Fraude a la Cooperativa de Trelew: los fiscales pedirán que acusados devuelvan el dinero
Omar Rodríguez y María Tolomei elevaron la acusación contra los cuatro exdirectivos -José Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Hamze y Daniel Corrieri- y el actual asesor legal, Eduardo Uzcudún. De ser condenados, deberán devolver 1.294.700 pesos más intereses. El caso se conoció por una investigación de Jornada.
Los cuatro exdirectivos de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el actual asesor legal de la entidad, acusados por la Fiscalía de “administración fraudulenta”, podrían ir presos y hasta verse obligados a devolver el dinero –un total de $ 1.294.700 más intereses- en caso de ser condenados.
Así consta en la acusación formal que los fiscales Omar Rodríguez y María Tolomei presentaron ante la Oficina Judicial, que luego de la feria –a finales de julio- deberá fijar una fecha de audiencia preliminar para posible elevación a juicio oral y público.
La acusación incluye en calidad de coautores a José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamze y Daniel Osvaldo Corrieri, todos ya desvinculados de la Cooperativa. Hay que sumar a Eduardo José Uzcudún, asesor legal de la entidad, acusado de partícipe necesario.
El expediente judicial se inició el año pasado a instancias de una investigación de Jornada, que el 22 de abril de 2014 publicó la primera de una serie de notas en las que se reveló pagos millonarios a un “asesor impositivo” que luego se demostró no existía.
El fiscal Rodríguez tomó la investigación de Jornada, que publicó innumerables documentos que sugerían las presuntas irregularidades, y abrió un expediente en el que se acumularon cientos de pruebas que complican a los cinco imputados.
Un sexto investigado, el comerciante de Rawson Norberto “Jetón” Moreno, que apareció involucrado en la documentación publicada, no fue acusado por los fiscales ya que no se pudo comprobar su participación.
Reparación
En la acusación presentada esta semana, Rodríguez y Tolomei manifestaron que como es un delito de contenido patrimonial, tiene una escala penal que va de un mínimo de seis meses a 6 años de prisión, “esta Fiscalía estima que al momento de pedir pena, no será inferior a los 3 años de prisión.”
Pero, además, anticiparon que, en los términos del inciso 2º del Artículo 29 del Código Penal, “solicitaremos que al dictar la sentencia de condena se disponga también la reparación del daño causado por el delito, en el que aparece damnificada la masa societaria de la Cooperativa Eléctrica de Trelew por la suma detraída de $ 1.294.700, más sus intereses a la fecha del efectivo pago, del que serán solidariamente responsables todos los condenados.”
La posibilidad de que los acusados, de ser condenados, deban devolver el dinero defraudado a la Cooperativa de Trelew es una novedad importante en este tipo de causas que suelen terminar con reparaciones de otro tipo, pero casi nunca económicas.
La acusación
Rodríguez y Tolomei indican en su acusación que la Cooperativa “fue defraudada por quienes se encontraban a cargo de su administración -los tres miembros del Consejo Ejecutivo y el gerente administrativo y con la participación necesaria del asesor legal”.
La maniobra que les endilgan se desarrolló en medio de una presunta asesoría que la entidad había contratado para resolver una deuda ante la AFIP de $ 44.429.030,98.
En marzo de 2013, la AFIP ya tenía dictamen favorable al pedido de refinanciación de la Cooperativa por el plazo de 120 meses con interés del 1%. Sin embargo, los acusados “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero”, aseguran los fiscales. “Con un trámite iniciado ante la AFIP, en el que sólo restaba la aprobación del Administrador Federal, utilizaron la falsa excusa de la necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación de la deuda con el ente recaudador, simularon la existencia de un ‘prestigioso Estudio Jurídico Contable’ al que llamaron ‘Lavecchia y Asociados’, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios absolutamente inexistentes”, aseguran Rodríguez y Tolomei.
Y agregan: “La defraudación reseñada tuvo como actor principal a quien se desempeña desde hace muchos años como abogado de la Cooperativa de Trelew, Eduardo José Uzcudún. En primer lugar, para justificar la aprobación del Consejo de Administración de pagos por más de $ 1.294.000 por inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP, Uzcudún informó falsamente a éste, en reunión de fecha 7 de octubre de 2013, su conocimiento de la existencia de una gestoría para gestionar una mejor financiación con la AFIP.”
Según la acusación, “el presidente Sandoval, el secretario Nahuelquín y el tesorero Hamze, suscribieron con un inexistente Juan F. Lavecchia, el contrato de locación que permitió posteriormente la liberación de los pagos en concepto de supuestos honorarios por un asesoramiento y gestión que nunca se hizo. La instrumentación del acuerdo fue tan irregular que además de haber contratado a alguien inexistente, se pactó que el pago por el trabajo del ‘especialista’ debía ser realizado a un número de CUIT sin identificación de su titular, que resultó ser Nuevo Horizonte S.R.L., empresa dedicada a las actividades pesqueras en el Puerto de Rawson.”
Los fiscales aseguran no existió asesoramiento alguno para la refinanciación de la deuda de la Cooperativa ante la AFIP por parte del “Estudio Lavecchia y Asociados”, ni por la empresa de la industria pesquera “Nuevo Horizonte S.R.L.”.
