Continúa la sucesión de capítulos en esta saga de idas y vueltas entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial de Chubut. En esta oportunidad el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Montoya, confirmó la apelación y que el fallo se encuentra en segunda instancia.
Es en respuesta a la ley de enganche sobre la cual el sindicato de los judiciales reclama para todos los trabajadores del sistema, el mismo acuerdo que tiene la Asociación de Magistrados y Funcionarios.
Según explicó el funcionario, el problema se agravó cuando cobraron los funcionarios del Superior, ya que esto hizo que a través de la ley de enganche se adosaran lícitamente los empleados que están por fuera.
Esto le abrió la puerta al reclamo del SITRAJUCh que a través de su secretario general, ratificó que el aumento salarial se deberá hacer extensivo para los 1.600 trabajadores del Poder Judicial y no solo para los Magistrados y Funcionarios con acuerdo legislativo.
El fallo continuó su derrotero y paso de primera a segunda instancia. Así, expeditivamente se conformó la Cámara y salió la sentencia inmediatamente. Al respecto Montoya opinó: “Pensamos que íbamos a tener más tiempo, hasta fin de año, pero en el sistema ya figuraba publicada. La cédula dice textualmente: notifíquese la conformación del Tribunal y al otro día ya estaba la sentencia, fue todo sospechosamente rápido”.
De esta manera, la Cámara quedará conformada por los conjueces Alejandro Moya y Leandro Bassagaisteguy, y por la camarista Natalia Spoturno.
En una rápida respuesta en este fuego cruzado, el fiscal de Estado precisó: “Tenemos la obligación de apelar, cosa que se haremos efectivamente”. Pero los caminos se van cerrando, ya que el Superior es la “última” instancia efectiva que tiene el Gobierno para apelar, y de llegar a esa superestructura el funcionario se mostró reticente en obtener un resultado favorable.
Asimismo, Montoya consideró que desde el Poder Judicial no comenzarán a embargar deliberadamente las cuentas ya que, según su apreciación “no les conviene hasta no arreglar la retroactividad de enero-octubre, y después ver cómo se paga el resto. Porque si no hay fondos saben que no podemos pagar el retroactivo”.
En cuanto a la matriz del problema, si bien el funcionario reconoció cierta responsabilidad del exfiscal Blas Meza Evans, remarcó que el gran error fue no haber pagado en su momento: “De haberlo hecho la deuda estaría licuada, hoy se generaron mayores intereses que incrementaron la cifra considerablemente”.
Asimismo, el Fiscal de Estado de Chubut manifestó que cuando asumió al frente de sus actuales funciones, la provincia arrastró una serie de inconvenientes que fueron creciendo y afectando las arcas económicas del Gobierno: “Primero se desató el problema con los dragones, ahí el Estado perdió muchísima plata, después los gremios estaban en pleno reclamo salarial y desde el Gobierno salimos a negociar, en aquel momento no podíamos salir a pagarle a los jueces”.#
Continúa la sucesión de capítulos en esta saga de idas y vueltas entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial de Chubut. En esta oportunidad el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Montoya, confirmó la apelación y que el fallo se encuentra en segunda instancia.
Es en respuesta a la ley de enganche sobre la cual el sindicato de los judiciales reclama para todos los trabajadores del sistema, el mismo acuerdo que tiene la Asociación de Magistrados y Funcionarios.
Según explicó el funcionario, el problema se agravó cuando cobraron los funcionarios del Superior, ya que esto hizo que a través de la ley de enganche se adosaran lícitamente los empleados que están por fuera.
Esto le abrió la puerta al reclamo del SITRAJUCh que a través de su secretario general, ratificó que el aumento salarial se deberá hacer extensivo para los 1.600 trabajadores del Poder Judicial y no solo para los Magistrados y Funcionarios con acuerdo legislativo.
El fallo continuó su derrotero y paso de primera a segunda instancia. Así, expeditivamente se conformó la Cámara y salió la sentencia inmediatamente. Al respecto Montoya opinó: “Pensamos que íbamos a tener más tiempo, hasta fin de año, pero en el sistema ya figuraba publicada. La cédula dice textualmente: notifíquese la conformación del Tribunal y al otro día ya estaba la sentencia, fue todo sospechosamente rápido”.
De esta manera, la Cámara quedará conformada por los conjueces Alejandro Moya y Leandro Bassagaisteguy, y por la camarista Natalia Spoturno.
En una rápida respuesta en este fuego cruzado, el fiscal de Estado precisó: “Tenemos la obligación de apelar, cosa que se haremos efectivamente”. Pero los caminos se van cerrando, ya que el Superior es la “última” instancia efectiva que tiene el Gobierno para apelar, y de llegar a esa superestructura el funcionario se mostró reticente en obtener un resultado favorable.
Asimismo, Montoya consideró que desde el Poder Judicial no comenzarán a embargar deliberadamente las cuentas ya que, según su apreciación “no les conviene hasta no arreglar la retroactividad de enero-octubre, y después ver cómo se paga el resto. Porque si no hay fondos saben que no podemos pagar el retroactivo”.
En cuanto a la matriz del problema, si bien el funcionario reconoció cierta responsabilidad del exfiscal Blas Meza Evans, remarcó que el gran error fue no haber pagado en su momento: “De haberlo hecho la deuda estaría licuada, hoy se generaron mayores intereses que incrementaron la cifra considerablemente”.
Asimismo, el Fiscal de Estado de Chubut manifestó que cuando asumió al frente de sus actuales funciones, la provincia arrastró una serie de inconvenientes que fueron creciendo y afectando las arcas económicas del Gobierno: “Primero se desató el problema con los dragones, ahí el Estado perdió muchísima plata, después los gremios estaban en pleno reclamo salarial y desde el Gobierno salimos a negociar, en aquel momento no podíamos salir a pagarle a los jueces”.#