Un policía retirado fue encontrado responsable por el delito de amenazas agravadas con arma y portación de arma de guerra sin la debida autorización por un hecho sucedido en abril del 2014 en plena vía pública de Trelew, pero la jueza Ana Laura Sevent dispuso la suspensión de juicio a prueba con una reparación económica de 5.000 pesos pagadero en 12 cuotas, una disculpa y el no acercamiento a la víctima. Precisamente, el danmificado se negó a ese acuerdo al igual que el fiscal Sergio Ferrín.
Se trata de un juicio oral donde fue acusado Héctor Ramón Antón, encontrando Servent en su veredicto, que se encontraba acreditado el hecho ocurrido el 29 de abril de 2014, cerca de las 12.15, en la intersección de Moreno y Cutillo de Trelew, cuando la víctima circulaba con su mujer y dos hijos menores hacia su lugar de trabajo, siendo bloqueado el paso por una manifestación. Detrás de él transitaba el imputado en una camioneta Ford Ranger, generándose un altercado, que culmina con las amenazas portando un arma de guerra, mencionando que se trataba de un policía retirado y que el agredido se las iba a tener que aguantar.
Luego de la resolución de la magistrada, quien manifestó haber tenido en cuenta los elementos testimoniales y de prueba presentados durante el juicio por el fiscal Sergio Ferrín, se llevó adelante la cesura de pena, donde la Fiscalía expuso sobre los atenuantes que cabían al imputado al no tener antecedentes penales ni causas existentes con la ley penal, teniendo en cuenta su edad y por lo cual pidió una condena de dos años y cuatro meses de prisión, la cual no sería de cumplimiento efectivo, pero que “permitiría sentar el antecedente respectivo que permitiría la no autorización para portar cualquier tipo de armas en el futuro”.
Sin embargo, en una iniciativa que el propio defensor Fabián Gabalachis expresó como solución atípica, esta parte solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, previsto en el artículo 76 bis del código procesal penal, que habitualmente se utiliza en ocasiones previas a la realización de un debate, contándose principalmente con la aceptación para esa aplicación de la parte acusadora y de la propia víctima. Para fundamentar esta posición, el abogado particular expuso sobre doctrina escrita al respecto y mencionó algún antecedente.
El fiscal Sergio Ferrín se opuso terminantemente a este pedido, indicando lo extemporáneo del mismo, habiéndose llevado adelante un juicio oral y existiendo ya un veredicto del mismo, por lo que no resulta razonable hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba.
Manifestó que no prestaba su consentimiento para tal fin, y en caso que la jueza lo decidiera, pidió se consulte también a la víctima, indicó un parte de prensa de la Fiscalía de Trelew.
De acuerdo a las manifestaciones de las partes, la doctora Servent dispuso luego de un cuarto intermedio convocar a la víctima y establecer que la defensa ofrezca en el marco de la suspensión de juicio una reparación, aludiendo a un antecedente fijado en el caso Bustos-Castagnoli, llevado adelante en Trelew, lo que hacía la pretensión defensiva como viable.
En una posterior audiencia, el defensor ofreció una reparación de cinco mil pesos en doce cuotas y las disculpas por lo sucedido, pero la víctima se negó a la aceptación, manifestando que lo padecido en la ocasión fue emocionalmente muy fuerte y aún hoy su familia sufre las consecuencias, instando a que se fije una pena. El fiscal Ferrín insistió en que quede claro su no consentimiento, afirmando que luego de haber sido dictada una sentencia, se pretende resolver un incidente mínimo de tránsito con un arma de guerra.
La jueza Servent decidió tomar el plazo de tres días para dar a conocer su resolución final y otorgó finalmente la solicitud de suspensión de juicio a prueba, acordando con la pretensión defensiva, sin el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y la víctima, exigiendo se produzca la reparación ofrecida e imponiendo requisitos a quien fue acusado, como por ejemplo la prohibición de acercamiento a las víctimas.
