Con fuego cruzado, la aplicación de la Tarifa de Referencia volvió a ser vedette en las cooperativas. Las nuevas y abultadas facturas de energía eléctrica generaron polémica entre los vecinos de dos ciudades: Trelew y Puerto Madryn.
En la primera, el intendente Máximo Pérez Catán se confesó sorprendido por el incremento. Y en la ciudad del Golfo hubo incrementos de hasta 117 pesos y la oposición se quejó de que el mecanismo ni tuvo el visto bueno del Concejo Deliberante.
Razonables, tanto la Cooperativa Eléctrica trelewense como Servicoop argumentaron números en rojo que crecen cada hora y tarifas retrasadas. Lo cierto es que la información que circuló no fue la más clara y las boletas tomaron desprevenidos a los vecinos, que si algo cuidan es la billetera.
¿Se puede aplicar sin más una ley provincial que verse sobre costos de servicios públicos sin que antes la refrende un Concejo Deliberante? ¿La Tarifa de Referencia es eso, una “referencia” que no necesariamente debe aplicarse tal cual? Ese parece ser el eje a resolver.
Para peor, en Trelew el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos de Trelew parece pintado al óleo. Acusan al Consejo de Administración de no atenderle el teléfono ni reaccionar ante las intimaciones para que devuelva la plata presuntamente mal cobrada. Es más, el OMRESP dice que la suba fue “ilegal”. Ni hablar de Madryn, que ni cuenta con un ente así.
No sólo la Cooperativa
De la otra vereda no se quedan atrás. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Korn, salió con los tapones de punta y acusó a Pablo Punta, integrante del OMRESP, de haber sido a puesto a dedo y de “hacer política” con su trabajo. En este escenario, la discusión se desmadra.
Lo que interesa es que la luz no se corte con dos gotas de lluvia y que haya agua aunque el río venga turbio. Hace años se habla del colapso de las empresas de servicios públicos. Cabe imaginar un escenario en el cual estos aumentos son un hecho consumado, sin devolución alguna, con vecinos resignados. Si tal cosa sucede no quedará más que exigir servicios de primera y empresas que no se conviertan en una bolsa de trabajo para la política.
Y dos cositas más: contar con entes de control completos y profesionales, insospechados, que asesoren con transparencia, sin sujetarse a caprichos de turno; y concejales sin demagogia, que aprueben los retoques tarifarios cuando se debe para evitar bolas de nieve impagables.
La luz y el agua no son lo único. También hay que fortalecer entidades como las defensorías del pueblo y los servicios de protección al consumidor. Muchas veces son casi oficinitas de servicio pero lo cierto es que funcionan y logran multas para los abusos.
Lo saben los vecinos que se embarcaron en quejas y fueron mejor atendidos de lo que esperaban.
No puede ser que las empresas de telefonía celular hagan lo que quieran, impunes, como cobrar consumos que no existieron o consumos que no se pueden hacer, simplemente porque “no hay servicio”. Servicio debe haber siempre. Para eso pagamos. De otro modo no se entienden las promociones acerca de los millones invertidos.
Justicia política
“El Poder Judicial es independiente y no arbitra ni dirime cuestiones de política agonal”. La frase la escribieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia cuando decidieron no suspender la vigencia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Chubut. La cita no es nada casualidad: sugiere que es hora de que los partidos políticos resuelvan sus diferencias en otros escenarios, bien lejos de tribunales.
En rigor, en Chubut no hay sector político que esté a salvo de este apunte. El archivo muestra cruces de recursos judiciales que se dispararon en los últimos años. Razonable o no, el intento de frenar las PASO es otra muestra de esta tendencia. Lo dicen muy pocas veces en público y más que frecuentemente en privado: los jueces provinciales están cansados de resolver judicialmente diferencias políticas que, según consideran, merecen otros ámbitos de discusión ya que muchas veces son en realidad discrepancias hasta personales, ni siquiera partidarias.
Los magistrados sienten que se los pone bajo una lupa incómoda, toda vez que cualquier determinación que tomen los vinculará públicamente con algún dirigente. Hay simpatías, claro, explícitas y de las otras. Hay jueces que fueron políticos y hasta viceversa. Mañana vuelve el trabajo a tribunales y ya hay suspiros por lo que tendrán que resolver con elecciones nacionales, provinciales, municipales y de comunas rurales.
