El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, resolvió que Omar “Cura” Segundo vaya a juicio oral y público, “entendiendo que existe un interés público prevalente en la persecución y sanción de la conducta atribuida”.
Miquelarena ratificó a Daniel Báez, el fiscal jefe de Puerto Madryn. “Coincido con la opinión vertida por el Fiscal actuante, en el sentido de que existen razones políticas criminales serias para continuar ejerciendo la acción penal pública, procurando el juicio y sanción del acusado, toda vez que el hecho imputado –amenazas agravadas con el propósito de obtener una medida o concesión de cualquier miembro de los poderes públicos- en este caso de un juez de la Provincia, atenta no solamente contra la libertad individual del mismo sino también, y de ahí el motivo de la agravante, contra la correcta marcha de la Administración del Estado, en esta caso, la Administración de Justicia”
La discrepancia entre el fiscal Báez y la jueza Marcela Pérez Bogado, en relación a la aplicación de una solución alternativa que beneficie al acusado, generó que deba decidir –según el artículo 44 del Código Procesal Penal- el superior jerárquico al fiscal.
La causa investigó las “amenazas” de Segundo contra el Juez Marcelo Orlando, cuando éste no permitió al empresario pesquero salir de la ciudad, en el marco de la investigación por “estafa” en la venta de la ex Alpesca, en la cual se encuentra acusado.
“Si no me autoriza, le voy a pegar un tiro”, vociferó Segundo en los Tribunales, según la acusación de la Fiscalía, cuando el magistrado le negó una autorización para viajar de Puerto Madryn a Buenos Aires.
Los fiscales acusaron por “amenazas agravadas” –previsto con una pena mínima de 5 años de cárcel-, pero la jueza la modificó por una menor de “atentado a la autoridad” y lo autorizó a pedir perdón para evitar el juicio. La fiscalía impugnó esta medida y, días pasados, la jueza Stella Maris Eizmendi indicó que no compartía la decisión de su par Marcela Pérez Bogado. La magistrada entendió que, cuando hay una discrepancia en cuanto a un criterio de oportunidad entre el fiscal y el juez, lo debe resolver el superior jerárquico del fiscal.
Ahora, con el dictamen de la Procuración General, la Oficina Judicial deberá fijar una fecha de juicio.
El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, resolvió que Omar “Cura” Segundo vaya a juicio oral y público, “entendiendo que existe un interés público prevalente en la persecución y sanción de la conducta atribuida”.
Miquelarena ratificó a Daniel Báez, el fiscal jefe de Puerto Madryn. “Coincido con la opinión vertida por el Fiscal actuante, en el sentido de que existen razones políticas criminales serias para continuar ejerciendo la acción penal pública, procurando el juicio y sanción del acusado, toda vez que el hecho imputado –amenazas agravadas con el propósito de obtener una medida o concesión de cualquier miembro de los poderes públicos- en este caso de un juez de la Provincia, atenta no solamente contra la libertad individual del mismo sino también, y de ahí el motivo de la agravante, contra la correcta marcha de la Administración del Estado, en esta caso, la Administración de Justicia”
La discrepancia entre el fiscal Báez y la jueza Marcela Pérez Bogado, en relación a la aplicación de una solución alternativa que beneficie al acusado, generó que deba decidir –según el artículo 44 del Código Procesal Penal- el superior jerárquico al fiscal.
La causa investigó las “amenazas” de Segundo contra el Juez Marcelo Orlando, cuando éste no permitió al empresario pesquero salir de la ciudad, en el marco de la investigación por “estafa” en la venta de la ex Alpesca, en la cual se encuentra acusado.
“Si no me autoriza, le voy a pegar un tiro”, vociferó Segundo en los Tribunales, según la acusación de la Fiscalía, cuando el magistrado le negó una autorización para viajar de Puerto Madryn a Buenos Aires.
Los fiscales acusaron por “amenazas agravadas” –previsto con una pena mínima de 5 años de cárcel-, pero la jueza la modificó por una menor de “atentado a la autoridad” y lo autorizó a pedir perdón para evitar el juicio. La fiscalía impugnó esta medida y, días pasados, la jueza Stella Maris Eizmendi indicó que no compartía la decisión de su par Marcela Pérez Bogado. La magistrada entendió que, cuando hay una discrepancia en cuanto a un criterio de oportunidad entre el fiscal y el juez, lo debe resolver el superior jerárquico del fiscal.
Ahora, con el dictamen de la Procuración General, la Oficina Judicial deberá fijar una fecha de juicio.