Fiscalía sostiene que hubo filicidio en la muerte del niño en Puerto Rawson
Argumentan llamadas telefónicas sugestivas y premeditación.
La fiscal general Eugenia Encina instaló serias dudas con respecto a la muerte natural de un niño de 9 años en Puerto Rawson y que tiene como sospechosa a su madre biológica.
Los argumentos de la fiscal fueron atendidos por la jueza Ivana González, por lo que negó la libertad a María Otellada, aunque solicitó mayor celeridad en la investigación.
Los fundamentos de la representante de la Procuración Fiscal se sostienen en que hubo premeditación por parte de la madre del occiso, a raíz de que no existe causa alguna el haber ocultado el cuerpo del niño una vez fallecido; como así también el de unas llamadas a un familiar y a un integrante de la Oficina de Derechos de la Niñez en donde anunciaba que el chico iba a estar con su padre, de quién está separado, reside en Paraguay y no tiene ningún tipo de diálogo ni vínculo.
A ello, se le suma manchas hemáticas en una sábana en las que está la duda si es sangre o líquido cadavérico con la supuesta muerte natural a la que se alega.
Premeditación
Dijo la fiscal general Encinas que “hay serios indicios de premeditación respecto de la muerte del chico y muchas dudas en cómo atendía a los chicos.
Hay manchas de sangre en las sábanas del sillón donde estaba el chico. Está en análisis de los bioquímicos para determinar si es sangre o líquido cadavérico”.
Ante ello, la jueza de garantías Ivana González rechazó el pedido de la defensa para que recupere la libertad una mujer sospechada de haber asesinado a su hijo discapacitado en el Puerto de Rawson, pero a la vez le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal que acelere la investigación ante la presunción de que el niño haya fallecido por causas naturales.
La audiencia se realizó a pedido de la abogada defensora María Gómez Lozano a partir de contactos mantenidos con médicos que atendieron al niño que presumen que el menor de 9 años que padecía una severa discapacidad neurológica, falleció de muerte natural.
El niño fue hallado varios días después de su muerte en el interior de un tambor, con su cuerpo parcialmente quemado y tapado con arena y escombros. La madre admitió que fue ella la que lo quemó y lo ocultó, pero que no lo había matado, sino que lo halló muerto sobre el sillón donde el niño dormía.
Filicidio
En la audiencia la fiscal general Griselda Encina indicó que mantiene la hipótesis del filicidio. Relativizó los informes médicos a los que hizo alusión la defensa pública y se preguntó una vez más por qué la mujer intentó ocultar el cadáver. Indicó que pericias bioquímicas que aún no tiene en su poder abonarían la posibilidad de una muerte violenta y que resta el análisis del teléfono celular de la imputada en donde habría enviado mensajes de textos a un tío del niño y a un empleado de la Oficina de Protección de Derechos. En esos mensajes, enviados en los días previos a la muerte del niño, indicaba que por un largo lapso de tiempo el niño no estaría con ella en el Puerto de Rawson y que sería enviado a estar con su padre, del que está separada hace muchos años y que reside en el Paraguay.
Investigación
La jueza González avaló esta posibilidad pero a la vez, le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal acelere la investigación, ya que de no prosperara las hipótesis de la acusación, se estaría atentando contra el derecho a la libertad de la mujer.
Dijo la jueza González: “los mensajes enviados por la madre, tienen el aspecto de que fueron realizados en una actitud al margen de la ley. Pero no nos podemos seguir preguntando qué fue lo que pasó a costa del paso de los días y la libertad de la imputada, por lo que de una manera rápida debe esclarecerse el hecho”.
El hecho se produjo en diciembre pasado en una casa del Puerto de Rawson donde vivía María Otellada y sus cuatro hijos, entre ellos Juan Carlos de 9 años de edad, víctima con una severa discapacidad neurológica. La mujer seguirá con arresto domiciliario y pesa sobre ella la prohibición a que se aleje de la casa. El cumplimiento depende no sólo de la Policía, sino también del sacerdote Marcelo Nievas y una hermana de la imputada.
El Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Griselda Encina, mantiene hasta el momento la calificación de filicidio teniendo en cuanta que la mujer quemó el cuerpo además de intentar ocultarlo en el tambor y que restan los resultados de pericias que ahora la jueza González pidió que se aceleren .
