Caso Monsalvez: ordenan que la justicia federal investigue su muerte y el papel de la Policía
El joven César Monsalvez apareció muerto el 8 de julio de 2013. Durante 12 días no se supo nada de él. La Cámara Federal de Casación Penal avaló las sospechas de su madre, advirtió que pudo ser una “desaparición forzada de persona” y apartó a los funcionarios que investigaron en Chubut.
Por Rolando Tobarez
La Cámara de Casación Penal ordenó que la Justicia Federal investigue la presunta desaparición forzada del joven César Monsalvez, quien tras salir de su casa en Trelew fue hallado muerto 12 días después en un descampado. El fallo no descarta la participación de la Policía en el episodio y lo calificó de “análogo” al caso de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia.
El máximo tribunal penal del país admitió una queja de la madre del chico, Cintia Verónica Monsalvez, quien no había tenido éxito ni ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ni ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Estos habían considerado que el caso –de gran repercusión provincial- no era una desaparición y por tanto la competencia no era federal. Por eso lo devolvieron a la justicia provincial.
Los camaristas porteños revocaron ambas decisiones de Sastre y de la Cámara comodorense. Y los apartaron de seguir en la pesquisa, así como al resto de los funcionarios federales que intervinieron, para garantizar la imparcialidad de la nueva investigación. La muerte del Monsalvez deberá “con la celeridad del caso” ser investigada ahora por otro magistrado federal. Al fallo lo firmaron Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.
En julio de 2013, Cintia Monsalvez denunció ante Sastre la desaparición forzada de César, ocurrida el 27 de mayo en Trelew, y pidió ser querellante. Acusó a policías de las comisarías 2ª y 3ª, al fiscal general Fabián Moyano, a la jueza Ana Laura Servent y a todos los funcionarios que intervinieron.
El 2 de junio de 2013 la mujer presentó un hábeas corpus y pidió el inmediato acceso a todos los centros de detención y de salud para buscar a su hijo. La jueza Servent lo admitió pero sólo en Trelew. Ante el resultado negativo desestimó el recurso. La Cámara Penal revocó esta decisión y recordó que César era sobrino de un testigo asesinado en una investigación sobre violencia policial. Por eso el caso podía ser desaparición forzada y no una simple averiguación de paradero. Pero Servent desoyó esta disposición. La causa volvió a Moyano, quien continuó investigando una averiguación de paradero.
El chico tenía 13 años y salió de su casa para ver a su tía. Nunca llegó. El cuerpo apareció el 8 de julio cerca del Aeroclub de Trelew. Estaba irreconocible pero hubo cotejos de ADN. Coincidían la ropa, la altura y dentro de un bolsillo de la bermuda un carnet de Transportes El 22 con su nombre. Según su madre, se difundieron datos vinculados con droga y amistades dudosas para difamar al chico y ocultar su desaparición.
Sastre rechazó la competencia y devolvió el caso a Moyano. El fallo repasa que el 12 de julio de 2013, el juez federal, “sin haber dispuesto medida de investigación alguna”, decretó su incompetencia y la declinó en favor de Moyano.
Los fundamentos fueron que se había hallado un cuerpo y habría indicios de que se trataría de César; estaban pendientes medidas para determinar el lugar y modo de su muerte y el fiscal había encomendado a la División Judicial de Investigaciones, con resultado negativo, la entrevista a personas que pudieran aportar datos. No había indicios para considerar una desaparición forzada. Luego, la Cámara de Comodoro Rivadavia opinó igual.
Pero la Cámara porteña advirtió que “no puede ignorarse” el posible vínculo de la desaparición de César con el asesinato de su tío Bruno Nahuel Rodríguez Monsalvez –hermano de su madre- , quien “habría sido testigo clave de un hecho de violencia institucional atribuido a la Policía local: la detención ilegal y abuso sexual del menor Almonacid por parte de personal policial en una de las celdas de la Comisaría 2ª de Trelew”.
Otro dato para reforzar la sospecha es la “violencia institucional” en Chubut, que ya advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando falló contra el Estado provincial por la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. “Se hizo referencia concreta a que la desaparición forzada de personas, como muchas prácticas de la dictadura, se repiten aún en democracia: específicamente en Chubut, Argentina”.
La CIDH tomó como “hechos no controvertidos” los abusos policiales en Chubut en perjuicio de jóvenes de escasos recursos, al igual que las detenciones arbitrarias, golpizas y torturas, con un control judicial es escaso o nulo. “Es común que la Policía incrimine tarde o temprano a los jóvenes con los que mantiene relaciones signadas por el hostigamiento”.
Actuar incorrecto
“No puede desconocerse en este contexto situacional en el que se invoca como inmerso el caso denunciado, la sentencia de la CIDH contra nuestro país, en cuanto observó que en Chubut existe un incorrecto actuar de los agentes estatales en su interacción con las personas que representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, que genera como riesgo concreto la vulneración de otros derechos como la integridad personal y la vida misma”.
Para la Cámara Federal, las decisiones tomadas en Chubut violaron sin mayor fundamento la legislación internacional que obliga al Estado a investigar una desaparición forzada de un menor a manos de la Policía, y a garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. “El tratamiento brindado, atento la gravedad institucional que el caso podría implicar de corroborarse la hipótesis denunciada, evidencia a todas luces un decisorio arbitrario”.
