Derrame de Barrick en San Juan: el juez confirma contaminación en tres ríos
Pablo Oritja dijo que el derrame de solución cianurada, por el que procesó a nueve técnicos de Barrick Gold, contaminó tres ríos pero aclaró que el veneno se diluyó antes de afectar cursos cercanos a alguna población.
El impacto lo sufrieron los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, más cercanos al yacimiento, pero los compuestos tóxicos no alcanzaron a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo, precisó el magistrado.
En ese sentido realizó aclaraciones respecto a los peritajes realizados por la Policía Federal que encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: "No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha".
Tales estudios, que son anteriores a la instalación de la mina Veladero, "establecen la presencia histórica de metales como plomo, cadmio, cobalto, cromo y manganeso", comentó.
El magistrado, que el 3 de marzo pasado dispuso el procesamiento de nueve empleados de la minera canadiense por "negligencia e impericia", precisó que el accidente "tiene como origen la decisión de dejar abierta una compuerta por la que salió la solución cianurada y cayó al río", cuando se rompió una válvula que aumentó considerablemente el caudal normal.
En conferencia de prensa, Oritja aseguró por otro lado, que "no hay elementos para involucrar en la investigación a funcionarios nacionales o provinciales por el derrame", ya que sostuvo que "los controles oficiales que se realizan cada 15 días, exceden por mucho lo reglado, que es un control por año".
Más temprano, el abogado de la Asamblea "Jáchal No Se Toca", Diego Seguí, apuntó contra la responsabilidad de la Barrick Gold que "primero negó" el derrame de solución cianurada en la mina Veladero pero "finalmente admitió que fueron más de 1.200.000 litros".
Si bien destacó la importancia de los procesamientos, el letrado indicó que "la parte amarga es que el juez se limitó a los técnicos cuando también queríamos determinar la responsabilidad de los funcionarios del área, entiéndase el Ministerio de Minería provincial".
Por su parte, al conocerse la resolución judicial, la multinacional respondió que "sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito".
En ese marco, Seguí calificó de "ridícula" esta defensa porque "en materia penal se investiga si hay una responsabilidad objetiva de la empresa, que con sus comunicados quiere eludir".
"Hay que recordar que primero negó el derrame, después dijo que eran 1.200 litros, 120.000 y finalmente admitió que fueron más de 1.200.000", añadió en declaraciones a Radio 10.
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).
Ortija los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame y les trabó un embargo de 100.000 pesos a cada uno.
Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.
El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una "adulteración peligrosa" para la salud del agua, aire o suelo por "imprudencia o negligencia".
El juez sanjuanino Ortija es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba en el caso.
El impacto lo sufrieron los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, más cercanos al yacimiento, pero los compuestos tóxicos no alcanzaron a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo, precisó el magistrado.
En ese sentido realizó aclaraciones respecto a los peritajes realizados por la Policía Federal que encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: "No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha".
Tales estudios, que son anteriores a la instalación de la mina Veladero, "establecen la presencia histórica de metales como plomo, cadmio, cobalto, cromo y manganeso", comentó.
El magistrado, que el 3 de marzo pasado dispuso el procesamiento de nueve empleados de la minera canadiense por "negligencia e impericia", precisó que el accidente "tiene como origen la decisión de dejar abierta una compuerta por la que salió la solución cianurada y cayó al río", cuando se rompió una válvula que aumentó considerablemente el caudal normal.
En conferencia de prensa, Oritja aseguró por otro lado, que "no hay elementos para involucrar en la investigación a funcionarios nacionales o provinciales por el derrame", ya que sostuvo que "los controles oficiales que se realizan cada 15 días, exceden por mucho lo reglado, que es un control por año".
Más temprano, el abogado de la Asamblea "Jáchal No Se Toca", Diego Seguí, apuntó contra la responsabilidad de la Barrick Gold que "primero negó" el derrame de solución cianurada en la mina Veladero pero "finalmente admitió que fueron más de 1.200.000 litros".
Si bien destacó la importancia de los procesamientos, el letrado indicó que "la parte amarga es que el juez se limitó a los técnicos cuando también queríamos determinar la responsabilidad de los funcionarios del área, entiéndase el Ministerio de Minería provincial".
Por su parte, al conocerse la resolución judicial, la multinacional respondió que "sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito".
En ese marco, Seguí calificó de "ridícula" esta defensa porque "en materia penal se investiga si hay una responsabilidad objetiva de la empresa, que con sus comunicados quiere eludir".
"Hay que recordar que primero negó el derrame, después dijo que eran 1.200 litros, 120.000 y finalmente admitió que fueron más de 1.200.000", añadió en declaraciones a Radio 10.
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).
Ortija los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame y les trabó un embargo de 100.000 pesos a cada uno.
Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.
El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una "adulteración peligrosa" para la salud del agua, aire o suelo por "imprudencia o negligencia".
El juez sanjuanino Ortija es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba en el caso.