Procuradores y fiscales generales de toda la Argentina coincidieron en hacerse cargo de todas las intervenciones telefónicas de causas que no sean federales. Representados en el Consejo que Procuradores y Defensores de toda la Argentina, en el encuentro realizado este lunes en la Capital Federal, en el que participó el procurador Jorge Miquelarena representando a la provincia del Chubut, se fijó postura al respecto en el marco de la discusión del proyecto de ley para reformar la Secretaría de Inteligencia que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
El pedido fue elevado a través de una nota enviada a todos los presidentes de bloque del Senado y al titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.
Fue realizado por los presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, Alejandro Ficoseco y Eduardo Quattropani, respectivamente. Se trata de las dos entidades que agrupan a los procuradores, defensores y fiscales generales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la nota enviada afirman que “la autonomía investigativa de los Ministerios Públicos Fiscales, como factor fundamental de la independencia judicial, debe ser concretada eliminando las situaciones de total dependencia de los fiscales a la cooperación de organismo del Poder ejecutivo, que han caracterizado a la tradición del proceso penal de la Argentina“.
Más adelante agregan que “asimismo aparecería como contrario al orden constitucional y en especial a nuestra organización federal, el centralizar esta atribución, cuando se trata de causas provinciales o Ciudad Autónoma, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Por eso propusieron que “en las causas de competencia de la Justicia Federal o Nacional, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por la legislación procesal penal, por un organismo técnico pertinente, dirigido y supervisado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Provincias y Capital Federal
Y que “en causas de competencias de las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por las respectivas legislaciones procesales, mediante organismos técnicos provinciales supervisados por los Ministerios Públicos Fiscales” locales, dijeron.
Asimismo recordaron que “el status quo preexistente en materia escuchas telefónicas, donde la realización de estas medidas fue monopolizada por la Oficina de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Poder Ejecutivo Nacional, representaba una situación inconveniente que trajo aparejada la falta de desarrollo de tecnologías apropiadas para estas actividades en los Laboratorios Regionales de Investigación forense de las provincias”
Procuradores y fiscales generales de toda la Argentina coincidieron en hacerse cargo de todas las intervenciones telefónicas de causas que no sean federales. Representados en el Consejo que Procuradores y Defensores de toda la Argentina, en el encuentro realizado este lunes en la Capital Federal, en el que participó el procurador Jorge Miquelarena representando a la provincia del Chubut, se fijó postura al respecto en el marco de la discusión del proyecto de ley para reformar la Secretaría de Inteligencia que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
El pedido fue elevado a través de una nota enviada a todos los presidentes de bloque del Senado y al titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.
Fue realizado por los presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, Alejandro Ficoseco y Eduardo Quattropani, respectivamente. Se trata de las dos entidades que agrupan a los procuradores, defensores y fiscales generales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la nota enviada afirman que “la autonomía investigativa de los Ministerios Públicos Fiscales, como factor fundamental de la independencia judicial, debe ser concretada eliminando las situaciones de total dependencia de los fiscales a la cooperación de organismo del Poder ejecutivo, que han caracterizado a la tradición del proceso penal de la Argentina“.
Más adelante agregan que “asimismo aparecería como contrario al orden constitucional y en especial a nuestra organización federal, el centralizar esta atribución, cuando se trata de causas provinciales o Ciudad Autónoma, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Por eso propusieron que “en las causas de competencia de la Justicia Federal o Nacional, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por la legislación procesal penal, por un organismo técnico pertinente, dirigido y supervisado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Provincias y Capital Federal
Y que “en causas de competencias de las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por las respectivas legislaciones procesales, mediante organismos técnicos provinciales supervisados por los Ministerios Públicos Fiscales” locales, dijeron.
Asimismo recordaron que “el status quo preexistente en materia escuchas telefónicas, donde la realización de estas medidas fue monopolizada por la Oficina de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Poder Ejecutivo Nacional, representaba una situación inconveniente que trajo aparejada la falta de desarrollo de tecnologías apropiadas para estas actividades en los Laboratorios Regionales de Investigación forense de las provincias”