“A la fecha no se ha podido determinar las circunstancias que rodearon la desaparición del menor, y el lapso que medió desde ese entonces hasta el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida, el cual presentaba evidentes signos de violencia; como así tampoco el lugar y motivo de su muerte”.
Por Rolando Tobarez
La Cámara de Casación Penal ordenó que la Justicia Federal investigue la presunta desaparición forzada del joven César Monsalvez, quien tras salir de su casa en Trelew fue hallado muerto 12 días después en un descampado. El fallo no descarta la participación de la Policía en el episodio y lo calificó de “análogo” al caso de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia.
El máximo tribunal penal del país admitió una queja de la madre del chico, Cintia Verónica Monsalvez, quien no había tenido éxito ni ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ni ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Estos habían considerado que el caso –de gran repercusión provincial- no era una desaparición y por tanto la competencia no era federal. Por eso lo devolvieron a la justicia provincial.
Los camaristas porteños revocaron ambas decisiones de Sastre y de la Cámara comodorense. Y los apartaron de seguir en la pesquisa, así como al resto de los funcionarios federales que intervinieron, para garantizar la imparcialidad de la nueva investigación. La muerte del Monsalvez deberá “con la celeridad del caso” ser investigada ahora por otro magistrado federal. Al fallo lo firmaron Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.
En julio de 2013, Cintia Monsalvez denunció ante Sastre la desaparición forzada de César, ocurrida el 27 de mayo en Trelew, y pidió ser querellante. Acusó a policías de las comisarías 2ª y 3ª, al fiscal general Fabián Moyano, a la jueza Ana Laura Servent y a todos los funcionarios que intervinieron.
El 2 de junio de 2013 la mujer presentó un hábeas corpus y pidió el inmediato acceso a todos los centros de detención y de salud para buscar a su hijo. La jueza Servent lo admitió pero sólo en Trelew. Ante el resultado negativo desestimó el recurso. La Cámara Penal revocó esta decisión y recordó que César era sobrino de un testigo asesinado en una investigación sobre violencia policial. Por eso el caso podía ser desaparición forzada y no una simple averiguación de paradero. Pero Servent desoyó esta disposición. La causa volvió a Moyano, quien continuó investigando una averiguación de paradero.
El chico tenía 13 años y salió de su casa para ver a su tía. Nunca llegó. El cuerpo apareció el 8 de julio cerca del Aeroclub de Trelew. Estaba irreconocible pero hubo cotejos de ADN. Coincidían la ropa, la altura y dentro de un bolsillo de la bermuda un carnet de Transportes El 22 con su nombre. Según su madre, se difundieron datos vinculados con droga y amistades dudosas para difamar al chico y ocultar su desaparición.
Sastre rechazó la competencia y devolvió el caso a Moyano. El fallo repasa que el 12 de julio de 2013, el juez federal, “sin haber dispuesto medida de investigación alguna”, decretó su incompetencia y la declinó en favor de Moyano.
Los fundamentos fueron que se había hallado un cuerpo y habría indicios de que se trataría de César; estaban pendientes medidas para determinar el lugar y modo de su muerte y el fiscal había encomendado a la División Judicial de Investigaciones, con resultado negativo, la entrevista a personas que pudieran aportar datos. No había indicios para considerar una desaparición forzada. Luego, la Cámara de Comodoro Rivadavia opinó igual.
Pero la Cámara porteña advirtió que “no puede ignorarse” el posible vínculo de la desaparición de César con el asesinato de su tío Bruno Nahuel Rodríguez Monsalvez –hermano de su madre- , quien “habría sido testigo clave de un hecho de violencia institucional atribuido a la Policía local: la detención ilegal y abuso sexual del menor Almonacid por parte de personal policial en una de las celdas de la Comisaría 2ª de Trelew”.
Otro dato para reforzar la sospecha es la “violencia institucional” en Chubut, que ya advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando falló contra el Estado provincial por la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. “Se hizo referencia concreta a que la desaparición forzada de personas, como muchas prácticas de la dictadura, se repiten aún en democracia: específicamente en Chubut, Argentina”.
La CIDH tomó como “hechos no controvertidos” los abusos policiales en Chubut en perjuicio de jóvenes de escasos recursos, al igual que las detenciones arbitrarias, golpizas y torturas, con un control judicial es escaso o nulo. “Es común que la Policía incrimine tarde o temprano a los jóvenes con los que mantiene relaciones signadas por el hostigamiento”.
Actuar incorrecto
“No puede desconocerse en este contexto situacional en el que se invoca como inmerso el caso denunciado, la sentencia de la CIDH contra nuestro país, en cuanto observó que en Chubut existe un incorrecto actuar de los agentes estatales en su interacción con las personas que representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, que genera como riesgo concreto la vulneración de otros derechos como la integridad personal y la vida misma”.
Para la Cámara Federal, las decisiones tomadas en Chubut violaron sin mayor fundamento la legislación internacional que obliga al Estado a investigar una desaparición forzada de un menor a manos de la Policía, y a garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. “El tratamiento brindado, atento la gravedad institucional que el caso podría implicar de corroborarse la hipótesis denunciada, evidencia a todas luces un decisorio arbitrario”.
“A la fecha no se ha podido determinar las circunstancias que rodearon la desaparición del menor, y el lapso que medió desde ese entonces hasta el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida, el cual presentaba evidentes signos de violencia; como así tampoco el lugar y motivo de su muerte”.