Corrupción: sólo un funcionario público provincial en 6 años certificó no tener condenas

Desde 2009, todos los cargos políticos están obligados a documentar que no tienen antecedentes. Pero casi nadie cumple con este requisito.

06 JUN 2015 - 22:01 | Actualizado

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

Pese a que es obligatorio por ley, hace 6 años que ningún funcionario que haya asumido en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial del Chubut se tomó el trabajo de gestionar el Certificado de Ética Pública, un papel que comprueba que no tiene condenas por delitos contra la administración pública.

El dato está incluido en el Informe Anual que el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, José Luis Pasutti, leyó ante Legislatura. Ese discurso fue en marzo pero el defecto se mantiene.

El subtítulo “Registro de Ética Pública” de ese informe describe: “Este registro permanece constantemente actualizado, con la carga proveniente de las Oficinas Judiciales, sin embargo no tiene actividad externa y no hay demanda de Certificados en esta temática, pese a que la Ley expresamente dispone que deberá ser presentado para el caso de designaciones de funcionarios públicos”.

El único funcionario en la provincia que alguna vez certificó su falta de antecedentes vinculados a la corrupción fue Héctor Capraro, antes de asumir como Administrador General del Poder Judicial, en junio de 2012.

Esta área depende del Registro de Antecedentes Penales, que conduce Alicia Pugh. La funcionaria le confirmó a Jornada que el de Ética Pública es “un registro que prácticamente no tiene actividad y genéricamente se podría decir que nunca se usó”.

Se rige por la Ley I 231 de Ética y Transparencia en la Función Pública, aprobada en noviembre de 2009. El Registro “ordena la ley que se creó para establecer cuando una persona haya cometido delitos contra la administración pública”.

Según explicó, los funcionarios “deberían presentar antes de asumir un cargo un certificado que indique que no transgredieron ninguna de las normas que violen la ley de ética”.

Además de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la norma incluye Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, y empresas, sociedades y entes estatales. Y si se adhirieron a la ley, también están obligados los municipios, las cooperativas y hasta los gremios.

Figuran gobernador, vice, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, escribanos, asesores, contadores, tesoreros, jefes y oficiales de Policía, jueces, defensores, fiscales, diputados, vocales, cuerpo de abogados, presidentes, directorios, cuerpos colegiados, gerentes, subgerentes, síndicos, interventores, sociedades, intendentes, concejales y todo aquel que administre patrimonio público.

En 2012, Pugh hizo un pedido masivo a todos los organismos para que regularicen esta falta. Incluyó al Consejo de la Magistratura. La respuesta fue unánime: silencio, incluso desde la Legislatura que aprobó la ley original. Esto, pese a que cada organismo es el responsable de controlar que sus ingresantes cumplan los requisitos. El trámite tarda un día entre molestarse en ir a la oficina en Rawson, pedirlo, pagar la tasa de justicia y retirarlo.

Pugh explicó que Ética Pública “es una subespecie del Registro de Antecedentes Penales: significa que toda persona que haya cometido un delito, está cargada”.

“Si parto de la base de que todos presenten un certificado de antecedentes penales, si en Chubut no los tiene, obviamente tampoco tiene antecedentes contra la administración”. Sin embargo advirtió que ni siquiera “todos los funcionarios presentan certificado de antecedentes penales, que damos fe que muchos organismos no lo piden”.

Pugh explicó que Policía “nos está derivando prácticamente todas las certificaciones para que hagamos nosotros porque es más veloz, más simple para la gente, y el sistema es más directo y más actualizado”.

“Hay una explicación procesal que corre por mi cuenta: esta ley de Ética Pública no tiene mucho sentido porque es posterior a la ley de creación del Registro de Antecedentes Penales. Y si tengo un proceso en trámite o una condena por un delito cualquiera, esa enumeración ya incluye contra la administración pública”.

Pero más allá de lo operativo, Pugh consideró que el espíritu de la ley la hace importante: “Para ser prolijos los funcionarios que asumen deberían solicitar al menos el certificado de antecedentes penales, para deducir que si no los tiene, tampoco tienen antecedentes contra la administración. Pero también a fines prácticos diré que ningún funcionario del Poder Ejecutivo que asume pide un certificado penal”. La directora apuntó que sí lo suelen cumplir, por ejemplo, los docentes que se anotan en Junta de Clasificación, para no quedar fuera de carrera.#

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06 JUN 2015 - 22:01

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

Pese a que es obligatorio por ley, hace 6 años que ningún funcionario que haya asumido en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial del Chubut se tomó el trabajo de gestionar el Certificado de Ética Pública, un papel que comprueba que no tiene condenas por delitos contra la administración pública.