La fiscal general Eugenia Encina instaló serias dudas con respecto a la muerte natural de un niño de 9 años en Puerto Rawson y que tiene como sospechosa a su madre biológica.
Los argumentos de la fiscal fueron atendidos por la jueza Ivana González, por lo que negó la libertad a María Otellada, aunque solicitó mayor celeridad en la investigación.
Los fundamentos de la representante de la Procuración Fiscal se sostienen en que hubo premeditación por parte de la madre del occiso, a raíz de que no existe causa alguna el haber ocultado el cuerpo del niño una vez fallecido; como así también el de unas llamadas a un familiar y a un integrante de la Oficina de Derechos de la Niñez en donde anunciaba que el chico iba a estar con su padre, de quién está separado, reside en Paraguay y no tiene ningún tipo de diálogo ni vínculo.
A ello, se le suma manchas hemáticas en una sábana en las que está la duda si es sangre o líquido cadavérico con la supuesta muerte natural a la que se alega.
Premeditación
Dijo la fiscal general Encinas que “hay serios indicios de premeditación respecto de la muerte del chico y muchas dudas en cómo atendía a los chicos.
Hay manchas de sangre en las sábanas del sillón donde estaba el chico. Está en análisis de los bioquímicos para determinar si es sangre o líquido cadavérico”.
Ante ello, la jueza de garantías Ivana González rechazó el pedido de la defensa para que recupere la libertad una mujer sospechada de haber asesinado a su hijo discapacitado en el Puerto de Rawson, pero a la vez le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal que acelere la investigación ante la presunción de que el niño haya fallecido por causas naturales.
La audiencia se realizó a pedido de la abogada defensora María Gómez Lozano a partir de contactos mantenidos con médicos que atendieron al niño que presumen que el menor de 9 años que padecía una severa discapacidad neurológica, falleció de muerte natural.
El niño fue hallado varios días después de su muerte en el interior de un tambor, con su cuerpo parcialmente quemado y tapado con arena y escombros. La madre admitió que fue ella la que lo quemó y lo ocultó, pero que no lo había matado, sino que lo halló muerto sobre el sillón donde el niño dormía.
Filicidio
En la audiencia la fiscal general Griselda Encina indicó que mantiene la hipótesis del filicidio. Relativizó los informes médicos a los que hizo alusión la defensa pública y se preguntó una vez más por qué la mujer intentó ocultar el cadáver. Indicó que pericias bioquímicas que aún no tiene en su poder abonarían la posibilidad de una muerte violenta y que resta el análisis del teléfono celular de la imputada en donde habría enviado mensajes de textos a un tío del niño y a un empleado de la Oficina de Protección de Derechos. En esos mensajes, enviados en los días previos a la muerte del niño, indicaba que por un largo lapso de tiempo el niño no estaría con ella en el Puerto de Rawson y que sería enviado a estar con su padre, del que está separada hace muchos años y que reside en el Paraguay.
Investigación
La jueza González avaló esta posibilidad pero a la vez, le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal acelere la investigación, ya que de no prosperara las hipótesis de la acusación, se estaría atentando contra el derecho a la libertad de la mujer.
Dijo la jueza González: “los mensajes enviados por la madre, tienen el aspecto de que fueron realizados en una actitud al margen de la ley. Pero no nos podemos seguir preguntando qué fue lo que pasó a costa del paso de los días y la libertad de la imputada, por lo que de una manera rápida debe esclarecerse el hecho”.
El hecho se produjo en diciembre pasado en una casa del Puerto de Rawson donde vivía María Otellada y sus cuatro hijos, entre ellos Juan Carlos de 9 años de edad, víctima con una severa discapacidad neurológica. La mujer seguirá con arresto domiciliario y pesa sobre ella la prohibición a que se aleje de la casa. El cumplimiento depende no sólo de la Policía, sino también del sacerdote Marcelo Nievas y una hermana de la imputada.
El Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Griselda Encina, mantiene hasta el momento la calificación de filicidio teniendo en cuanta que la mujer quemó el cuerpo además de intentar ocultarlo en el tambor y que restan los resultados de pericias que ahora la jueza González pidió que se aceleren .