Lo bueno sería que de una vez por todas, Chubut tenga un Código Electoral propio, afinado y construido de acuerdo a la experiencia provincial. Y que la ley de partidos políticos que aprobó Legislatura se asiente. En suma, un marco político definitivo que resuelva cualquier duda que surja entre los dirigentes de ahora y del futuro. Esta responsabilidad, claro, no es de los jueces. Es de los diputados de Legislatura. No es una esperanza que esta deuda institucional se pague justamente este año, tan caliente políticamente. Pero cuando baje la marea sería hora de arremangarse.
Más aeropuerto
Están el contrato, está la empresa y está la plata. Trelew estuvo por un ratito en las pantallas de todos los canales porteños por la obra que repavimentará la pista del Aeropuerto Almirante Zar. Sólo falta que las máquinas comiencen a romper para que definitivamente esta promesa sea realidad. Al anuncio de la inversión por 162 millones de pesos lo legitimó nada menos que la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sabedora de la necesidad de que la Patagonia sur cuente con vías de comunicación en condiciones y de categoría. No por nada la inversión es la mayor que haya hecho el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Habrá nueva pista, nuevas balizas y nueva tecnología para que la terminal aérea esté a la altura de las mejores. No habrá excusas como mucho viento o mucha lluvia para que los aviones no bajen en Trelew, como tantas veces sucedió, aunque parecía increíble.
Con esta novedad, lo que viene es un trabajo central: consensuar una política de Estado para una estrategia turística que permita la llegada de más visitantes, independiente de los cambios de gestión. También habrá que idear una alternativa productiva que permita la salida de manufacturas chubutenses al mundo. Para eso el aeropuerto es internacional.
Esta responsabilidad no es de Cristina. Es de la dirigencia política, empresarial y turística chubutense que hace años grita sin escucharse cuando se discute la política aerocomercial.
¿Qué hay que hacer?
Mientras todo esto ocurre, por estas horas la cordillera enfrenta otro incendio descontrolado. Nuevamente, la travesura de un nene destruye buena parte de los bosques nativos, que necesitan décadas para recuperarse. Vidas y bienes en peligro, turistas que huyen, perjuicios para todos. Si es menor, el responsable será inimputable. No será la primera vez. Ojalá las familias reflexionen y ese chico tenga una sanción privada.
Con fuego cruzado, la aplicación de la Tarifa de Referencia volvió a ser vedette en las cooperativas. Las nuevas y abultadas facturas de energía eléctrica generaron polémica entre los vecinos de dos ciudades: Trelew y Puerto Madryn.
En la primera, el intendente Máximo Pérez Catán se confesó sorprendido por el incremento. Y en la ciudad del Golfo hubo incrementos de hasta 117 pesos y la oposición se quejó de que el mecanismo ni tuvo el visto bueno del Concejo Deliberante.
Razonables, tanto la Cooperativa Eléctrica trelewense como Servicoop argumentaron números en rojo que crecen cada hora y tarifas retrasadas. Lo cierto es que la información que circuló no fue la más clara y las boletas tomaron desprevenidos a los vecinos, que si algo cuidan es la billetera.
¿Se puede aplicar sin más una ley provincial que verse sobre costos de servicios públicos sin que antes la refrende un Concejo Deliberante? ¿La Tarifa de Referencia es eso, una “referencia” que no necesariamente debe aplicarse tal cual? Ese parece ser el eje a resolver.
Para peor, en Trelew el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos de Trelew parece pintado al óleo. Acusan al Consejo de Administración de no atenderle el teléfono ni reaccionar ante las intimaciones para que devuelva la plata presuntamente mal cobrada. Es más, el OMRESP dice que la suba fue “ilegal”. Ni hablar de Madryn, que ni cuenta con un ente así.
No sólo la Cooperativa
De la otra vereda no se quedan atrás. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Korn, salió con los tapones de punta y acusó a Pablo Punta, integrante del OMRESP, de haber sido a puesto a dedo y de “hacer política” con su trabajo. En este escenario, la discusión se desmadra.
Lo que interesa es que la luz no se corte con dos gotas de lluvia y que haya agua aunque el río venga turbio. Hace años se habla del colapso de las empresas de servicios públicos. Cabe imaginar un escenario en el cual estos aumentos son un hecho consumado, sin devolución alguna, con vecinos resignados. Si tal cosa sucede no quedará más que exigir servicios de primera y empresas que no se conviertan en una bolsa de trabajo para la política.