Un policía retirado fue encontrado responsable por el delito de amenazas agravadas con arma y portación de arma de guerra sin la debida autorización por un hecho sucedido en abril del 2014 en plena vía pública de Trelew, pero la jueza Ana Laura Sevent dispuso la suspensión de juicio a prueba con una reparación económica de 5.000 pesos pagadero en 12 cuotas, una disculpa y el no acercamiento a la víctima. Precisamente, el danmificado se negó a ese acuerdo al igual que el fiscal Sergio Ferrín.
Se trata de un juicio oral donde fue acusado Héctor Ramón Antón, encontrando Servent en su veredicto, que se encontraba acreditado el hecho ocurrido el 29 de abril de 2014, cerca de las 12.15, en la intersección de Moreno y Cutillo de Trelew, cuando la víctima circulaba con su mujer y dos hijos menores hacia su lugar de trabajo, siendo bloqueado el paso por una manifestación. Detrás de él transitaba el imputado en una camioneta Ford Ranger, generándose un altercado, que culmina con las amenazas portando un arma de guerra, mencionando que se trataba de un policía retirado y que el agredido se las iba a tener que aguantar.
Luego de la resolución de la magistrada, quien manifestó haber tenido en cuenta los elementos testimoniales y de prueba presentados durante el juicio por el fiscal Sergio Ferrín, se llevó adelante la cesura de pena, donde la Fiscalía expuso sobre los atenuantes que cabían al imputado al no tener antecedentes penales ni causas existentes con la ley penal, teniendo en cuenta su edad y por lo cual pidió una condena de dos años y cuatro meses de prisión, la cual no sería de cumplimiento efectivo, pero que “permitiría sentar el antecedente respectivo que permitiría la no autorización para portar cualquier tipo de armas en el futuro”.
Sin embargo, en una iniciativa que el propio defensor Fabián Gabalachis expresó como solución atípica, esta parte solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, previsto en el artículo 76 bis del código procesal penal, que habitualmente se utiliza en ocasiones previas a la realización de un debate, contándose principalmente con la aceptación para esa aplicación de la parte acusadora y de la propia víctima. Para fundamentar esta posición, el abogado particular expuso sobre doctrina escrita al respecto y mencionó algún antecedente.
El fiscal Sergio Ferrín se opuso terminantemente a este pedido, indicando lo extemporáneo del mismo, habiéndose llevado adelante un juicio oral y existiendo ya un veredicto del mismo, por lo que no resulta razonable hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba.
Manifestó que no prestaba su consentimiento para tal fin, y en caso que la jueza lo decidiera, pidió se consulte también a la víctima, indicó un parte de prensa de la Fiscalía de Trelew.
De acuerdo a las manifestaciones de las partes, la doctora Servent dispuso luego de un cuarto intermedio convocar a la víctima y establecer que la defensa ofrezca en el marco de la suspensión de juicio una reparación, aludiendo a un antecedente fijado en el caso Bustos-Castagnoli, llevado adelante en Trelew, lo que hacía la pretensión defensiva como viable.
En una posterior audiencia, el defensor ofreció una reparación de cinco mil pesos en doce cuotas y las disculpas por lo sucedido, pero la víctima se negó a la aceptación, manifestando que lo padecido en la ocasión fue emocionalmente muy fuerte y aún hoy su familia sufre las consecuencias, instando a que se fije una pena. El fiscal Ferrín insistió en que quede claro su no consentimiento, afirmando que luego de haber sido dictada una sentencia, se pretende resolver un incidente mínimo de tránsito con un arma de guerra.
La jueza Servent decidió tomar el plazo de tres días para dar a conocer su resolución final y otorgó finalmente la solicitud de suspensión de juicio a prueba, acordando con la pretensión defensiva, sin el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y la víctima, exigiendo se produzca la reparación ofrecida e imponiendo requisitos a quien fue acusado, como por ejemplo la prohibición de acercamiento a las víctimas.