Justicia al rojo vivo; Capraro, Panizzi y la crisis económica

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

Hay un hecho que parece baladí pero suena muy fuerte: la empresa proveedora de agua secuestró los bidones en horario laboral, una cosa espantosa. Delante de los justiciables y de los jueces, todos miraban cómo los empleados se los llevaban. Parece una anécdota pero es emblemático y sintomático”.

Ocurrió en la Defensa Pública de Trelew y lo contó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi. Por primera vez se sentó junto al administrador general del Poder Judicial, Héctor Capraro, para explicar juntos el reclamo económico del máximo tribunal provincial.

-¿Están garantizados los sueldos?

-Entendemos que sí. En noviembre pediremos una ampliación presupuestaria de poco más de 200 millones de pesos para un incremento porque hay una inflación grande y hay que contemplarlo. Es para hacer frente al posible aumento que dé la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los arreglos del Ejecutivo con el Sindicato de Trabajadores Judiciales y el cumplimiento de la acordada 4.339 de este año.

“Estamos mal y no nos dan el dinero que le corresponde al Poder Judicial”, dijo Panizzi. Cuentan, para gastos fijos, con un presupuesto de 86 millones de pesos. “Es un reconducido del reconducido del reconducido, que nosotros no confeccionamos y vaya a saber de dónde salió”.

Hace cuatro años que Legislatura no aprueba un presupuesto hecho por los ministros. De esos 86 millones “hasta hoy sólo nos dieron 13 millones, un 15 por ciento; con eso no hay ningún organismo en el mundo que pueda sobrevivir”.

El titular del STJ explicó que avanzado 2015 “ese porcentaje habla a las claras del enorme déficit que se está generando en las cuentas públicas del Poder Judicial”. Ya supera los 15 millones de pesos en la Defensa Pública y en la Judicatura. Ni siquiera incluye el Ministerio Público Fiscal, que tiene su propia administración financiera.

“Estamos generando déficit y vivimos de sacar fiado, no pagar los alquileres, suspender contratos y viáticos, no crear nuevos organismos y paralizar las obras en curso que están a nuestro cargo. El problema es realmente grave. El procurador general (Jorge Miquelarena) hace su propio reclamo y lamentablemente nos veremos forzados a hacer lo mismo, si sigue este estado de cosas no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

Hace diez días, el ministro de Economía, Pablo Scocca, se comprometió a evaluar la posibilidad de incrementar en 200 mil pesos la partida semanal para el STJ. “Por desdicha no ocurrió, por razones que no conocemos, y seguimos en este difícil trance”. Panizzi explicó que igual esa plata extra “no es nada y probablemente un directivo del Banco gane más que eso, a Hacienda no le mueve la aguja. Seguimos viviendo de la mendicidad pública. No quiero decir que faltó a su palabra sino que se comprometió y aún no nos respondió; lo cierto es que la partida ulterior vino sin ningún incremento. Esperemos que ocurra porque ya no sé qué pensar. No es que pedimos plata prestada: pedimos que nos den el dinero que es del Poder Judicial”.

La mañana de la entrevista, la Cooperativa Eléctrica de Trelew cortaba la luz en Fiscalía por falta de pago. “Son problemas que se generan día a día, como no poder pagar alquiler, ser moroso y que la gente no nos quiera alquilar. Pero el problema principal es en términos republicanos e ideológicos: se obtura el desarrollo de una política judicial propia, que no está ocurriendo por falta de dinero. ¿Qué es un presupuesto? La expresión de una política judicial a futuro, que no se puede cumplir porque no se nos da el dinero. Acá hay una grave afección de la independencia del Poder Judicial y lo denuncio con vehemencia y con mucha seriedad”.

-¿A qué lo atribuye?

-No sé si es porque bajó el barril del petróleo en Arabia o porque hay mala intención o inoperancia, lo desconozco, habría que preguntárselo al ministro o al gobernador porque no nos da el dinero que nos corresponde. Un Poder Judicial que anda a los ponchazos, como puede, generando deuda, habla de una calidad democrática baja.

-¿Cómo se resuelve?

-Hay que generar una conciencia republicana que tenga como propósito principal que cada Poder tenga su propio presupuesto y ejerza su independencia, más que andar saliendo de coyunturas que se puedan presentar circunstancialmente. Un mecanismo eficaz podría ser la autarquía. Sería lo ideal que del presupuesto general se asigne un porcentual directo al Poder Judicial. No tendríamos estos problemas.

-¿Cómo está la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia?

-No está parada y se trabaja bastante. La idea es terminar un área para ya ocupar espacios y empezar a funcionar, y luego seguir con las otras áreas. Nos daría un ahorro muy grande de alquileres, que son muy onerosos en Comodoro. Nos propusimos acabar de una vez con su construcción. Estamos en la mitad del río y no podemos volver a paralizar porque implica un gasto enorme que ya ocurrió: hemos perdido un montón de dinero por tener que paralizar la obra por falta de suministros.

