Internos del pabellón 5 de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, mediante un hábeas corpus colectivo, denunciaron ante la jueza Daniela Arcuri, una serie de abusos y malas condiciones de cautiverio.
Hubo una audiencia donde estuvo el fiscal general Héctor Iturrioz, además de las defensoras Viviana Barillari y María de los Ángeles Garro. Se hicieron presentes Miguel Ángel Aparicio, condenado en representación de él y sus compañeros; y el comisario Demetrio Urrutia, jefe de la Alcaidía policial. El interno manifestó agresiones por parte de policías, también que a otro detenido le rompieron los audífonos. Otro interno de apellido Soto fue alojado en el buzón y golpeado, amenazándolo que “si denunciaba lo iban a matar”. No pretenden hacer una denuncia formal, dijo Aparicio, sino que solicitan el cese de los apremios ilegales. Asimismo refirió amenazas de traslado a comisarías si presentaban el habeas corpus, comparándolo con lo que le había pasado a González, un preso “que la pasó mal”. Por su parte la defensora refirió que personal policial se excede en la requisa a visitas femeninas. Gracias al reclamo generalizado, se desnudó una situación muy complicada en ese lugar. No solo por las presuntas situaciones indignas de los presos, sino también las condiciones deplorables en las que funcionaría el penal.
Urrutia reconoció que la recreación y posibilidades de los presos de salir al patio “es imposible por falta de personal, como por falta de seguridad ya que es un patio abierto, sin terminar”. El ideal de personal sería el doble del actual disponible. Dicen que hubo reclamos sin respuestas del gobierno. Pidió capacitación para su personal ya que no han sido preparados para alojamiento penitenciario. En cuanto a los apremios, malos tratos y amenazas de traslado, “no deben existir y que esas conductas individuales de los agentes, deben responder por ello”. Admitiendo finalmente que ni él ni sus empleados tienen formación ni capacitación en políticas penitenciarias. Grave.
El fiscal sostuvo que cabe al MPF el control de legalidad, en caso de haber un ilícito solicitando el cese del cercenamiento del derecho, la falta de limpieza y el exceso en la requisa. Por otro lado destacó la falta de respuesta que tiene el comisario Urrutia ante sus pedidos ante el jefe de la Unidad Regional y el responsable provincial de Políticas Penitenciarias del gobierno.
Sobre las vejaciones recomendó hacer la denuncia inmediatamente. Respecto a la carencia edilicia y la falta de respuesta por parte de la superioridad de Urrutia, el fiscal sugirió se ejecute desde el Poder Judicial en nombre del Estado, luego de intimar a realizar las obras, en caso que no se cumpla. Por último Iturrioz requirió a la jueza se conceda un término razonable al Estado provincial para concluir con las refacciones del patio interno y se incremente el personal policial que trabaja en la Alcaidía.
Internos del pabellón 5 de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, mediante un hábeas corpus colectivo, denunciaron ante la jueza Daniela Arcuri, una serie de abusos y malas condiciones de cautiverio.
Hubo una audiencia donde estuvo el fiscal general Héctor Iturrioz, además de las defensoras Viviana Barillari y María de los Ángeles Garro. Se hicieron presentes Miguel Ángel Aparicio, condenado en representación de él y sus compañeros; y el comisario Demetrio Urrutia, jefe de la Alcaidía policial. El interno manifestó agresiones por parte de policías, también que a otro detenido le rompieron los audífonos. Otro interno de apellido Soto fue alojado en el buzón y golpeado, amenazándolo que “si denunciaba lo iban a matar”. No pretenden hacer una denuncia formal, dijo Aparicio, sino que solicitan el cese de los apremios ilegales. Asimismo refirió amenazas de traslado a comisarías si presentaban el habeas corpus, comparándolo con lo que le había pasado a González, un preso “que la pasó mal”. Por su parte la defensora refirió que personal policial se excede en la requisa a visitas femeninas. Gracias al reclamo generalizado, se desnudó una situación muy complicada en ese lugar. No solo por las presuntas situaciones indignas de los presos, sino también las condiciones deplorables en las que funcionaría el penal.
Urrutia reconoció que la recreación y posibilidades de los presos de salir al patio “es imposible por falta de personal, como por falta de seguridad ya que es un patio abierto, sin terminar”. El ideal de personal sería el doble del actual disponible. Dicen que hubo reclamos sin respuestas del gobierno. Pidió capacitación para su personal ya que no han sido preparados para alojamiento penitenciario. En cuanto a los apremios, malos tratos y amenazas de traslado, “no deben existir y que esas conductas individuales de los agentes, deben responder por ello”. Admitiendo finalmente que ni él ni sus empleados tienen formación ni capacitación en políticas penitenciarias. Grave.
El fiscal sostuvo que cabe al MPF el control de legalidad, en caso de haber un ilícito solicitando el cese del cercenamiento del derecho, la falta de limpieza y el exceso en la requisa. Por otro lado destacó la falta de respuesta que tiene el comisario Urrutia ante sus pedidos ante el jefe de la Unidad Regional y el responsable provincial de Políticas Penitenciarias del gobierno.
Sobre las vejaciones recomendó hacer la denuncia inmediatamente. Respecto a la carencia edilicia y la falta de respuesta por parte de la superioridad de Urrutia, el fiscal sugirió se ejecute desde el Poder Judicial en nombre del Estado, luego de intimar a realizar las obras, en caso que no se cumpla. Por último Iturrioz requirió a la jueza se conceda un término razonable al Estado provincial para concluir con las refacciones del patio interno y se incremente el personal policial que trabaja en la Alcaidía.