Indagan a ex ejecutiva argentina del BNP Paribas por lavado
El juez Daniel Rappa y la Procelac tomarán declaración indagatoria el miércoles a Adriana Terreni, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita que permitió lavar y fugar fondos de clientes argentinos entre 2000 y 2008, por 1.000 millones de dólares.
El miércoles 5 de agosto el juez de Instrucción en lo Criminal Daniel Rappa y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tomarán declaración indagatoria a la ex ejecutiva argentina del banco BNP Paribás Adriana Terreni, en el marco de una causa en la que se investiga su presunta participación junto a otros directivos de la entidad en una asociación ilícita que permitió lavar y fugar fondos de clientes argentinos entre 2000 y 2008, por 1.000 millones de dólares.
"Tenemos elementos de prueba suficiente para creer que el juez avanzará con su procesamiento", dijo a Télam el titular de la Procelac, Carlos Gonella.
Terreni, que en la actualidad reside en Australia, comparecerá a través de videoconferencia en una audiencia que se realizará en la sede de la cancillería argentina y que será encabezada por el juez Rappa, el fiscal de la Procuración General, Horacio Azzolín, y el propio Gonella en carácter de co-fiscal.
Según explicó el titular de la Procelac, Terreni se desempeñaba en la rama de banca privada del BNP Paribás, desde donde informaba a los clientes argentinos sobre el estado de sus cuentas y ofrecía "distintas opciones para invertir".
Para Gonella, el menú implicaba "fuga de dinero que violaban normativa bancaria, fiscal y antilavado".
"Pudo haber flujos lícitos pero se sacó dinero sin declarar, sin consignar -por ejemplo- bienes personales ni ganancias", enfatizó el fiscal.
La ex ejecutiva argentina era la última involucrada con residencia en el exterior que restaba ser convocada por la Justicia, ya que el mes pasado seis directivos del BNP Paribas fueron indagados bajo la misma modalidad, aunque se negaron a dar testimonio.
En esa oportunidad, los seis imputados franceses debieron concurrir al Palacio de Justicia de París para responder las preguntas del juez Rappa, asistidos por abogados argentinos y franceses que ejercen su defensa.
La intervención de la Justicia argentina fue posible una vez que Interpol lograra la identificación de los implicados, tras la requisitoria del gobierno nacional.
Gonella destacó la modalidad de indagatoria a distancia al remarcar que el acto procesal "se rige por nuestra propia ley".
La causa fue iniciada en el año 2009, luego que las autoridades descubrieran la existencia de una "cueva" financiera que funcionaba en las oficinas ubicadas en el piso 27 del edifico ubicado en la calle Leandro Alem 855, perteneciente al BNP Paribas.
El lugar operaba fuera del sistema financiero y sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), asesorando a clientes locales y extranjeros en la administración e inversión de fondos.
Tras el secuestro de la documentación, la Unidad Especial de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional detectó que la ofincia del BNP Paribas lo utilizaba como una "plataforma con staff profesional, consistente garantizar opacidad para inversores que querían sacar dinero del país", explicó Gonella.
El mecanismo utilizado era a través de sociedades off-shore, que permitían el ocultamiento de los titulares reales de los activos financieros.
En el año 2011 el entonces fiscal a cargo de la causa, Sandro Abraldes, presentó un requerimiento de instrucción detallando las maniobras realizadas a través de la cueva, el cual se extendió por más de 300 fojas.
El miércoles 5 de agosto el juez de Instrucción en lo Criminal Daniel Rappa y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tomarán declaración indagatoria a la ex ejecutiva argentina del banco BNP Paribás Adriana Terreni, en el marco de una causa en la que se investiga su presunta participación junto a otros directivos de la entidad en una asociación ilícita que permitió lavar y fugar fondos de clientes argentinos entre 2000 y 2008, por 1.000 millones de dólares.
"Tenemos elementos de prueba suficiente para creer que el juez avanzará con su procesamiento", dijo a Télam el titular de la Procelac, Carlos Gonella.
Terreni, que en la actualidad reside en Australia, comparecerá a través de videoconferencia en una audiencia que se realizará en la sede de la cancillería argentina y que será encabezada por el juez Rappa, el fiscal de la Procuración General, Horacio Azzolín, y el propio Gonella en carácter de co-fiscal.
Según explicó el titular de la Procelac, Terreni se desempeñaba en la rama de banca privada del BNP Paribás, desde donde informaba a los clientes argentinos sobre el estado de sus cuentas y ofrecía "distintas opciones para invertir".
Para Gonella, el menú implicaba "fuga de dinero que violaban normativa bancaria, fiscal y antilavado".
"Pudo haber flujos lícitos pero se sacó dinero sin declarar, sin consignar -por ejemplo- bienes personales ni ganancias", enfatizó el fiscal.
La ex ejecutiva argentina era la última involucrada con residencia en el exterior que restaba ser convocada por la Justicia, ya que el mes pasado seis directivos del BNP Paribas fueron indagados bajo la misma modalidad, aunque se negaron a dar testimonio.
En esa oportunidad, los seis imputados franceses debieron concurrir al Palacio de Justicia de París para responder las preguntas del juez Rappa, asistidos por abogados argentinos y franceses que ejercen su defensa.
La intervención de la Justicia argentina fue posible una vez que Interpol lograra la identificación de los implicados, tras la requisitoria del gobierno nacional.
Gonella destacó la modalidad de indagatoria a distancia al remarcar que el acto procesal "se rige por nuestra propia ley".
La causa fue iniciada en el año 2009, luego que las autoridades descubrieran la existencia de una "cueva" financiera que funcionaba en las oficinas ubicadas en el piso 27 del edifico ubicado en la calle Leandro Alem 855, perteneciente al BNP Paribas.
El lugar operaba fuera del sistema financiero y sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), asesorando a clientes locales y extranjeros en la administración e inversión de fondos.
Tras el secuestro de la documentación, la Unidad Especial de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional detectó que la ofincia del BNP Paribas lo utilizaba como una "plataforma con staff profesional, consistente garantizar opacidad para inversores que querían sacar dinero del país", explicó Gonella.
El mecanismo utilizado era a través de sociedades off-shore, que permitían el ocultamiento de los titulares reales de los activos financieros.
En el año 2011 el entonces fiscal a cargo de la causa, Sandro Abraldes, presentó un requerimiento de instrucción detallando las maniobras realizadas a través de la cueva, el cual se extendió por más de 300 fojas.