Arranca "megacausa" en España con la Infanta en el banquillo

La infanta, de 50 años, está imputada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública (evasión fiscal) cometidos por su esposo en 2007 y 2008.

El único querellante en su contra es el pseudo sindicato Manos Limpias, que ejerce de acusación popular y reclama para ella una pena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros.

En el juicio que enfrenta, el llamado "caso Nóos", están imputadas un total de 18 personas, presuntamente involucradas en el saqueo de más de 6 millones de euros públicos a través de una trama urdida por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con administraciones que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP) sin que mediara contrato alguno.

Urdangarín, considerado como el "cerebro" de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión.

El ex jugador de handbol está acusado de delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

Tras casi cinco años de investigación, el juez instructor José Castro, concluyó que Urgangarin y su ex socio Diego Torres crearon la Fundación Nóos, una entidad deportiva supuestamente sin fines de lucro, con la intención de enriquecerse haciendo negocios con las administraciones públicas gracias a las influencias políticas de la Corona, a la que utilizaban como cobertura.

Al menos un millón de los euros que se apropiaron fueron a parar a la empresa Aizzon, una "sociedad pantalla", ideada por la trama y que la infanta Cristina y su marido comparten al 50%.

Durante la instrucción, el juez encontró "numerosos indicios" de que la infanta participó de los negocios ilegales de su esposo, pero la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado siempre defendieron su inocencia, lo que llevó a que la acusación en su contra quedara reducida al delito fiscal.

Los procuradores, si bien sostienen que la hermana del rey tampoco es responsable de este delito, consideran que sí se benefició del dinero obtenido indebidamente por su marido. Por eso, le piden una multa millonaria.

A raíz de esta circunstancia, en la primera jornada de juicio, en la que se abordan las "cuestiones previas", los abogados de Cristina de Borbón esgrimieron la aplicación de la "doctrina Botín", como para salvarla del proceso.

Esta doctrina dice que si el Fiscal y el Abogado del Estado, que es el perjudicado en este caso por el delito fiscal, no te acusan, la acusación popular sola -en este caso Manos Limpias- no puede sentar a alguien en el banquillo.

"El bien jurídico protegido [del delito fiscal] es el patrimonio de la Hacienda Pública en su dimensión racaudatoria”, más allá del interés general, por lo que tiene que acusar la Abogacía estatal como perjudicada directa", afirmó hoy ante el tribunal Jesús María Silva, uno de los abogados de la hermana del rey.

Expertos judiciales coinciden en que la jurisprudencia del caso del banquero Emilio Botín se aplicó sobre un solo acusado y, en este caso, la infanta Cristina está procesada junto a su esposo, al que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí acusan de delitos fiscales. Este criterio es el que comparte también el juez instructor José Castro.

El escándalo de corrupción Nóos, que estalló en plena crisis económica cuando España afrontaba altos niveles de desempleo y duras medidas de ajuste, provocó gran indignación en la sociedad española.

La sospecha de que la Corona española estaba manchada de corrupción sacudió los cimientos de la institución, al punto que fue uno de los factores de presión que llevó a un desgastado rey Juan Carlos a abdicar a favor de su hijo, Felipe VI, quien desde que fue llegó al trono intenta recuperar el prestigio perdido con gesto de transparencia y austeridad.

Tras la imputación de su hermana, el rey le retiró el título de duquesa de Palma, al igual que su marido, y mantuvo a ambos alejados de cualquier actividad de la Casa Real, de la que ya no forman parte como "familia".