El dato está incluido en el Informe Anual que el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, José Luis Pasutti, leyó ante Legislatura. Ese discurso fue en marzo pero el defecto se mantiene.

El subtítulo “Registro de Ética Pública” de ese informe describe: “Este registro permanece constantemente actualizado, con la carga proveniente de las Oficinas Judiciales, sin embargo no tiene actividad externa y no hay demanda de Certificados en esta temática, pese a que la Ley expresamente dispone que deberá ser presentado para el caso de designaciones de funcionarios públicos”.

El único funcionario en la provincia que alguna vez certificó su falta de antecedentes vinculados a la corrupción fue Héctor Capraro, antes de asumir como Administrador General del Poder Judicial, en junio de 2012.

Esta área depende del Registro de Antecedentes Penales, que conduce Alicia Pugh. La funcionaria le confirmó a Jornada que el de Ética Pública es “un registro que prácticamente no tiene actividad y genéricamente se podría decir que nunca se usó”.

Se rige por la Ley I 231 de Ética y Transparencia en la Función Pública, aprobada en noviembre de 2009. El Registro “ordena la ley que se creó para establecer cuando una persona haya cometido delitos contra la administración pública”.

Según explicó, los funcionarios “deberían presentar antes de asumir un cargo un certificado que indique que no transgredieron ninguna de las normas que violen la ley de ética”.

Además de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la norma incluye Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, y empresas, sociedades y entes estatales. Y si se adhirieron a la ley, también están obligados los municipios, las cooperativas y hasta los gremios.

Figuran gobernador, vice, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, escribanos, asesores, contadores, tesoreros, jefes y oficiales de Policía, jueces, defensores, fiscales, diputados, vocales, cuerpo de abogados, presidentes, directorios, cuerpos colegiados, gerentes, subgerentes, síndicos, interventores, sociedades, intendentes, concejales y todo aquel que administre patrimonio público.

En 2012, Pugh hizo un pedido masivo a todos los organismos para que regularicen esta falta. Incluyó al Consejo de la Magistratura. La respuesta fue unánime: silencio, incluso desde la Legislatura que aprobó la ley original. Esto, pese a que cada organismo es el responsable de controlar que sus ingresantes cumplan los requisitos. El trámite tarda un día entre molestarse en ir a la oficina en Rawson, pedirlo, pagar la tasa de justicia y retirarlo.

Pugh explicó que Ética Pública “es una subespecie del Registro de Antecedentes Penales: significa que toda persona que haya cometido un delito, está cargada”.

“Si parto de la base de que todos presenten un certificado de antecedentes penales, si en Chubut no los tiene, obviamente tampoco tiene antecedentes contra la administración”. Sin embargo advirtió que ni siquiera “todos los funcionarios presentan certificado de antecedentes penales, que damos fe que muchos organismos no lo piden”.

Pugh explicó que Policía “nos está derivando prácticamente todas las certificaciones para que hagamos nosotros porque es más veloz, más simple para la gente, y el sistema es más directo y más actualizado”.

“Hay una explicación procesal que corre por mi cuenta: esta ley de Ética Pública no tiene mucho sentido porque es posterior a la ley de creación del Registro de Antecedentes Penales. Y si tengo un proceso en trámite o una condena por un delito cualquiera, esa enumeración ya incluye contra la administración pública”.

Pero más allá de lo operativo, Pugh consideró que el espíritu de la ley la hace importante: “Para ser prolijos los funcionarios que asumen deberían solicitar al menos el certificado de antecedentes penales, para deducir que si no los tiene, tampoco tienen antecedentes contra la administración. Pero también a fines prácticos diré que ningún funcionario del Poder Ejecutivo que asume pide un certificado penal”. La directora apuntó que sí lo suelen cumplir, por ejemplo, los docentes que se anotan en Junta de Clasificación, para no quedar fuera de carrera.#


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