“Ni tampoco existió persona alguna ajena a la Cooperativa que hubiera realizado gestiones ante el Organismo recaudador a los mismos fines. Se trataba de un trámite sencillo que sólo requería la presentación de la solicitud respectiva, en la página web del organismo recaudador”.
Los cuatro exdirectivos de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el actual asesor legal de la entidad, acusados por la Fiscalía de “administración fraudulenta”, podrían ir presos y hasta verse obligados a devolver el dinero –un total de $ 1.294.700 más intereses- en caso de ser condenados.
Así consta en la acusación formal que los fiscales Omar Rodríguez y María Tolomei presentaron ante la Oficina Judicial, que luego de la feria –a finales de julio- deberá fijar una fecha de audiencia preliminar para posible elevación a juicio oral y público.
La acusación incluye en calidad de coautores a José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamze y Daniel Osvaldo Corrieri, todos ya desvinculados de la Cooperativa. Hay que sumar a Eduardo José Uzcudún, asesor legal de la entidad, acusado de partícipe necesario.
El expediente judicial se inició el año pasado a instancias de una investigación de Jornada, que el 22 de abril de 2014 publicó la primera de una serie de notas en las que se reveló pagos millonarios a un “asesor impositivo” que luego se demostró no existía.
El fiscal Rodríguez tomó la investigación de Jornada, que publicó innumerables documentos que sugerían las presuntas irregularidades, y abrió un expediente en el que se acumularon cientos de pruebas que complican a los cinco imputados.
Un sexto investigado, el comerciante de Rawson Norberto “Jetón” Moreno, que apareció involucrado en la documentación publicada, no fue acusado por los fiscales ya que no se pudo comprobar su participación.
Reparación
En la acusación presentada esta semana, Rodríguez y Tolomei manifestaron que como es un delito de contenido patrimonial, tiene una escala penal que va de un mínimo de seis meses a 6 años de prisión, “esta Fiscalía estima que al momento de pedir pena, no será inferior a los 3 años de prisión.”
Pero, además, anticiparon que, en los términos del inciso 2º del Artículo 29 del Código Penal, “solicitaremos que al dictar la sentencia de condena se disponga también la reparación del daño causado por el delito, en el que aparece damnificada la masa societaria de la Cooperativa Eléctrica de Trelew por la suma detraída de $ 1.294.700, más sus intereses a la fecha del efectivo pago, del que serán solidariamente responsables todos los condenados.”
La posibilidad de que los acusados, de ser condenados, deban devolver el dinero defraudado a la Cooperativa de Trelew es una novedad importante en este tipo de causas que suelen terminar con reparaciones de otro tipo, pero casi nunca económicas.
La acusación
Rodríguez y Tolomei indican en su acusación que la Cooperativa “fue defraudada por quienes se encontraban a cargo de su administración -los tres miembros del Consejo Ejecutivo y el gerente administrativo y con la participación necesaria del asesor legal”.
La maniobra que les endilgan se desarrolló en medio de una presunta asesoría que la entidad había contratado para resolver una deuda ante la AFIP de $ 44.429.030,98.
En marzo de 2013, la AFIP ya tenía dictamen favorable al pedido de refinanciación de la Cooperativa por el plazo de 120 meses con interés del 1%. Sin embargo, los acusados “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero”, aseguran los fiscales. “Con un trámite iniciado ante la AFIP, en el que sólo restaba la aprobación del Administrador Federal, utilizaron la falsa excusa de la necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación de la deuda con el ente recaudador, simularon la existencia de un ‘prestigioso Estudio Jurídico Contable’ al que llamaron ‘Lavecchia y Asociados’, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios absolutamente inexistentes”, aseguran Rodríguez y Tolomei.
Y agregan: “La defraudación reseñada tuvo como actor principal a quien se desempeña desde hace muchos años como abogado de la Cooperativa de Trelew, Eduardo José Uzcudún. En primer lugar, para justificar la aprobación del Consejo de Administración de pagos por más de $ 1.294.000 por inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP, Uzcudún informó falsamente a éste, en reunión de fecha 7 de octubre de 2013, su conocimiento de la existencia de una gestoría para gestionar una mejor financiación con la AFIP.”
Según la acusación, “el presidente Sandoval, el secretario Nahuelquín y el tesorero Hamze, suscribieron con un inexistente Juan F. Lavecchia, el contrato de locación que permitió posteriormente la liberación de los pagos en concepto de supuestos honorarios por un asesoramiento y gestión que nunca se hizo. La instrumentación del acuerdo fue tan irregular que además de haber contratado a alguien inexistente, se pactó que el pago por el trabajo del ‘especialista’ debía ser realizado a un número de CUIT sin identificación de su titular, que resultó ser Nuevo Horizonte S.R.L., empresa dedicada a las actividades pesqueras en el Puerto de Rawson.”
Los fiscales aseguran no existió asesoramiento alguno para la refinanciación de la deuda de la Cooperativa ante la AFIP por parte del “Estudio Lavecchia y Asociados”, ni por la empresa de la industria pesquera “Nuevo Horizonte S.R.L.”.
“Ni tampoco existió persona alguna ajena a la Cooperativa que hubiera realizado gestiones ante el Organismo recaudador a los mismos fines. Se trataba de un trámite sencillo que sólo requería la presentación de la solicitud respectiva, en la página web del organismo recaudador”.