Donará packs de leche para evitar un juicio por tenencia de drogas
Estaba imputado en un resonante caso de narcotráfico en la zona del Valle.
Por Rolando Tobarez
Para evitar el juicio oral y público, un imputado por tenencia de estupefacientes convenció al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia de suspender el proceso durante dos años a cambio de aportar en concepto de reparación diez packs de leche a una entidad de bien público, a razón de uno por mes, y realizar 150 horas de trabajo comunitario en una institución de bien público.
El beneficiado es Rubén Emilio Waizel. El juez de Ejecución que controlará su caso “tendrá especial atención en lo referente al régimen laboral del beneficiario”, dice el fallo. Como es de estilo, Waizel deberá fijar domicilio, abstenerse de usar y tener armas, drogas y abusar de bebidas alcohólicas mientras dure la suspensión, y no cometer nuevos delitos.
Detalles
La curiosa decisión se tomó el 10 de junio en una audiencia en el Casino de Oficiales de la Unidad 6. Los jueces fueron Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli; los fiscales, Horacio Arranz y Fernando Gélvez, y el defensor, Fabián Gabalachis. El imputado está involucrado en la causa caratulada como “Carrizo, Ramón Romualdo y otros s/Infracción Ley 23.737”.
Según el acta, Gabalachis ofreció el pago mínimo de la multa y en concepto de reparación, la integración a alguna entidad de bien social a determinar de 10 packs de leche “a razón de uno por mes”. Además, la realización de trabajos comunitarios durante junio, “toda vez que las obligaciones laborales de su defendido en Pescapuerta SA le impedirían su cumplimiento a partir del 1º de julio”.
Sin antecedentes
Al explicar su vínculo laboral y familiar, el acusado dijo que desde 2013 trabaja en el procesamiento de langostino. “El horario no es fijo, le mandan un mensaje y se tiene que presentar; su familia está compuesta por su señora, una nena de un año, y un nene de ocho, quienes están sanos, y el mayor va a la escuela”.
Los fiscales opinaron que como Waizel no tiene antecedentes y si es condenado, su pena sería de ejecución condicional, la reparación ofrecida y el pago mínimo de la multa eran aceptables. El procesado asintió.
El juez De Diego manifestó que la tenencia simple de estupefacientes tiene un máximo de tres años de prisión y una multa mínima de 11,25 pesos.
“No hay pena de inhabilitación ni involucramiento de funcionarios públicos”, agregó. Basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se inclinó por otorgar el beneficio.
Sin embargo, Monella advirtió que en mayo de 2014, la defensa de Waizel ya había solicitado la suspensión del juicio a prueba ofreciendo pagar el mínimo de la multa, sin reparación. Y que el tema debió resolverse antes si es que correspondía suspender el proceso. “La petición de la defensa fue extemporánea y como tal debe rechazarse”, acotó, respaldándose en antecedentes de la Cámara Federal de Casación Penal.
A su turno, Guanziroli adhirió a la postura de otorgar el beneficio, “con la salvedad de que si el cumplimiento de las horas fijadas no pudieren efectivizarse en junio, lo realice con posterioridad, ya que podrían resultar excesivas para ser cumplidas en ese plazo”. Ante una eventual recarga de trabajo, el juez de Ejecución “dispondrá lo necesario para el total cumplimiento de las horas de trabajo comunitarias impuestas”.#
Por Rolando Tobarez
Para evitar el juicio oral y público, un imputado por tenencia de estupefacientes convenció al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia de suspender el proceso durante dos años a cambio de aportar en concepto de reparación diez packs de leche a una entidad de bien público, a razón de uno por mes, y realizar 150 horas de trabajo comunitario en una institución de bien público.
El beneficiado es Rubén Emilio Waizel. El juez de Ejecución que controlará su caso “tendrá especial atención en lo referente al régimen laboral del beneficiario”, dice el fallo. Como es de estilo, Waizel deberá fijar domicilio, abstenerse de usar y tener armas, drogas y abusar de bebidas alcohólicas mientras dure la suspensión, y no cometer nuevos delitos.
Detalles
La curiosa decisión se tomó el 10 de junio en una audiencia en el Casino de Oficiales de la Unidad 6. Los jueces fueron Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli; los fiscales, Horacio Arranz y Fernando Gélvez, y el defensor, Fabián Gabalachis. El imputado está involucrado en la causa caratulada como “Carrizo, Ramón Romualdo y otros s/Infracción Ley 23.737”.
Según el acta, Gabalachis ofreció el pago mínimo de la multa y en concepto de reparación, la integración a alguna entidad de bien social a determinar de 10 packs de leche “a razón de uno por mes”. Además, la realización de trabajos comunitarios durante junio, “toda vez que las obligaciones laborales de su defendido en Pescapuerta SA le impedirían su cumplimiento a partir del 1º de julio”.
Sin antecedentes
Al explicar su vínculo laboral y familiar, el acusado dijo que desde 2013 trabaja en el procesamiento de langostino. “El horario no es fijo, le mandan un mensaje y se tiene que presentar; su familia está compuesta por su señora, una nena de un año, y un nene de ocho, quienes están sanos, y el mayor va a la escuela”.
Los fiscales opinaron que como Waizel no tiene antecedentes y si es condenado, su pena sería de ejecución condicional, la reparación ofrecida y el pago mínimo de la multa eran aceptables. El procesado asintió.
El juez De Diego manifestó que la tenencia simple de estupefacientes tiene un máximo de tres años de prisión y una multa mínima de 11,25 pesos.
“No hay pena de inhabilitación ni involucramiento de funcionarios públicos”, agregó. Basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se inclinó por otorgar el beneficio.
Sin embargo, Monella advirtió que en mayo de 2014, la defensa de Waizel ya había solicitado la suspensión del juicio a prueba ofreciendo pagar el mínimo de la multa, sin reparación. Y que el tema debió resolverse antes si es que correspondía suspender el proceso. “La petición de la defensa fue extemporánea y como tal debe rechazarse”, acotó, respaldándose en antecedentes de la Cámara Federal de Casación Penal.
A su turno, Guanziroli adhirió a la postura de otorgar el beneficio, “con la salvedad de que si el cumplimiento de las horas fijadas no pudieren efectivizarse en junio, lo realice con posterioridad, ya que podrían resultar excesivas para ser cumplidas en ese plazo”. Ante una eventual recarga de trabajo, el juez de Ejecución “dispondrá lo necesario para el total cumplimiento de las horas de trabajo comunitarias impuestas”.#