Aceptan a la UIF como querellante en la causa Iron Mountain
El organismo perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuará como querellante en la causa Iron Mountain, cuyo depósito de Barracas se incendió en febrero pasado y causó la muerte de diez personas. Se investigan maniobras de lavado de activos.
En la causa -que eleva a 46 la cantidad de actuaciones judiciales en las que interviene la Unidad de Información Financiera- se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por la firma a través de sociedades pantalla.
El juicio da cuenta de la existencia de dos firmas controlantes (Iron Mountain South America Ltd., que controla el 98% de las acciones, e Iron Mountain Chile Servicios SA), ambas constituidas en paraísos fiscales.
La última de esas empresas se constituyó en Luxemburgo y luego fue radicada en Argentina, al sólo efecto de ser tenedora de acciones de Iron Mountain Argentina SA, sin realizar operación alguna por fuera de tal fin.
Según informó la UIF en un comunicado, Iron Mountain South America es "una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos".
Su constitución en guaridas fiscales como Islas Caimán impide conocer a los socios de la persona jurídica implicada, así como todo detalle de la actividad de la firma, "razón por la cual fue elegida para realizar allí la primera etapa del lavado (inyección de fondos en la economía formal bajo apariencia de legitimidad)".
La UIF advirtió asimismo que los antecedentes del incendio ocurrido en el depósito de Barracas, deben ser analizados en consonancia con los hechos similares ocurridos también en otros países y en diversas oportunidades.
La causa N° 447/2014 "Iron Mountain Argentina SA s/ averiguación de delito" se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014, e identificó una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.
La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible, particularmente bancaria, tiene su casa matriz en Boston, aunque la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.
Pese a operar en un sector con elevados niveles de rentabilidad, la empresa genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el pago del impuesto a las Ganancias.
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares, otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.
La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio.
En la causa -que eleva a 46 la cantidad de actuaciones judiciales en las que interviene la Unidad de Información Financiera- se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por la firma a través de sociedades pantalla.
El juicio da cuenta de la existencia de dos firmas controlantes (Iron Mountain South America Ltd., que controla el 98% de las acciones, e Iron Mountain Chile Servicios SA), ambas constituidas en paraísos fiscales.
La última de esas empresas se constituyó en Luxemburgo y luego fue radicada en Argentina, al sólo efecto de ser tenedora de acciones de Iron Mountain Argentina SA, sin realizar operación alguna por fuera de tal fin.
Según informó la UIF en un comunicado, Iron Mountain South America es "una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos".
Su constitución en guaridas fiscales como Islas Caimán impide conocer a los socios de la persona jurídica implicada, así como todo detalle de la actividad de la firma, "razón por la cual fue elegida para realizar allí la primera etapa del lavado (inyección de fondos en la economía formal bajo apariencia de legitimidad)".
La UIF advirtió asimismo que los antecedentes del incendio ocurrido en el depósito de Barracas, deben ser analizados en consonancia con los hechos similares ocurridos también en otros países y en diversas oportunidades.
La causa N° 447/2014 "Iron Mountain Argentina SA s/ averiguación de delito" se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014, e identificó una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.
La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible, particularmente bancaria, tiene su casa matriz en Boston, aunque la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.
Pese a operar en un sector con elevados niveles de rentabilidad, la empresa genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el pago del impuesto a las Ganancias.
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares, otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.
La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio.