Educación: conocidos dirigentes de SiTraEd Rawson fueron exonerados

El Ministerio los echó por depositar haberes en cajas de ahorro de familiares. Varios integrantes de ese sindicato estuvieron involucrados.

La presentación y el decreto firmado por Buzzi.
23 MAY 2015 - 21:40 | Actualizado

El pasado 7 de mayo de 2015 se hizo público el decreto Nº 470 que lleva la firma del gobernador Martín Buzzi y de los ministros Juan Garitano y Rubén Zarate, de Coordinación de Gabinete y Educación respectivamente, que produjo la exoneración a los agentes Juan Garay, Nancy Garay, Adrián Miguel Videla, Karina Suarez, Marta Bovi, Stella Maris Riegas, Alejandro Leroyer, Mónica Mañan y Pedro Zalazar.

Un dato no menor refiere a que entre los exonerados figuran personas cercanas e integrantes de la conducción de la seccional Rawson del Si.Tra.Ed., como ser el caso de la mujer de Rolando “Pato” Linares que es al actual vocal titular que se desempeña como secretario general de la seccional de la capital provincial. Junto a Mónica Mañan se encuentran Pedro Zalazar que es secretario gremial de la seccional Rawson, así como Juan Garay que es afiliado a la misma o Stella Maris Riega que es una reconocida activista de la denominada lista Verde en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Esta decisión de las máximas autoridades del poder ejecutivo provincial se adoptó al llegarse a la conclusión que “desde el Departamento de Sueldos de Educación Primaria del Ministerio de Educación se habrían realizado liquidaciones indebidas de haberes”. Esto se habría efectuado “sin la correspondiente contraprestación laboral, ni alta de parte del departamento de Personal, mediante la utilización de interpósitas personas, algunas de ellas inexistentes a favor de distintos agentes del ministerio de Educación y del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia”, expresa el decreto.

En las conclusiones de las actuaciones administrativas se determinó que “muchas de estas liquidaciones erróneas son efectuadas a familiares de los agentes encargados de realizarlas”, acotándose que “al efectuarse estás liquidaciones indebidas se utilizaron una combinación de nombres falsos, con números de DNI de personas que viven en otras provincias pero que terminaron con depósitos en las cajas de ahorro de personas existentes dentro del ministerio de Educación como del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia”.

Dentro de los hechos imputados a los agentes exonerados, según reza en el decreto 470, que “una vez depositado el dinero en cada una de las cajas de ahorro no sólo no habrían realizado la devolución alguna de lo mal liquidado y depositado en sus cuentas poniéndolo de manifiesto ante las autoridades correspondientes”. Junto a ello, estos agentes “habrían extraído lo depositado, no pudiendo desconocer que dicho importe no se correspondía con su salario normal y habitual, produciéndose un enriquecimiento sin causa para todos como –también- un perjuicio fiscal para la administración, obrando de mala fe con respecto de su empleador”.

Está conducta se habría mantenido en el tiempo y generando un perjuicio mayor en montos menores pero constantes en el tiempo y, un dato no menor, es que pese a la utilización de nombres falsos, así como de las funciones que presuntamente cumplían en escuelas donde no trabajaban, los depósitos siempre se concretaron en el número de las cajas de ahorro que correspondía a ellos.

Las conclusiones del decreto 470 son la resultante de una denuncia que el 15 de diciembre del 2010 se radicó ante el ministerio Público Fiscal bajo la denominación de “denuncia por supuesta defraudación contra el Estado provincial”.

En la oportunidad, Sergio Flores, en carácter de director general de Administración, así como Federico Payne Elgueta, en su rol de director general de Recursos Humanos y Pablo Abraham en su condición de director de Liquidaciones de Haberes, todos dependientes de la cartera educativa de la provincia, efectuaron la denuncia por la presunta defraudación que se estaría cometiendo contra el erario provincial.

Ante el tenor de lo denunciado se comenzaron a desarrollar una serie de actuaciones que tienen su origen en un informe aportado por la Dirección General de Cómputos del ministerio de Economía. En el mismo se detectaron la existencia de liquidaciones de haberes correspondientes a diferentes personas que tendrían vinculada la misma caja de ahorro en la cual se depositaban los montos liquidados.

En las conclusiones a las que se llegó en ese momento por parte del equipo del ministerio de Educación fue la existencia que se “han realizado en los procesos normales de carga de novedades de liquidación de haberes, durante el período comprendido entre junio a octubre del corriente año (2010), el procesamiento de indebidas liquidaciones de haberes en forma intencional por parte de agentes integrantes del departamento de sueldos de EGB 1 y 2, con la clara intencionalidad de producir un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del Estado provincial”.

