El Senado aprobó el traspaso del control de la ex ESMA a la Nación
La Cámara alta aprobó y envió a Diputados un proyecto de ley que refrenda el acuerdo firmado entre la Ciudad y la Nación, según el cual el gobierno porteño cede por 30 años el usufructo de los predios de la ex ESMA y de otros centros que funcionaron como sitios de tortura y detención durante la última dictadura militar.
El convenio incluye los edificios del ex Casino de Oficiales, el Pabellón Central, la Imprenta, el Taller Mecánico, el Pabellón Coy y la Enfermería de la ex EXMA; además de los edificios donde funcionaron los ex centros clandestinos "Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y "Virrey Ceballos".
El acuerdo fue firmado en febrero último, y anunciado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
La transferencia incluye al personal de todas las dependencias a quienes se les garantizará la plena preservación de sus derechos laborales.
La iniciativa fue defendida por la senadora kirchnerista por Jujuy, Liliana Fellner, quien recordó que esos ex centros forman parte de “la historia que más nos indigna que es la de las violaciones a los derechos humanos”.
“Este convenio habría que compatibilizarlo con lo judicial y lo patrimonial, porque los juicios de lesa humanidad aún no terminaron y lo que está en la ESMA puede estar sujeto a prueba”, ratificó.
A su turno, la representante del PRO, Gabriela Michetti, negó que la Ciudad “se desentienda” de esos ex centros de detención, pero destacó que “no hay una sola gestión que se pueda avanzar en ese lugar porque los organismos de derechos humanos están todos enfrentados entre sí”.
Por ello, argumentó que se está “tratando de que todos los actores que tienen que ver con este tema puedan reunirse en una propuesta común” y ratificó que “ese lugar sigue siendo parte de la Ciudad de Buenos Aires”.
La cordobesa de FAP, Norma Morandini, destacó, en cambio, que el acuerdo se estaba aprobando “vulnerando leyes previas” y que “esto no es simplemente un acto administrativo” ya que se viene a “consagrar una apropiación de temas caros a la democracia”.
Durante la sesión, también se dio ingreso formal a los pliegos para los ascensos de jueces, fiscales y defensores oficiales enviados al Parlamento hace 15 días, aunque se acordó revisar ocho pliegos que fueron cuestionados por la oposición por incumplir algunos requisitos.
En representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales pidió la ampliación de antecedentes de al menos ocho de los 45 postulantes a conjueces, algunos de los cuales no cumplen con los 30 años de edad y los seis de ejercicio en la profesión, antes de su aprobación en el Senado.
El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), explicó que se pidió esa información al Ministerio de Justicia y aseguró que estos datos estarán en los próximos días a disposición de la comisión para reparar "eventuales errores" en las candidaturas.
El Senado aprobó también la participación de una comisión de legisladores en la sesión de la OIT, que se desarrollará en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo al 12 de junio, y que fue propuesto por la justicialista por La Pampa, María de los Angeles Higonet.
Otro de los temas tratados fueron los beneficios para las tarifas del gas en las provincias de la Patagonia y en ese sentido el radical Juan Carlos Marino objetó que La Pampa no sea incluida entre los beneficiarios de esas medidas.
Laura Montero, de la UCR, reclamó que el Congreso exprese una declaración sobre la situación en Venezuela y el envío de una comisión de una delegación del Mercosur a esa región.
El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, expresó por otra parte -ante un pedido para agilizar la reforma del Código Procesal Penal del senador Eugenio Artaza- que ese tema será tratado "con seriedad y responsabilidad" en comisión y que será "mirado como una política de Estado y no como un interés sectorial".
Respecto a los proyectos pedidos por el radicalismo para la unificación de juzgados de Salta y Jujuy y del socialismo para la profundización de la lucha contra el narcotráfico, el oficialismo se comprometió a debatir esos temas en comisión.
Pichetto afirmó que se abocarán a "instar al Poder Ejecutivo a que se complementen los juzgados".
Respecto a la cuestión del narcotráfico, Pichetto consideró que "hay que dejar de ser comentaristas" sobre el tema y adoptar "medidas concretas".
En ese sentido, avisó que esta tarde se reuniría la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y anunció que en el marco de las visitas que tiene previsto realizar esa comisión se incluirá a Bariloche donde la empresa INVAP "está construyendo radares para dejar de depende de alemanes y franceses" en la provisión de esos dispositivos.
