de los oficiales de comando”. Para el camarista, Paccagnini impartió órdenes a Sosa y a varios más. “Podría interpretarse como la expresión del poder de mando que ejercía sobre todos los que estaban en aquella época prestando funciones en la Base”. No era, como dijo el primer tribunal, “sólo era una figura cuasi decorativa en el aeropuerto”.

Cuando los presos se suben al ómnibus creyendo que volvían a la Unidad 6, “Paccagnini habría dispuesto el cambio del lugar de destino, en cumplimiento de instrucciones del presidente de facto Alejandro Lanusse, extremo que le comunicó al capitán Sosa”. El tribunal que lo absolvió ignoró este dato.

Héctor “Pepe” Castro, en su testimonio, recordó que “Paccagnini le comunicó a Godoy que los iban a trasladar a la Base Zar, Godoy le reclama que esas no habían sido las condiciones, Paccagnini le informa que por orden de la Presidencia debían trasladarlos a la Base. Godoy insiste pero Pacagnini le dice que debe cumplir con la orden y se termina el tema”.

Según Borinsky, “Paccagnini como máximo responsable de la Base habría emitido órdenes para recobrar el control del aeropuerto y llevara los evadidos del penal de Rawson a la Base”.

La orden fue de Lanusse y pasó por Paccagnini a Sosa. “No fue un mero transmisor de instrucciones, sino que hay que atribuirle el real status que revestía dentro de la estructura jerárquica militar imperante”, advirtió el camarista. “El tribunal le resta autoridad a Paccagnini cuando ordena recuperar el control del aeropuerto, reputándolo como un mero transmisor de instrucciones vacío de poder”.

Borinsky concluyó que la orden de Lanusse fue transmitida a Paccagnini dado su carácter de jefe de la Base. Y el acusado “retransmitió la orden de trasladar a los detenidos a la Base, ámbito de su dominio y contralor”. Sosa contó que “siguiendo órdenes de Paccagnini llevó a los detenidos a la zona de calabozos y ordenó que queden recluidos dos o tres por celdas y formen una guardia”. Según el teniente de corbeta Agustín Magallanes: “Daba la orden Paccagnini pero lo instrumentaba el Batallón”.

Hay que agregar las visitas periódicas de Paccagnini donde estaban los detenidos para hablar con el oficial de guardia. “Y particularmente deberá valorarse que según sus propios dichos, ocurrido el hecho el oficial de guardia lo habría llamado esa noche a su casa para reportarle lo sucedido”.

Borinsky coincidió con que la matanza “no constituyó un suceso singular y aislado perpetrado por los marinos que recorrían esa madrugada la zona de los calabozos, sino que los hechos se encuentran inscriptos dentro de un acuerdo preconcebido desde los niveles superiores con miras a dar un fuerte escarmiento por la fuga exitosa de algunos de los detenidos y de la tentativa de los que no lo lograron, en una expresión de reafirmación del poder que ostentaban las autoridades de facto que gobernaban nuestro país ante la violación de una cárcel de máxima seguridad, como era la Unidad Penal 6 de Rawson”.

“Éste es el único modo de entender la mecánica de los eventos acaecidos: insertos dentro de un plan ejecutado por una fuerza jerárquica de la que no es dable esperar la existencia de la constancia formal, como parece insinuar la mayoría del tribunal, para tener acreditada la responsabilidad de Paccagnini, que pruebe que transmitió la orden de fusilar a los detenidos bajo su custodia”.

En cuanto a Bautista, el juez que hizo la investigación militar del episodio, Borinsky opinó que el fallo que lo absolvió es contradictorio. “Por una parte se sostiene categóricamente que el hecho fue una masacre pero al tratar la actuación de Bautista, se aparta, sin razones válidas, de esa premisa construyendo un razonamiento que no respeta las reglas de la lógica y del entendimiento humano. Es arbitrario pues carece de fundamentación”.

Bautista no hizo las autopsias para saber la trayectoria de los proyectiles, su calibre, la posición del ejecutor y de la víctima, entre otros datos que hubiesen permitido conocer lo sucedido. Tampoco secuestró ni peritó la ropa de los fusilados ni las armas; no pidió el libro de guardia ni los proyectiles de paredes y piso. Esto, pese al “el lugar de privilegio en el que se encontraba que le habría permitido tener un contacto directo con la prueba”. Tampoco verificó si la versión de los sobrevivientes era cierta.

La jueza Liliana Catucci no fue tan dura. A diferencia de su colega no pidió detenciones y opinó que Paccagnini estaba bien absuelto. Para ella la Masacre “no fueron simples hechos aislados de violencia por parte de exaltados oficiales de la Marina, sino que se engarzaron en un designio perfilado ya en esa época en el país, caracterizados por ciertas prácticas y procedimientos represivos y de persecución de grupos opositores políticos”.

Recordó que Paccagnini no estuvo en el tiroteo. “Debería poder demostrarse que conocía el fin, o que sin saberlo de antemano, hubiera asentido el fusilamiento”. Era el jefe de la Base pero no el primero ni el segundo Jefe del Batallón de Infantería N° 4 que tenía a su cargo el control de los detenidos y que ejecutó la matanza. “Que el alojamiento en la Base haya sido el principio de la ejecución de un plan de todos los marinos de eliminar a los detenidos es sólo una presunción”.

Según Catucci, Paccagnini hizo lo que pudo para mantener el acuerdo y que el grupo subversivo rendido regresara a la U-6. No lo consiguió. “De Paccagnini no fue la decisión de alojarlos en su Base, sino que por el contrario hizo gestiones para que allí no se quedaran”.

Tampoco se probó que supiera lo que el grupo de Sosa planeaba. “No es un dato menor que entre ambos capitanes no había una comunicación fluida, sino más bien decisiones tomadas en distintos campos de acción. Paccagnini tenía el control de la Base y Sosa, el de los detenidos allí alojados. Y es indiscutible que los detenidos fueron fusilados por el grupo que respondía a las órdenes de Sosa”.

Paccagnini fue convocado al lugar del crimen, avisado por el teniente Magallanes, acudió de inmediato y se encargó de que los heridos fueran atendidos y curados con los escasos recursos en la Base. Si llegó primero o segundo al lugar no es lo relevante: lo relevante es que su llegada evitó que murieran todos. “Su disposición inmediata a la atención de los sobrevivientes no se condice siquiera con la presunción de que él formara parte del plan ejecutor”, escribió Catucci.

“No queda probado que Paccagnini hubiera conocido el propósito criminal y su participación es pura conjetura –agrega el fallo-. Los elementos recopilados no permiten afirmar no sólo que sabía, sino que ordenó la matanza”.

Pero en cuanto a Bautista, “es llamativo que no hubiera podido recoger detalles significativos, al menos de los sobrevinientes, máxime teniendo presentes sus primeras impresiones sobre la realidad de lo acaecido”. Su investigación de la Masacre queda “descalificada” y deberá enfrentar otro juicio. El último voto fue del camarista Alejandro Slokar. Pidió un nuevo juicio para Paccagnini y Bautista, y confirmó las tres perpetuas. Pero votó contra las detenciones.#