-¿La idea de pedir una intervención federal está descartada?

- No, ¿cómo va a estar descartada? Es un remedio constitucional. Si una provincia no puede garantizar la administración de justicia, el remedio es la intervención federal a través del Congreso de la Nación. Si tengo que empezar a cerrar organismos y cerrar el Poder Judicial, antes de que ocurra yo voy a pedir la intervención, obviamente. Si esto se agrava al extremo de tener que paralizar el servicio de justicia porque no nos dan dinero, nos cortan los servicios, nos desalojan de los edificios, lamentablemente si bien es una medida de último recurso, habrá que echar mano de ella. Ante la inminencia de la paralización del servicio del Poder Judicial vamos a tener que obrar en consecuencia. Ya perdimos la cuenta de cuánto pedimos, cuánto nos dijeron que nos iban a dar y cuánto finalmente no nos dieron.

-¿Los afectan los amparos?

-Sí, mucho. El convenio no se está cumpliendo. En aquel momento la Asociación afirmaba que con 25 millones de pesos arreglaban; al día de hoy por falta de un acuerdo por negativa del Ejecutivo, según la propia Asociación, ya se llevan sólo de honorarios más de 50 millones. El incremento fue por un incumplimiento inoperante e inexplicable, porque el dinero no es que no sale: en lugar de salir de la cuenta de gastos del Ejecutivo sale de Obligaciones del Tesoro, pero sale e incrementado con intereses, honorarios de conjueces, abogados, etcétera. Se generó un gasto ocioso que pudo haberse evitado.

“Funcionamos al límite”

-¿Qué cifra refleja la falta de plata?

-En enero empezamos con una partida de 600 mil pesos semanales porun acuerdo con Economía, para reducir un 40 por ciento. Fue más bien unilateral porque que aceptamos las circunstancias que plantearon pero con la posibilidad de que en mayo se recompusiera esta pauta. No se recompuso en mayo sino a finales, 200 mil pesos que nos llevaron a 800 mil semanales. Hace 6 semanas esa pauta pasó a un millón y la semana anterior se acordó analizar cierta mejora, que esta semana no se manifestó.

-¿Suman déficit así?

-El movimiento cotidiano genera deuda permanente en alquileres, contratos e insumos. Ya llevamos 15 millones de pesos de deuda. Visto desde el Ejecutivo no es nada, pero visto desde el Poder Judicial es una enormidad. Es el 20 por ciento del presupuesto reconducido y ampliado. Quiere decir que hemos estado funcionando al límite y sabiendo que esos 84 millones nacen de un acuerdo que se tuvo hace 3 años, cuando la ministro era Gabriela Dufour. No se discutió la partida de gastos corrientes porque se acordaron esos números. Pero pasaron 3 años, esto se recondujo, se llego a 84 millones y sin embargo estamos sin ejecutar aproximadamente el 80 por ciento. Significa que nuestros proveedores gastan más tiempo viniendo acá que para su actividad normal.

-¿Se paralizan proyectos?

-Por ejemplo la ley de creación del Juzgado Laboral en Rawson no se puede hacer porque es un juez, dos secretarios y 6 u 8 empleados, y un espacio que no hay. No se puede presupuestariamente cumplir como una ley. No se puede hacer. También es un problema crear la circunscripción Rawson. Está el reclamo de las Cámaras en cuanto al funcionamiento propio de los jueces de primera instancia en términos de número: no están pidiendo juzgados sino jueces, que es distinto, pero un juez significa erogaciones y no podemos atender esa demanda, ni la de Comodoro Rivadavia ni la de Trelew. Llegará un punto en que los juzgados estarán atosigados de expedientes y se verá.

-¿Cómo se reparte el millón de pesos semanal?

-El 22 o 23 por ciento va a la Defensa y el resto a la Judicatura. Los atrasos en alquileres son más de 4 meses, los contratos se pagan cada tres meses y las pasantías se pagan también retrasadas. La dinámica del Poder Judicial se basa en su nivel de informatización creciente. Este año lanzamos lanzamos una licitación para 57 equipos. No se puede pagar, con lo que 57 empleos dentro de la gestión están sin equipo. ¿Tenemos suficientes? Sí, pero tenemos ese déficit de 57 equipos que no se pudieron adquirir. El año que viene hay que renovar la parte de backup y eso significa una serie de gastos que si se quiere mantener una justicia cada vez más online, habrá que buscar los fondos. Hoy no están.

-¿Tuvieron que devolver edificios?

-Todavía no. Estamos haciendo un esfuerzo notable en Puerto Madryn, por ejemplo. En diciembre vamos a terminar obras que nos permitirán un par de ahorros de edificios, pero estuvimos al borde de un desalojo de la Cámara. La buena voluntad del propietario nos permitió seguir.