Y dos cositas más: contar con entes de control completos y profesionales, insospechados, que asesoren con transparencia, sin sujetarse a caprichos de turno; y concejales sin demagogia, que aprueben los retoques tarifarios cuando se debe para evitar bolas de nieve impagables.
La luz y el agua no son lo único. También hay que fortalecer entidades como las defensorías del pueblo y los servicios de protección al consumidor. Muchas veces son casi oficinitas de servicio pero lo cierto es que funcionan y logran multas para los abusos.
Lo saben los vecinos que se embarcaron en quejas y fueron mejor atendidos de lo que esperaban.
No puede ser que las empresas de telefonía celular hagan lo que quieran, impunes, como cobrar consumos que no existieron o consumos que no se pueden hacer, simplemente porque “no hay servicio”. Servicio debe haber siempre. Para eso pagamos. De otro modo no se entienden las promociones acerca de los millones invertidos.
Justicia política
“El Poder Judicial es independiente y no arbitra ni dirime cuestiones de política agonal”. La frase la escribieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia cuando decidieron no suspender la vigencia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Chubut. La cita no es nada casualidad: sugiere que es hora de que los partidos políticos resuelvan sus diferencias en otros escenarios, bien lejos de tribunales.
En rigor, en Chubut no hay sector político que esté a salvo de este apunte. El archivo muestra cruces de recursos judiciales que se dispararon en los últimos años. Razonable o no, el intento de frenar las PASO es otra muestra de esta tendencia. Lo dicen muy pocas veces en público y más que frecuentemente en privado: los jueces provinciales están cansados de resolver judicialmente diferencias políticas que, según consideran, merecen otros ámbitos de discusión ya que muchas veces son en realidad discrepancias hasta personales, ni siquiera partidarias.
Los magistrados sienten que se los pone bajo una lupa incómoda, toda vez que cualquier determinación que tomen los vinculará públicamente con algún dirigente. Hay simpatías, claro, explícitas y de las otras. Hay jueces que fueron políticos y hasta viceversa. Mañana vuelve el trabajo a tribunales y ya hay suspiros por lo que tendrán que resolver con elecciones nacionales, provinciales, municipales y de comunas rurales.
Lo bueno sería que de una vez por todas, Chubut tenga un Código Electoral propio, afinado y construido de acuerdo a la experiencia provincial. Y que la ley de partidos políticos que aprobó Legislatura se asiente. En suma, un marco político definitivo que resuelva cualquier duda que surja entre los dirigentes de ahora y del futuro. Esta responsabilidad, claro, no es de los jueces. Es de los diputados de Legislatura. No es una esperanza que esta deuda institucional se pague justamente este año, tan caliente políticamente. Pero cuando baje la marea sería hora de arremangarse.
Más aeropuerto
Están el contrato, está la empresa y está la plata. Trelew estuvo por un ratito en las pantallas de todos los canales porteños por la obra que repavimentará la pista del Aeropuerto Almirante Zar. Sólo falta que las máquinas comiencen a romper para que definitivamente esta promesa sea realidad. Al anuncio de la inversión por 162 millones de pesos lo legitimó nada menos que la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sabedora de la necesidad de que la Patagonia sur cuente con vías de comunicación en condiciones y de categoría. No por nada la inversión es la mayor que haya hecho el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Habrá nueva pista, nuevas balizas y nueva tecnología para que la terminal aérea esté a la altura de las mejores. No habrá excusas como mucho viento o mucha lluvia para que los aviones no bajen en Trelew, como tantas veces sucedió, aunque parecía increíble.
Con esta novedad, lo que viene es un trabajo central: consensuar una política de Estado para una estrategia turística que permita la llegada de más visitantes, independiente de los cambios de gestión. También habrá que idear una alternativa productiva que permita la salida de manufacturas chubutenses al mundo. Para eso el aeropuerto es internacional.
Esta responsabilidad no es de Cristina. Es de la dirigencia política, empresarial y turística chubutense que hace años grita sin escucharse cuando se discute la política aerocomercial.
¿Qué hay que hacer?
Mientras todo esto ocurre, por estas horas la cordillera enfrenta otro incendio descontrolado. Nuevamente, la travesura de un nene destruye buena parte de los bosques nativos, que necesitan décadas para recuperarse. Vidas y bienes en peligro, turistas que huyen, perjuicios para todos. Si es menor, el responsable será inimputable. No será la primera vez. Ojalá las familias reflexionen y ese chico tenga una sanción privada.