El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo hoy que "la situación es delicada", razón por la que se han tomado medidas extraordinarias como el retraso en el envío de los reintegros de las declaraciones sobre ganancias a los ciudadanos o la demora también en el pago a proveedores.
"Dependerá de los 'recaudos'", dijo Suárez durante una entrevista radial sobre un hipotético cierre gubernamental en breve, aunque para dejar claro que el Gobierno hará todo lo posible para que "los servicios a la población no se vean afectados".
"Buscamos alternativas", indicó el funcionario al ser preguntado por la posibilidad real de un cierre gubernamental o la reducción de la jornada laboral los próximos meses de noviembre o diciembre.
Las palabras de Suárez llegan en un momento de incertidumbre por la crisis de liquidez del Gobierno y mientras corre el reloj en contra del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla, que en breve deberá hacer frente a millonarios cumplimientos de deuda.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) -el brazo financiero del Ejecutivo-, Melba Acosta, reconoció hace pocas semanas que Puerto Rico tendrá problemas para hacer frente al pago de vencimiento de su deuda a partir de diciembre.
La funcionaria subrayó entonces que a pesar del esfuerzo que realiza el Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos con los tenedores de deuda en algún momento habrá que sentarse a la mesa con los acreedores para alcanzar un acuerdo.
La falta de fondos ha provocado, incluso, choques entre distintas administraciones, lo que llevó al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a pedir esta semana negociación.
Bhatia se refería en concreto a la disputa judicial que enfrenta al BGF y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
El presidente del CRIM, Jorge Márquez Pérez, informó que hoy se reunirá con Suárez en busca de un acuerdo que ponga fin al pleito legal con el BGF por los depósitos que tienen como origen la Contribución Adicional Especial (CAE).
Las diferencias entre las dos entidades tiene su origen en la decisión de la Junta de Gobierno del CRIM de depositar en la banca privada el dinero que reciben de contribuciones sobre la propiedad, en contra de lo que establece la ley de que ese dinero sea ingresado en el BGF.
Los municipios -ante la falta de liquidez del BGF- desconfían de que los fondos recaudados y que son depositados habitualmente en el BGF, que son utilizados después para pagar préstamos de los ayuntamientos, sean utilizados para otras partidas ante la dificultades del banco público y los ayuntamientos terminen por perder ese dinero.
La difícil situación de Puerto Rico llevó a que distintos sindicatos agrupados bajo la Coalición Sindical presentaran el lunes una serie de propuestas con las que pretenden contribuir a atajar la crisis fiscal de la isla.
Las recomendaciones incluyen que se establezca como objetivo que la recaudación tributaria alcance el 12 % del producto interior bruto (PIB), lo que supondría unos ingresos de cerca de 12.000 millones de dólares, 4.000 millones más que actualmente.
Las corporaciones públicas de Puerto Rico arrastran una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares.
García Padilla pidió en septiembre pasado a los tenedores de bonos de la deuda de la isla que negocien una quita para evitar que el Gobierno tenga que elegir entre pagarles a ellos o a los funcionarios públicos.
El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo hoy que "la situación es delicada", razón por la que se han tomado medidas extraordinarias como el retraso en el envío de los reintegros de las declaraciones sobre ganancias a los ciudadanos o la demora también en el pago a proveedores.
"Dependerá de los 'recaudos'", dijo Suárez durante una entrevista radial sobre un hipotético cierre gubernamental en breve, aunque para dejar claro que el Gobierno hará todo lo posible para que "los servicios a la población no se vean afectados".
"Buscamos alternativas", indicó el funcionario al ser preguntado por la posibilidad real de un cierre gubernamental o la reducción de la jornada laboral los próximos meses de noviembre o diciembre.
Las palabras de Suárez llegan en un momento de incertidumbre por la crisis de liquidez del Gobierno y mientras corre el reloj en contra del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla, que en breve deberá hacer frente a millonarios cumplimientos de deuda.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) -el brazo financiero del Ejecutivo-, Melba Acosta, reconoció hace pocas semanas que Puerto Rico tendrá problemas para hacer frente al pago de vencimiento de su deuda a partir de diciembre.
La funcionaria subrayó entonces que a pesar del esfuerzo que realiza el Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos con los tenedores de deuda en algún momento habrá que sentarse a la mesa con los acreedores para alcanzar un acuerdo.
La falta de fondos ha provocado, incluso, choques entre distintas administraciones, lo que llevó al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a pedir esta semana negociación.
Bhatia se refería en concreto a la disputa judicial que enfrenta al BGF y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
El presidente del CRIM, Jorge Márquez Pérez, informó que hoy se reunirá con Suárez en busca de un acuerdo que ponga fin al pleito legal con el BGF por los depósitos que tienen como origen la Contribución Adicional Especial (CAE).
Las diferencias entre las dos entidades tiene su origen en la decisión de la Junta de Gobierno del CRIM de depositar en la banca privada el dinero que reciben de contribuciones sobre la propiedad, en contra de lo que establece la ley de que ese dinero sea ingresado en el BGF.
Los municipios -ante la falta de liquidez del BGF- desconfían de que los fondos recaudados y que son depositados habitualmente en el BGF, que son utilizados después para pagar préstamos de los ayuntamientos, sean utilizados para otras partidas ante la dificultades del banco público y los ayuntamientos terminen por perder ese dinero.
La difícil situación de Puerto Rico llevó a que distintos sindicatos agrupados bajo la Coalición Sindical presentaran el lunes una serie de propuestas con las que pretenden contribuir a atajar la crisis fiscal de la isla.
Las recomendaciones incluyen que se establezca como objetivo que la recaudación tributaria alcance el 12 % del producto interior bruto (PIB), lo que supondría unos ingresos de cerca de 12.000 millones de dólares, 4.000 millones más que actualmente.
Las corporaciones públicas de Puerto Rico arrastran una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares.
García Padilla pidió en septiembre pasado a los tenedores de bonos de la deuda de la isla que negocien una quita para evitar que el Gobierno tenga que elegir entre pagarles a ellos o a los funcionarios públicos.