También se aprobó un proyecto de declaración para declarar zona de emergencia climática a las ciudadesades de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Catamarca, afectadas por inundaciones.
El convenio incluye los edificios del ex Casino de Oficiales, el Pabellón Central, la Imprenta, el Taller Mecánico, el Pabellón Coy y la Enfermería de la ex EXMA; además de los edificios donde funcionaron los ex centros clandestinos "Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y "Virrey Ceballos".
El acuerdo fue firmado en febrero último, y anunciado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
La transferencia incluye al personal de todas las dependencias a quienes se les garantizará la plena preservación de sus derechos laborales.
La iniciativa fue defendida por la senadora kirchnerista por Jujuy, Liliana Fellner, quien recordó que esos ex centros forman parte de “la historia que más nos indigna que es la de las violaciones a los derechos humanos”.
“Este convenio habría que compatibilizarlo con lo judicial y lo patrimonial, porque los juicios de lesa humanidad aún no terminaron y lo que está en la ESMA puede estar sujeto a prueba”, ratificó.
A su turno, la representante del PRO, Gabriela Michetti, negó que la Ciudad “se desentienda” de esos ex centros de detención, pero destacó que “no hay una sola gestión que se pueda avanzar en ese lugar porque los organismos de derechos humanos están todos enfrentados entre sí”.
Por ello, argumentó que se está “tratando de que todos los actores que tienen que ver con este tema puedan reunirse en una propuesta común” y ratificó que “ese lugar sigue siendo parte de la Ciudad de Buenos Aires”.
La cordobesa de FAP, Norma Morandini, destacó, en cambio, que el acuerdo se estaba aprobando “vulnerando leyes previas” y que “esto no es simplemente un acto administrativo” ya que se viene a “consagrar una apropiación de temas caros a la democracia”.
Durante la sesión, también se dio ingreso formal a los pliegos para los ascensos de jueces, fiscales y defensores oficiales enviados al Parlamento hace 15 días, aunque se acordó revisar ocho pliegos que fueron cuestionados por la oposición por incumplir algunos requisitos.
En representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales pidió la ampliación de antecedentes de al menos ocho de los 45 postulantes a conjueces, algunos de los cuales no cumplen con los 30 años de edad y los seis de ejercicio en la profesión, antes de su aprobación en el Senado.
El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), explicó que se pidió esa información al Ministerio de Justicia y aseguró que estos datos estarán en los próximos días a disposición de la comisión para reparar "eventuales errores" en las candidaturas.
El Senado aprobó también la participación de una comisión de legisladores en la sesión de la OIT, que se desarrollará en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo al 12 de junio, y que fue propuesto por la justicialista por La Pampa, María de los Angeles Higonet.
Otro de los temas tratados fueron los beneficios para las tarifas del gas en las provincias de la Patagonia y en ese sentido el radical Juan Carlos Marino objetó que La Pampa no sea incluida entre los beneficiarios de esas medidas.
Laura Montero, de la UCR, reclamó que el Congreso exprese una declaración sobre la situación en Venezuela y el envío de una comisión de una delegación del Mercosur a esa región.
El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, expresó por otra parte -ante un pedido para agilizar la reforma del Código Procesal Penal del senador Eugenio Artaza- que ese tema será tratado "con seriedad y responsabilidad" en comisión y que será "mirado como una política de Estado y no como un interés sectorial".
Respecto a los proyectos pedidos por el radicalismo para la unificación de juzgados de Salta y Jujuy y del socialismo para la profundización de la lucha contra el narcotráfico, el oficialismo se comprometió a debatir esos temas en comisión.
Pichetto afirmó que se abocarán a "instar al Poder Ejecutivo a que se complementen los juzgados".
Respecto a la cuestión del narcotráfico, Pichetto consideró que "hay que dejar de ser comentaristas" sobre el tema y adoptar "medidas concretas".
En ese sentido, avisó que esta tarde se reuniría la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y anunció que en el marco de las visitas que tiene previsto realizar esa comisión se incluirá a Bariloche donde la empresa INVAP "está construyendo radares para dejar de depende de alemanes y franceses" en la provisión de esos dispositivos.
También se aprobó un proyecto de declaración para declarar zona de emergencia climática a las ciudadesades de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Catamarca, afectadas por inundaciones.