En el informe que rubrica la doctora Manuela Moya, directora de Sumarios, se detalla que en el caso de Susana Sini habría recibido dos depósitos por un monto total de 10.847 pesos en la caja de ahorro, siendo esta persona esposa de Juan Alberto Garay que en el período junio a octubre del 2010 se desempeñaba como jefe de División de Haberes EGB del departamento Sueldo del ministerio de Educación.

En el caso de Nancy Garay, esta persona recibió un depósito por 7.664 pesos, siendo ella la hermana del entonces responsable de las liquidaciones de los haberes.

En el caso de Adrián Videla se detectó que en su caja de ahorro se efectuaron seis depósitos en concepto de liquidación de haberes y que representaban 40.662 pesos en el período comprendido entre junio y octubre del 2010. Esta persona es el yerno de Juan Alberto Garay.

En lo relacionado a la agente Karina Suárez la investigación llegó a la conclusión que en el período septiembre octubre de dicho año se produjeron tres depósitos por una suma de 20.114 pesos.

Por su parte, Marta Susana Bovi habría recibido un depósito efectuado por el ministerio de Educación en la caja de ahorro de su pertenencia pero a nombre de Carlos Requeira por la suma de 7.410 pesos. El dato saliente refiere a que tanto Bovi como Requeira no habrían tenido cargos ni horas cátedra ni habrían prestado servicios en la Escuela Nº 791 por los cuales se les realizó la liquidación.

En lo que refiere a Stella Maris Riegas se corroboró que en su caja de ahorro se efectuaron cinco depósitos por 28.033 pesos pero en el período comprendido entre agosto y octubre del 2010.

En el caso de lo sucedido con Alejandro Leroyer se habrían detectado tres depósitos en el período de septiembre y octubre del 2010 cuando no tenía cargos ni horas cátedra ni habría prestado servicios en los establecimientos educativos por los cuales se realizaba el depósito.

Una situación similar se produjo con Mónica Mañan que tiene efectuados dos depósitos en su caja de ahorro en el período investigado y por un monto de 15.855 pesos, en tanto que Pedro Zalazar se concretó un depósito por la suma de 8.872 pesos.

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La presentación y el decreto firmado por Buzzi.
23 MAY 2015 - 21:40

El pasado 7 de mayo de 2015 se hizo público el decreto Nº 470 que lleva la firma del gobernador Martín Buzzi y de los ministros Juan Garitano y Rubén Zarate, de Coordinación de Gabinete y Educación respectivamente, que produjo la exoneración a los agentes Juan Garay, Nancy Garay, Adrián Miguel Videla, Karina Suarez, Marta Bovi, Stella Maris Riegas, Alejandro Leroyer, Mónica Mañan y Pedro Zalazar.

Un dato no menor refiere a que entre los exonerados figuran personas cercanas e integrantes de la conducción de la seccional Rawson del Si.Tra.Ed., como ser el caso de la mujer de Rolando “Pato” Linares que es al actual vocal titular que se desempeña como secretario general de la seccional de la capital provincial. Junto a Mónica Mañan se encuentran Pedro Zalazar que es secretario gremial de la seccional Rawson, así como Juan Garay que es afiliado a la misma o Stella Maris Riega que es una reconocida activista de la denominada lista Verde en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Esta decisión de las máximas autoridades del poder ejecutivo provincial se adoptó al llegarse a la conclusión que “desde el Departamento de Sueldos de Educación Primaria del Ministerio de Educación se habrían realizado liquidaciones indebidas de haberes”. Esto se habría efectuado “sin la correspondiente contraprestación laboral, ni alta de parte del departamento de Personal, mediante la utilización de interpósitas personas, algunas de ellas inexistentes a favor de distintos agentes del ministerio de Educación y del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia”, expresa el decreto.

En las conclusiones de las actuaciones administrativas se determinó que “muchas de estas liquidaciones erróneas son efectuadas a familiares de los agentes encargados de realizarlas”, acotándose que “al efectuarse estás liquidaciones indebidas se utilizaron una combinación de nombres falsos, con números de DNI de personas que viven en otras provincias pero que terminaron con depósitos en las cajas de ahorro de personas existentes dentro del ministerio de Educación como del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia”.

