Según publica hoy el diario Tiempo Argentino, la Legislatura porteña se encuentra pronta a tratar la designación de Diego Farrel como Juez del fuero Contencioso Administrativo porteño, a pesar de que el ex funcionario permanece imputado en una causa penal que investiga hechos de corrupción.
Farrel era el titular de la Dirección de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control porteña, cuando se desplomó el entrepiso del boliche Beara, que causó la muerte de dos adolescentes en septiembre de 2010.
La investigación posterior, demostró que el local tenía habilitación para realizar fiestas privadas pero en la práctica funcionaba como un club nocturno y desentrañó un red de corrupción en el área de habilitaciones.
El ex funcionario fue sobreseído en la causa por el desmoronamiento del local bailable, pero la Cámara del Crimen revocó la medida hace más de un año. De todas formas, la jueza del caso, a pesar de los cuatro pedidos del fiscal, nunca lo citó a declarar.
Desde entonces, y a pesar de los recursos interpuestos por la defensa, el funcionario macrista permanece imputado, lo que no le impidió en 2012 participar de un concurso para cubrir vacantes de magistrados para el fuero Contencioso Administrativo de la ciudad que lo ubicó en el puesto número 15.
El año pasado, la Legislatura cubrió 14 lugares y junto a la designación de Inés Weinberg de Roca en el Tribunal Supremo de Justicia y el consecuente ascenso de la jueza Fabiana Schafrik en la Cámara Contenciosa Administrativa, dejó abierta la posibilidad de que Farrel se convierta en juez de primera instancia.
Esta designación dependerá de lo que ocurra en las comisiones de Ética y Acuerdos y de Justicia de la Legislatura porteña, ambas controladas por el PRO, que deberán evaluar la idoneidad de Farrel para asumir ese cargo.
Si esas comisiones legislativas no tratan el caso de Farrel durante los próximos dos meses, el ex funcionario macrista se convertirá inevitablemente en magistrado porteño dado que la Constitución local establece un plazo máximo de 60 días para la aprobación legislativa, de lo contrario queda automáticamente designado como juez.
Según publica hoy el diario Tiempo Argentino, la Legislatura porteña se encuentra pronta a tratar la designación de Diego Farrel como Juez del fuero Contencioso Administrativo porteño, a pesar de que el ex funcionario permanece imputado en una causa penal que investiga hechos de corrupción.
Farrel era el titular de la Dirección de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control porteña, cuando se desplomó el entrepiso del boliche Beara, que causó la muerte de dos adolescentes en septiembre de 2010.
La investigación posterior, demostró que el local tenía habilitación para realizar fiestas privadas pero en la práctica funcionaba como un club nocturno y desentrañó un red de corrupción en el área de habilitaciones.
El ex funcionario fue sobreseído en la causa por el desmoronamiento del local bailable, pero la Cámara del Crimen revocó la medida hace más de un año. De todas formas, la jueza del caso, a pesar de los cuatro pedidos del fiscal, nunca lo citó a declarar.
Desde entonces, y a pesar de los recursos interpuestos por la defensa, el funcionario macrista permanece imputado, lo que no le impidió en 2012 participar de un concurso para cubrir vacantes de magistrados para el fuero Contencioso Administrativo de la ciudad que lo ubicó en el puesto número 15.
El año pasado, la Legislatura cubrió 14 lugares y junto a la designación de Inés Weinberg de Roca en el Tribunal Supremo de Justicia y el consecuente ascenso de la jueza Fabiana Schafrik en la Cámara Contenciosa Administrativa, dejó abierta la posibilidad de que Farrel se convierta en juez de primera instancia.
Esta designación dependerá de lo que ocurra en las comisiones de Ética y Acuerdos y de Justicia de la Legislatura porteña, ambas controladas por el PRO, que deberán evaluar la idoneidad de Farrel para asumir ese cargo.
Si esas comisiones legislativas no tratan el caso de Farrel durante los próximos dos meses, el ex funcionario macrista se convertirá inevitablemente en magistrado porteño dado que la Constitución local establece un plazo máximo de 60 días para la aprobación legislativa, de lo contrario queda automáticamente designado como juez.