Piden cinco años de prisión para Berlusconi por sobornar a un senador
La Fiscalía de Nápoles pidió hoy la pena de cinco años de prisión para el ex primer ministro Silvio Berlusconi, acusado de sobornar a un senador para hacer caer el gobierno de Romano Prodi en 2008, una crisis política que permitió al líder conservador ser elegido por tercera vez como premier.
El fiscal Alessandro Milita imputó al líder conservador y al ex director del diario L'Avanti, Valter Lavitola, acusado de mediar en el supuesto soborno, del delito de corrupción, informaron los medios locales, citados por la agencia de noticias EFE.
Después de un largo proceso, la Fiscalía pidió una condena de cinco años para Berlusconi y de cuatro años y cuatro meses para Lavitola.
El próximo 7 de julio, los abogados defensores tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y se espera que la sentencia se conozca el día posterior.
Ni bien se conoció el pedido de la Fiscalía, Berlusconi, de 79 años, emitió un comunicado a través de los principales medios en el que acusó a la Fiscalía de estar "en línea con la tradición de los peores procesos políticos".
"La petición de la Fiscalía de Nápoles choca con la realidad y con todos los resultados procesales. Confío en que el Tribunal quiera rápidamente restituir la verdad de los hechos y pronunciar una sentencia totalmente absolutoria", agregó el ex premier, que supo ser durante décadas el hombre más poderoso de Italia.
Sin embargo, durante el juicio los fiscales consideraron que el magnate de los medios de comunicación logró hacer caer el gobierno socialdemócrata de Prodi, que duró apenas dos años de 2006 a 2008, comprando el voto de un senador, que resultó clave en la última votación de confianza de ese Ejecutivo.
El senador que habría recibido el pago del ex premier es Sergio De Gregorio, un legislador que sin mediar explicaciones abandonó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, se unió a las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad, y votó en contra de Prodi.
Su voto y el de unos pocos senadores más que también abandonaron la mayoría en el gobierno acabaron precipitando la caída del gobierno de Prodi durante una votación en el Senado en 2008.
A diferencia de otros senadores, que sólo quedaron salpicados por los rumores, De Gregorio confesó haber recibido tres millones de euros de Berlusconi para cambiar su voto y pasarse de partido. A cambio de su confesión, acordó una reducción de su pena de cárcel a sólo un año y ocho meses.
De Gregorio también reconoció ante la Fiscalía que Lavitola operó como mediador del pago. Hoy, el ex director de L'Avanti está recluido en la cárcel del barrio napolitano de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos judiciales.
Con este caso de corrupción, Berlusconi regresa a la escena pública después de cerrar otras cuentas pendientes que tenía con la Justicia italiana.
En febrero pasado terminó de cumplir su pena de un año de trabajos comunitarios por un delito de fraude fiscal en otro caso de corrupción y evasión fiscal, conocido como el Caso Mediaset.
Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo pasado su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado Caso Ruby.
El fiscal Alessandro Milita imputó al líder conservador y al ex director del diario L'Avanti, Valter Lavitola, acusado de mediar en el supuesto soborno, del delito de corrupción, informaron los medios locales, citados por la agencia de noticias EFE.
Después de un largo proceso, la Fiscalía pidió una condena de cinco años para Berlusconi y de cuatro años y cuatro meses para Lavitola.
El próximo 7 de julio, los abogados defensores tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y se espera que la sentencia se conozca el día posterior.
Ni bien se conoció el pedido de la Fiscalía, Berlusconi, de 79 años, emitió un comunicado a través de los principales medios en el que acusó a la Fiscalía de estar "en línea con la tradición de los peores procesos políticos".
"La petición de la Fiscalía de Nápoles choca con la realidad y con todos los resultados procesales. Confío en que el Tribunal quiera rápidamente restituir la verdad de los hechos y pronunciar una sentencia totalmente absolutoria", agregó el ex premier, que supo ser durante décadas el hombre más poderoso de Italia.
Sin embargo, durante el juicio los fiscales consideraron que el magnate de los medios de comunicación logró hacer caer el gobierno socialdemócrata de Prodi, que duró apenas dos años de 2006 a 2008, comprando el voto de un senador, que resultó clave en la última votación de confianza de ese Ejecutivo.
El senador que habría recibido el pago del ex premier es Sergio De Gregorio, un legislador que sin mediar explicaciones abandonó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, se unió a las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad, y votó en contra de Prodi.
Su voto y el de unos pocos senadores más que también abandonaron la mayoría en el gobierno acabaron precipitando la caída del gobierno de Prodi durante una votación en el Senado en 2008.
A diferencia de otros senadores, que sólo quedaron salpicados por los rumores, De Gregorio confesó haber recibido tres millones de euros de Berlusconi para cambiar su voto y pasarse de partido. A cambio de su confesión, acordó una reducción de su pena de cárcel a sólo un año y ocho meses.
De Gregorio también reconoció ante la Fiscalía que Lavitola operó como mediador del pago. Hoy, el ex director de L'Avanti está recluido en la cárcel del barrio napolitano de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos judiciales.
Con este caso de corrupción, Berlusconi regresa a la escena pública después de cerrar otras cuentas pendientes que tenía con la Justicia italiana.
En febrero pasado terminó de cumplir su pena de un año de trabajos comunitarios por un delito de fraude fiscal en otro caso de corrupción y evasión fiscal, conocido como el Caso Mediaset.
Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo pasado su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado Caso Ruby.