Dentro de los hechos imputados a los agentes exonerados, según reza en el decreto 470, que “una vez depositado el dinero en cada una de las cajas de ahorro no sólo no habrían realizado la devolución alguna de lo mal liquidado y depositado en sus cuentas poniéndolo de manifiesto ante las autoridades correspondientes”. Junto a ello, estos agentes “habrían extraído lo depositado, no pudiendo desconocer que dicho importe no se correspondía con su salario normal y habitual, produciéndose un enriquecimiento sin causa para todos como –también- un perjuicio fiscal para la administración, obrando de mala fe con respecto de su empleador”.

Está conducta se habría mantenido en el tiempo y generando un perjuicio mayor en montos menores pero constantes en el tiempo y, un dato no menor, es que pese a la utilización de nombres falsos, así como de las funciones que presuntamente cumplían en escuelas donde no trabajaban, los depósitos siempre se concretaron en el número de las cajas de ahorro que correspondía a ellos.

Las conclusiones del decreto 470 son la resultante de una denuncia que el 15 de diciembre del 2010 se radicó ante el ministerio Público Fiscal bajo la denominación de “denuncia por supuesta defraudación contra el Estado provincial”.

En la oportunidad, Sergio Flores, en carácter de director general de Administración, así como Federico Payne Elgueta, en su rol de director general de Recursos Humanos y Pablo Abraham en su condición de director de Liquidaciones de Haberes, todos dependientes de la cartera educativa de la provincia, efectuaron la denuncia por la presunta defraudación que se estaría cometiendo contra el erario provincial.

Ante el tenor de lo denunciado se comenzaron a desarrollar una serie de actuaciones que tienen su origen en un informe aportado por la Dirección General de Cómputos del ministerio de Economía. En el mismo se detectaron la existencia de liquidaciones de haberes correspondientes a diferentes personas que tendrían vinculada la misma caja de ahorro en la cual se depositaban los montos liquidados.

En las conclusiones a las que se llegó en ese momento por parte del equipo del ministerio de Educación fue la existencia que se “han realizado en los procesos normales de carga de novedades de liquidación de haberes, durante el período comprendido entre junio a octubre del corriente año (2010), el procesamiento de indebidas liquidaciones de haberes en forma intencional por parte de agentes integrantes del departamento de sueldos de EGB 1 y 2, con la clara intencionalidad de producir un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del Estado provincial”.

En el informe que rubrica la doctora Manuela Moya, directora de Sumarios, se detalla que en el caso de Susana Sini habría recibido dos depósitos por un monto total de 10.847 pesos en la caja de ahorro, siendo esta persona esposa de Juan Alberto Garay que en el período junio a octubre del 2010 se desempeñaba como jefe de División de Haberes EGB del departamento Sueldo del ministerio de Educación.

En el caso de Nancy Garay, esta persona recibió un depósito por 7.664 pesos, siendo ella la hermana del entonces responsable de las liquidaciones de los haberes.

En el caso de Adrián Videla se detectó que en su caja de ahorro se efectuaron seis depósitos en concepto de liquidación de haberes y que representaban 40.662 pesos en el período comprendido entre junio y octubre del 2010. Esta persona es el yerno de Juan Alberto Garay.

En lo relacionado a la agente Karina Suárez la investigación llegó a la conclusión que en el período septiembre octubre de dicho año se produjeron tres depósitos por una suma de 20.114 pesos.

Por su parte, Marta Susana Bovi habría recibido un depósito efectuado por el ministerio de Educación en la caja de ahorro de su pertenencia pero a nombre de Carlos Requeira por la suma de 7.410 pesos. El dato saliente refiere a que tanto Bovi como Requeira no habrían tenido cargos ni horas cátedra ni habrían prestado servicios en la Escuela Nº 791 por los cuales se les realizó la liquidación.

En lo que refiere a Stella Maris Riegas se corroboró que en su caja de ahorro se efectuaron cinco depósitos por 28.033 pesos pero en el período comprendido entre agosto y octubre del 2010.

En el caso de lo sucedido con Alejandro Leroyer se habrían detectado tres depósitos en el período de septiembre y octubre del 2010 cuando no tenía cargos ni horas cátedra ni habría prestado servicios en los establecimientos educativos por los cuales se realizaba el depósito.

Una situación similar se produjo con Mónica Mañan que tiene efectuados dos depósitos en su caja de ahorro en el período investigado y por un monto de 15.855 pesos, en tanto que Pedro Zalazar se concretó un depósito por la suma de 8.872 pesos.


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